Recursos centralizados

La administración de los recursos económicos federales, según advierte nuestra Constitución Política, es atribución exclusiva del Presidente y no existe forma, al menos hasta ahora, de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.

Por eso hay colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa que rehúsan compartir con los gobernadores de extracción priísta la asignación del gasto social (aprobado en tiempo y forma por el Congreso de la Unión), a fin de evitar que éste se realice equitativamente y ser ellos quienes sigan ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre) en beneficio de las entidades que regentean militantes albicelestes.

Dicho en otras palabras, en una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna, los secretarios federales Heriberto Félix Guerra, Francisco Mayorga Castañeda y Abelardo Escobar Prieto –el primero de Desarrollo Social (Sedesol), el otro de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y el tercero de la Reforma Agraria (SRA)--, amparan su proceder exclusivista y excluyente (del manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.

Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco jurídico a fin de que los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.

Sobre todo en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues Félix Guerra, Mayorga Castañeda y Escobar Prieto, fieles a su doctrina derechista dan en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.

En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis.

Actitud retrógrada

Convencido de que la aplicación de los recursos federales en cuanto al rubro social hasta hoy resulta errónea, el gobernador Egidio Torre Cantú ha dicho que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido, trabajan en una iniciativa para reglamentar que los estados y municipios definan las reglas de operación de esos dineros y así evitar el centralismo de éstos.

También ha reconocido que las reglas actuales de operación de dependencias como la Sedesol y la Sagarpa han marginado a Tamaulipas (en la aplicación de esos recursos), a pesar de los altos impuestos que aquí se pagan y se envían a la Federación para su manejo discrecional.

El desplante del mandatario tamaulipeco (por donde quiera vérsele) conlleva la peculiaridad de ir a rescate de quienes menos tienen y más lo necesitan para éstos poder acceder a la competencia globalizada.

Campo en crisis

Por lo anteriormente expuesto, me parece una ruindad que el Gobierno Federal considere que la grave crisis que enfrenta el campo podría aliviarse echándole la culpa a los propios campesinos, cuando ésta fue alentada en las entrañas mismas de la Federación al otorgar todas las facilidades a los productores extranjeros como se contempla en el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.

En primera hace falta dejar de lado la crítica malsana –como lo acostumbran Félix Guerra, Mayorga Castañeda y Escobar Prieto--, y no perder el tiempo buscando culpables de este deplorable fenómeno provocado por el mismo Gobierno Federal, para dar paso al análisis que permita encontrar soluciones tangibles que contribuyan a recuperar (la mayor) parte de lo perdido y revisar los términos del acuerdo comercial que ponen en desventaja a los agricultores de este lado del río Bravo.

Pero esto sólo se lograría habiendo voluntad política; cuando el interés por sus semejantes rebase los intereses personales, de grupo o de partido, y se esté convencido de que sólo beneficiando a los que menos tienen es la mejor manera de avanzar juntos para enfrentar la globalización que amenaza con aniquilar el campo mexicano, como bien lo advierten especialistas.

Por cierto, durante los últimos días una y otra vez se han escuchado voces que invitan a defender los intereses del sector agropecuario.

Pero son pocas las que plantean cómo y cuándo hacerlo, sin que se piense que sus emisores lo hacen única y exclusivamente para llamar la atención, buscar los reflectores (igualito que en Tamaulipas lo hace Jorge Alberto Reyes Moreno) o simple y llanamente por mera demagogia, como podrían ser los casos de los dirigentes partidistas –de todos los partidos políticos, sin excepción--, que nada coherente plantean al respecto y sí, por el contrario, coinciden en señalar que el campo mexicano no puede esperar más.

No sólo porque ya se ha esperado demasiado, casi un siglo, sino porque el TLC, en lo que respecta a la agricultura, ha activado una verdadera bomba de tiempo.

Reactivación del campo:

Algunos estudios en la materia sugieren que fuera de criticar el daño que durante décadas se le ha hecho al campo, se adopten medidas que contribuyan a su recuperación, como una política hemisférica en pro de la seguridad alimenticia de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para enfrentar los nuevos tiempos.

Incluso han ido más allá, al sugerir que lejos de sumirnos en lamentos por las políticas neoliberales, es necesario hacer planteamientos inteligentes para resolver del todo la situación del agro.

Esto ante la embestida del tratado, por un lado, y, por otro, merced a la preocupación generada por la ley agrícola de la Unión Americana, que otorga un subsidio directo de 18 mil millones de dólares anuales a los agricultores de los Estados Unidos, mientras el presupuesto nacional apenas alcanza los 2 mil millones de dólares en el mismo lapso, incluidos el Procampo y los otros programas.

Pero aquí, en Tamaulipas, éste es un asunto que parece no interesarle al actual titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

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