Calderón ante Obama

Estamos a siete días de que Barack Hussein Obama II, el presidente de la Unión Americana, reciba en Washington a Felipe Calderón Hinojosa, para intercambiar información acerca de la lucha contra la delincuencia organizada que ambos magnifican (mediáticamente) allende el río Bravo y acá de este lado, respectivamente.

Y son esos siete días tiempo más que suficiente para que el señor de Los Pinos adquiera la información necesaria con qué reclamar a su homólogo de la Casa Blanca el origen real del problema.

O sea, la demanda de estupefacientes por parte de la juventud que puebla los 50 estados en que se divide el país gobernado por el natural de Honolulu (la capital de Hawái).

Esto bien lo sabe (pero nunca lo ha externado públicamente) quien se autonombra “El hijo desobediente” –nacido en Morelia (Michoacán), México--, por exagerar en su trato diplomático hacia el exterior y acusar (sin probarlo fehacientemente) a los gobernadores y alcaldes de su país de eludir el tema, cuando por ley es obligación suya combatir toda acción ilícita del orden federal (a través de las fuerzas armadas y/o la instancia encargada de perseguir a los transgresores).

Al menos es lo advierte nuestra Carta Magna.

De ahí que el encuentro publicitado por los colaboradores de Barack y Felipe atrape la atención –sobre todo cuando los mexicanos hemos ya perdido toda la capacidad de asombro ante los sucesos cruentos que se registran cotidianamente en la geografía nacional--, pues si ellos dos, en su calidad de jefes de Estado, realmente quisieran aniquilar el problema, bastaría con endurecer las leyes para castigar (en Estados Unidos) el consumo de enervantes y más estrictamente el tráfico de armas.

Acá de este lado, el Gobierno Federal debiera atender eficazmente el  problema de la desigualdad social, pues probado y comprobado está que los grupos delictivos se engrosan con jóvenes desamparados tanto familiarmente como en competitividad en su entorno, por lo que resulta para ellos más fácilmente obtener recursos para  alimentarse, comprar estimulantes (o robarlos, según sea el caso), sin que la vida nada les importe.

Al fin y al cabo, dicen, “es mejor morir a balazos que sufrir golpes y padecer hambre en casa”.

De ahí que insista: el problema delincuencial que en todo México se vive, no obedece a situaciones políticas, sino a la falta de identidad de nuestros jóvenes-hermanos y a la falta de oportunidades laborales.

En fin, el martes próximo (uno de marzo) el señor de Los Pinos, por mero trámite, habrá de solicitar permiso (al Senado de la República) para viajar al país vecino del norte a charlar con su homólogo de la Casa Blanca.

Oferta a desempleados

El atractivo salario de 19 mil pesos mensuales –más seguro de vida, becas para capacitación y apoyos que incidan en la economía familiar--, que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ofrece por causar alta en la Policía Estatal Investigadora (PEI), resulta poco atractivo pa’ los miles de desempleados (con estudios de educación media superior y superior) que hay en toda la geografía tamaulipeca, ya que se registraron apenas 150 solicitudes y de esa cantidad sólo 48 aspirantes lograron aprobar el examen de conocimiento para asistir en marzo próximo al curso que ofrecerá el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional, a cargo de Rafael Díez Piñeyro.

De ahí que el funcionario se duela (y con justa razón) del desinterés ciudadano para trabajar como policías investigadores.

Sobre todo por saber que en Tamaulipas se requiere al menos de 300 efectivos más para atender las necesidades de operatividad, a fin de que la población pudiera ver cumplidas sus demandas, ya que de los 900 elementos que debieran estar trabajando sólo se cuenta con 680 agentes en la Policía Ministerial.

De cualquier forma Díez Piñeyro no quista el dedo del renglón para cumplir cabalmente su encomienda, y por eso dice que durante el 2011 se llevarán a cabo tres cursos más, a fin de reclutar a los 120 agentes que se requieren para integrar la Policía Estatal Investigadora.

Respuesta inmediata

Heriberto Félix Guerra se muestra como uno de los funcionarios más sensibles del Gobierno Federal, pues apenas surgió el escándalo por la sospecha de que Lucía Irene Alzaga Madaria incurrió en actos ilícitos como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), giró la instrucción al Órgano Interno de Control iniciar una auditoría.

Un comunicado de prensa así lo confirma.

Y en éste, el secretario federal revalida su compromiso de velar por la transparencia y la legalidad, así como con la política de cero tolerancias respecto a actos de corrupción en los que pudieran verse involucrados funcionarios de esa institución.

O sea, no pasa por alto lo que ocurre con Lucía Irene, quien ha dicho que tras limpiar su nombre simplemente se irá del cargo.

Como fuere, Félix Guerra enseña claramente olfato político.
 
Más sobre la Sedesol

La administración de los recursos económicos federales, según advierte nuestra Constitución Política, es atribución exclusiva del Presidente y no existe forma, al menos hasta ahora, de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.

Por eso hay colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa que rehúsan compartir con los gobernadores de extracción priísta la asignación del gasto social (aprobado en tiempo y forma por el Congreso de la Unión), a fin de evitar que éste se realice equitativamente y ser ellos quienes sigan ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre) en beneficio de las entidades que regentean militantes albicelestes.

Dicho en otras palabras, en una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, hay funcionarios de la Sedesol, bajo el mandato de Heriberto Félix Guerra, que amparan su proceder exclusivista y excluyente (del manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.

Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico a fin de que los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.

Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente.

En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis.

Actitud retrógrada

Convencido de que la aplicación de los recursos federales en cuanto al rubro social hasta hoy resulta errónea, el gobernador Egidio Torre Cantú ha dicho que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido, trabajan en una iniciativa para reglamentar que los estados y municipios definan las reglas de operación de esos dineros y así evitar el centralismo de éstos.

También ha reconocido que las reglas actuales de operación de dependencias como la Sedesol han marginado a Tamaulipas (en la aplicación de esos recursos), a pesar de los altos impuestos que aquí se pagan y se envían a la Federación para su manejo discrecional.
El desplante del mandatario tamaulipeco (por donde quiera vérsele) conlleva la peculiaridad de ir a rescate de quienes menos tienen y más lo necesitan, para éstos poder acceder a la competencia globalizada.

Se hace camino al andar

El alcalde Miguel González Salum está invitado para acompañar este día al gobernador Egidio Torre Cantú --en la oficina del mandatario--, a la reunión con empresarios Delphi; y por la tarde preside la ceremonia de graduación de la LXIV generación del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

Alonso Sánchez Garza estará en Ciudad Victoria este fin de semana –concretamente en Palacio de Gobierno--, para presentarle al mandatario estatal sus propuestas que de mucho podrían contribuir al diseño del Programa Estatal de Desarrollo para el ejercicio constitucional 2011-2016.

El rompimiento de Andrés Manuel López Obrador con Jesús Ortega, derivado de la alianza que el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretende concretar con el membrete albiceleste en el proceso electoral del Estado de México, anima a la clase política del Sol Azteca a llamar a la unidad, por lo que advierto que la tan cacareada coalición finalmente habrá de abortarse.

Eso, por un lado, significaría que el mentado “Peje” no es ya la mejor opción para la llamada izquierda, sino un problema; y por otro que a falta de liderazgos el PRD se sometería al capricho del tabasqueño, acrecentando nuevamente su figura política.

¡Bah! Lo cierto es que con tanto arguende igual se complica el panorama para todos los aspirantes a la Presidencia de la República.

Em@il:
jusam_gg@hotmail.com
golpeagolpe@prodigy.net.mx