Disfunción policial

Egidio instala el consejo de seguridad pública
Ahí se involucran los tres niveles de Gobierno
¿Por qué no existe comunión policía-pueblo?
EU desestima la lucha contra la delincuencia
El gobernador Egidio Torre Cantú instaló (ayer) el nuevo Consejo Estatal de Seguridad Pública y tomó la protesta a sus integrantes –43 alcaldes y autoridades estatales y federales en la materia, así como de las Fuerzas Armadas de México--, convocándolos a aportar su mejor esfuerzo, pues la sociedad tamaulipeca confía en las instituciones, “pero también exige coordinación y respuestas”, dijo.
 
Y esa voluntad mostrada para unificar criterios en la búsqueda de la seguridad pública, precisamente, me lleva a referir que un problema que por décadas han enfrentado los elementos policíacos, es su disfunción para adaptarse al contexto social donde se desenvuelven.
Por eso la convivencia entre ellos y la sociedad civil harto se ha deteriorado.
 
A grado tal que muchos “representantes de la ley” siguen actuando al margen de ésta --con prepotencia, resentimiento y hasta abusos--, lo que anima la animadversión en su contra, el recelo y la desconfianza.
 
Este cuadro ha sido analizado por sociólogos, psicólogos, psiquiatras e incluso por todo tipo de especialistas del comportamiento humano, quienes coinciden en que el divorcio policías-sociedad es un problema de educación y valores, cuya reconciliación sólo podría recobrarse con el cambio de actitud de quienes se encargan de prevenir, procurar y administrar la justicia.
 
Para que esto fuese posible, surge la necesidad de erradicar vicios tan arraigados en las corporaciones como son la corrupción, el consumo de enervantes, los rencores hacia el semejante, la inconformidad por los salarios y viáticos, la improvisación en los cuadros de mando y una capacitación real y efectiva, donde el policía entienda que su quehacer prioritario es servir a la sociedad, no servirse de ella, por convicción y nunca por ser el único medio ocupacional a su alcance.
 
Descalificación federal
 
Los aduladores del señor de Los Pinos que acá radican son tan torpes que nuevamente recurren a la descalificación de funcionarios e instituciones estatales, pues así pretenden atenuar el fracaso del Gobierno Federal en la lucha contra la delincuencia organizada.
 
Para ellos cuanta violencia registra la frontera de Tamaulipas con la Unión Americana obedece a una mala estrategia de quienes forman parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuando es claro que el clima de terror se da, precisamente, por la presencia de distintos grupos de hampones que se disputan el control de la zona ante la incapacidad de las corporaciones federales para perseguirlos, siendo que es de suyo responsabilidad atender lo relacionado con el narcotráfico, contrabando, tráfico de indocumentados, secuestros y todo lo que sean delitos federales.
 
Basta analizar las estadísticas para confirmar el fracaso de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta empresa, que, de manera irresponsable, los panegiristas domésticos de Felipe Calderón Hinojosa tratan de disfrazar culpando a quienes constitucionalmente sólo tienen atribuciones para prevenir y perseguir ilícitos del orden común y nunca los federales, porque entonces sí estarían quebrantando la ley.
 
De ahí que las declaraciones vertidas por un diputado local (que quizá ignore lo que establece nuestra Carta Magna en este sentido) y un locuaz representante de la iniciativa privada (que mucho se avergüenza de él), sean consideradas tan imprudentes como parte del juego sucio que el Partido Acción Nacional (PAN) les ha ordenado poner en práctica para descalificar al adversario.
 
En consecuencia, lo que ahora escupen hacia arriba ambos nazis de guarache podría caerles en pleno rostro.
 
Y más cuando hablan de atribuciones sin saber qué dice la legislación al respecto.
 
¿Acaso nunca han consultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
 
Ahí claramente se establece la responsabilidad de todas y cada una de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
 
Imagen negativa
 
Por otra parte, la imagen que con toda “mala leche” se ha difundido de Tamaulipas a nivel nacional y en el ámbito internacional –tanto por el Departamento de Estado (norteamericano) y las universidades de Texas y Arizona--, poco importó a los “spring break” que llegaron a vacacionar de este lado de la frontera.
 
 Dicho exhorto no tuvo el impacto esperado, aun cuando se difundió a través de internet y se enviaron boletines personalizados a la comunidad estudiantil, por lo que ahora son legisladores yanquis los que arremeten contra México, aduciendo preocupación porque la narcoguerra podría expandirse y cruzar la frontera.
 
Esa postura que pretendió disuadir a los jóvenes estadounidenses para que cambiaran los destinos que acostumbran previo al inicio de la Primavera, nada de extraño tendría si se tratara de pronunciamientos aislados –total, ya estamos habituados a la agresión yanqui--, pero cuando su actitud va entrelazada con otras manifestaciones de carácter oficial, por cuestiones lógicas se deduce que igual forman parte de una estrategia intervencionista por parte del Tío Sam.
 
Sobre todo cuando un almirante yanqui ofreció que el ejército de su país estaba listo para ayudar a México a combatir a los cárteles con algunas de las mismas tácticas de contra-insurgencia usadas en Irak y Afganistán.
 
Esto demuestra claramente que existe un proyecto intervencionista por parte de la Unión Americana, pues de otra forma no serían tantas las voces que se atrevieran a descalificar a México en su lucha contra la delincuencia organizada.
 
¿Miento? No, no lo creo, pues hasta Felipe Calderón Hinojosa descarta totalmente el ofrecimiento, ya que como él todos advertimos claramente un interés intervencionista.
 
Origen del problema
 
La arrogancia con la cual Estados Unidos pretende calificar la actuación de México en la lucha contra la delincuencia organizada, merece el rechazo y la desaprobación unánime de nuestro pueblo y las autoridades gubernamentales y legislativas, cuando menos, porque el tráfico de drogas encuentra su origen precisamente en la enorme demanda de estupefacientes que cotidianamente reclaman los viciosos allende el Río Bravo.
 
Sin embargo el costo social y las consecuencias de la “ley del narcomercado” y su solución, el Tío Sam pretende endosarlos a nuestro país, que hoy injustamente sufre problemas en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio.
 
¿Y qué ha hecho al respecto el Gobierno Federal?
 
México, el trampolín
 
Sobre el mismo tema, es necesario aclarar que la frontera norte de México está convertida en el principal trampolín para el paso de enervantes a la Unión Americana, cierto, y que las mafias internacionales día tras día se disputan violentamente las rutas que conducen al cada vez más exigente mercado yanqui.
 
Distintos hechos hacen creer, según la opinión del investigador francés Alan Labrousse –aceptada por fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR)--, que los narcotraficantes actualmente asentados en Taiwán iniciaron ya acciones para eliminar a los competidores nativos del norte de México y controlar ellos el paso de estupefacientes a los Estados Unidos.
 
También se dice que una investigación a fondo acerca del grupo de más de 300 chinos que operan en Mexicali, Baja California, podría aportar elementos para pensar en una incipiente red de distribución oriental, que desde la caída de los grandes capos latinoamericanos se ha posesionado del mercado, hasta el grado de que los viciosos estadounidenses prefieren las mercancías de ésta a las ofrecidas por otras mafias.
 
Em@il:
jusam_gg@hotmail.com golpeagolpe@prodigy.net.mx