Desgaste pre sucesorio

Contienda sexenal se estimula desde Los Pinos
Y lo adelantado del proceso ¡no es cosa fortuita!
Con tanta ‘grilla’ la gobernabilidad está en riesgo
El alcalde de Río Bravo reconoce labor de Egidio
En medio de un clima de incertidumbre, los diversos actores políticos que operan en el ámbito nacional ponen en práctica sus estrategias para no ser marginados de lo que se ha dado en llamar la sucesión adelantada, que hoy (igual que en 1999 y el 2005) se distingue por la confrontación y el desgaste permanentes.
 
Esta realidad que impacta de manera directa la tranquilidad y paz social e inhibe el desarrollo del país, es animada por los principales partidos políticos y grupos de interés que existen en México.
 
Incluso desde las altas esferas de la administración pública, incluida la Presidencia de la República.
 
Y es que con la llegada de la ultraderecha al poder --en el 2000--, entramos a una situación inédita en cuanto al proceso sucesorio, que no sólo se adelantó en el ocaso del siglo XX (y repitió seis años más tarde), sino que se salió del control de quienes debían conducirlo, generando así profundas contradicciones que se salieron de la normalidad.
 
Igualito que en el presente.
 
En el pasado, el sistema federal determinó de manera precisa el procedimiento a seguir cuando tenía lugar el cambio de autoridad, al nivel más alto, en su estructura de gobierno.
 
De esta forma, al institucionalizarse el poder en el México posrevolucionario, con la creación de un partido político de amplia representatividad social que se encargó de implementar las reglas del juego de la participación política, el problema de la sucesión presidencial fue algo que estuvo bajo control.
 
En lo formal los sectores, frentes y movimientos de masas del llamado partido oficial eran los que “destapaban” a quien con toda certeza sería el nuevo jefe del Ejecutivo Federal.
 
Pero en realidad, el mandatario saliente era el responsable de elegir a su sucesor.
 
El juego consistía en considerar varias alternativas y sopesar en el ánimo de los grupos de interés, aunque de antemano el jefe de las instituciones de la República ya tuviera bajo su protectorado al elegido.
 
Todos sabían que “el gran elector”, en el proceso de cambio de estafeta a nivel Presidencia de la República, las gubernaturas y hasta algunas diputaciones y senadurías, correspondía al titular del Ejecutivo Federal.
 
Su poder resultaba incuestionable y aquellos que osaban contradecirlo simplemente pagaban las consecuencias con el anonimato y la marginación, en el mejor de los casos.
 
Así operó el sistema político mexicano durante décadas, hasta que en la época de la sucesión del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari –allá en los albores de 1994--, los procedimientos se complicaron y los mecanismos de control y transferencia pacífica de los mandos del poder empezaron a crujir, a grado tal que la misma nomenclatura cobró una víctima más en la humanidad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado en plena campaña en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California.
 
De ahí en adelante inició la debacle de la institución presidencial y su  derecho, no escrito, de imponer al relevo.
 
La última maniobra la hizo el propio Salinas para meter de emergente a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a la postre se encargaría de sepultar el esquema sucesorio priísta, pese a que hizo el intento al término de su gestión.
 
Sin embargo la decisión se topó con una revuelta ciudadana que sepultó, al menos coyunturalmente, una tradición autoritaria, engendrada en el seno del sistema político mexicano.
 
Costumbre en desuso
 
Con el triunfo de la oposición panista en julio del 2000, cuando llegó Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República, el recetario de formas y entendidos en la manera de hacer política en el país necesariamente cayó en desuso.
 
México empezó a ser otro, en tanto que la población otorgó, de manera sabia, el poder en forma equilibrada.
 
Si bien el Gobierno Federal quedó en manos de un distinguido miembro de la derecha, el Congreso de la Unión (cámaras de Diputados y Senadores) alcanzó una notable pluralidad, en tanto que sólo podía avanzar las reformas y acuerdos si se tomaba en cuenta a las nuevas vertientes opositoras, que, juntas, alcanzaban mayoría y garantizaban así el equilibrio de fuerzas, como se constata en los análisis serios elaborados al respecto.
 
Por si fuera poco, el discurso del nuevo Gobierno Federal propendió hacía la profundización de la democracia y la transparencia de los procesos electorales, que era una tendencia impulsada por fuertes movimientos ciudadanos a través de los años, lo que incluso cobró cientos de vidas.
 
Al paso del tiempo, la nueva administración tuvo que salir de su euforia transformadora, al constatar que los grupos de interés y la clase política tradicional seguían imponiendo sus reglas y, a cada paso, dejaba constancia de su enorme poder.
 
También la crítica señala que el Presidente encontró en dichas inercias un excelente filón propagandístico que le permitió argumentar a su favor por el incumplimiento de una serie de promesas que hiciera a la ciudadanía.
 
Como sea, el caso es que ya sin “reglas de juego” --en cuanto a la sucesión presidencial, merced a la situación inédita de la alternancia--, analistas, académicos y personajes de la política coincidieron en señalar que el proceso que en el pasado iniciaba a la mitad de un mandato, comenzó con la misma llegada de Fox a la residencia oficial de Los Pinos.
 
Lo mismo ha ocurrido en el régimen de Felipe Calderón Hinojosa.
 
Gobernabilidad es riesgo
 
Hoy la sucesión adelantada está en todo su apogeo. Y más porque el propio señor de Los Pinos se encargó de animar la polémica de manera pública antes de cumplirse el tercer año de su ejercicio constitucional, al permitir que el tema se abordará no sólo en lo oscurito, sino en cualquier mentidero político.
 
Así, de cara a sus propios y más cercanos colaboradores en la administración pública, gobernadores y legisladores de extracción albiceleste, dio el banderazo al hándicap interpartidista, asegurando que el Partido Acción Nacional (PAN) conservaría esa posición en el 2012.
 
Nadie dudó, desde entonces, que fuera un “destape adelantado” a favor de la ultraderecha; y que al respecto no había reglas a seguir de manera unánime, ya que su desplante no era (ni es compartido) por los partidos políticos ni por los amplios segmentos de la población.
 
En ese sentido, las expectativas que se abrieron al llegar Felipe a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal quedaron truncadas, en tanto que justamente él y su equipo se han encargado de manosear y contaminar el tema.
 
Más aún: debido a su inexperiencia o mala fe, Calderón Hinojosa y los suyos siguen poniendo en riesgo la gobernabilidad del país –como en su oportunidad lo hiciera Fox Quesada--,que hoy se debate en medio de la turbulencia política en tanto los grandes problemas nacionales se relegan a un segundo plano ante el desencanto de millones de compatriotas.
 
Se hace camino al andar
 
*** La sana relación política entre el gobernador Egidio Torre Cantú (PRI) y el presidente municipal de Río Bravo, Juan Diego Guajardo Anzaldúa (PAN), confirma que con voluntad se pueden alcanzar acuerdos para el beneficio colectivo sin que la ideología ni los colores tengan nada qué ver.
 
*** Por eso en la víspera, cuando el mandatario encabezó los festejos de la XXXV edición del Día del Turista en Nuevo Progreso, el alcalde hizo un reconocimiento a su labor, por el respaldo que de él ha tenido y su visión para impulsar con apoyos concretos las actividades turísticas y comerciales que permitan reactivar la economía de la zona.
 
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