Xenofobia yanqui

Los índices de drogadicción en la Unión Americana se han incrementado tanto, que las autoridades de aquel país no atinan cómo justificar su fracaso ante el problema que resulta tan complejo como delicado.

Por eso el gobierno estadounidense otra vez pretende imponer en México sus propias reglas, en cuanto al combate a la delincuencia organizada se refiere.

Pero en esta ocasión el señor de Los Pinos está obligado a no caer en el garlito y dejar en claro que esa lucha, aquí en nuestro país, va en serio, aun sin la tutelaje de la Drug Enforcement Administration (DEA), que desde hace décadas presiona para que sus agentes anden armados a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

Los acontecimientos ocurridos en las 32 entidades de la República Mexicana en los cuatro años más recientes, donde el Ejército sustituye los operativos que por ley toca ejecutarlos a la Procuraduría General de la República (PGR), demuestran que para hacer frente a los transgresores se opera en serio, puesto que los militares no han llevado en sus filas a ningún agente antidrogas de los Estados Unidos cuando se enfrentan al hampa.

Quizá por ello el Tío Sam insista en:

1) La extradición de capos, porque sólo así, han dicho, se lograría el desmantelamiento de los cárteles;

2) Que se permita a los agentes encubiertos de la DEA andar armados en todo el territorio nacional;

3) Ser la Unión Americana quien defina las directrices para el fortalecimiento de la lucha bilateral contra el narcotráfico; y

4) Que mensualmente la PGR rinda un informe a la DEA sobre el avance de sus pesquisas, que de ningún modo realiza en tiempo y forma y menos con eficacia la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Intromisión extranjera

Usted seguramente ya habrá notado que en las últimas fechas el gobierno estadounidense y sus legisladores han presionado al Gobierno Mexicano con el cuento de la certificación, que, en el fondo, sólo contempla beneficiar a la Drug Enforcement Administration.
Así:

a) Logrando el beneplácito del régimen calderonista para duplicar su número de agentes que operan a lo largo y ancho del país; y

b) Hacer que sus agentes encubiertos porten armas y se muevan con toda impunidad en nuestra tierra, sin que los acompañe ningún efectivo de la AFI.

Por ello ofrezco un recuento de presencia de la DEA en nuestro país:

+ Actualmente operan 227 efectivos, pero encubiertos, distribuidos en Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal, Yucatán y Michoacán;

+ Les está permitido el desarrollo e intercambio de información, apoyo técnico y capacitación;

+ Oficialmente su estadía es temporal, pues se les otorga visa por 18 meses y tienen opción a la prórroga;

+ Se les privilegia con impunidad diplomática; y

+ Sólo tienen las siguientes limitaciones:

 1) la Embajada de Estados Unidos en México está obligada a emitir un informe mensual sobre las actividades de la DEA, que debe entregarse al Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE);

2) no pueden portar armas en territorio nacional; y

3) en sus actividades siempre deben estar acompañados de un efectivo de la AFI.

No obstante, la DEA tiene como objetivos lograr inmunidad para que sus agentes operen en todo el territorio nacional sin la necesidad de un acompañante; la portación de armas de fuego de todos los calibres; duplicar el número de sus elementos en México; permiso para aprehender delincuentes en nuestras tierras; y el acceso a los archivos de la AFI, la UEDO, la Policía Federal Preventiva (PFP) y de otras corporaciones policíacas.

De cualquier forma con y sin permiso la Unión Americana invade nuestros espacios, como ya quedó demostrado con el espionaje aéreo.

Respuesta tibia

Hasta hoy, las más altas autoridades del Gobierno Federal no han respondido con firmeza a los “emperadores” gringos, en su advertencia que hacen a sus jóvenes para que se abstengan de viajar a México por los altos índices de inseguridad.

En este mismo espacio ya le he comentado que los gringos son los principales consumidores de drogas en todo el mundo –es decir, los más viciosos, según estadísticas serias--, y que su misma afición por los narcóticos provoca la cruenta lucha entre los cárteles de la droga que se disputan el voraz mercado estadounidense.

Por si fuera poco, las universidades de Texas y Arizona también hacen mal en advertir a sus estudiantes que no visiten Tamaulipas porque, según ellos, la entidad no garantiza seguridad pública.

Todas esas declaraciones me parecen producto de la xenofobia, pues la disputa armada entre mafiosos por el control del mercado gringo es, precisamente, consecuencia de la reprobable adicción de los ciudadanos norteamericanos.

En México la prudencia es un distingo de la autoridad gubernamental, castrense y de la sociedad civil, pues aquí nadie recomienda a nuestros paisanos no ir a Estados Unidos, donde se tiene la costumbre de consumir drogas, matar por placer, invadir pueblos en acciones genocidas y financiar grupos terroristas.

¿Estamos?

Se hace camino al andar

El gobernador Egidio Torre Cantú sostuvo ayer un encuentro con el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien con lujo de detalles le ofreció una amplia explicación acerca de la iniciativa en materia fiscal que prepara en su búsqueda de modernizar la hacienda del país, pero a través del Congreso de la Unión en pleno.

Uno de los puntos más sobresalientes del documento –y de más impacto para quienes lo han visto--, es la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) –del 16 al 13 por ciento--, que dígase lo que se diga por el sólo hecho de ser planteado, al sonorense le acarrea simpatías en su proyecto político inmediato.

La afluencia turística que se espera en la entidad con motivo de la Semana Mayor, podría ser mínima ante los embates delincuenciales que se registran cotidianamente.

Eso aunado a la escasa promoción que se hace de los atractivos naturales de Tamaulipas (que son muchos), y por falta de infraestructura para atender a los paseantes que suelen vacacionar en esas fechas.

De ahí que revista especial interés la propuesta del diputado Óscar Almaraz Smer –presidente de la Comisión de Turismo--, para que se revise y adecúe a nuestros tiempos la ley en la materia, que data de 1993 –o sea, de hace 18 años--, como parte del compromiso asumido por el Gobierno local durante la firma del Acuerdo Nacional de Turismo, que tiene como principal objetivo convertir a México en uno de los cinco destinos preferidos por el turismo hemisférico, gracias a sus atractivos naturales y la hospitalidad de nuestro pueblo.

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