Gobernadores agredidos

Mal se ve el Presidente Constitucional de México, otra vez, al írsele a la yugular a los mandatarios estatales y alcaldes --supongo que todos, ya que evitó dar nombres--, pues presume que los unos y los otros eluden la lucha contra el crimen organizado.

Incluso exhibe marcada ironía en su conjetura: “Creen que es muy fácil tirarle la bolita al Gobierno de la República”, dijo en una entrevista (exclusiva) que concedió al periodista Roberto Rock, de El Universal.

Y fue más allá, al asegurar que la falta de resultados no se puede imputar al que convoca, sino al que no responde.

Por si fuera poco, el señor de Los Pinos dice que él nunca decidió que la tarea principal de su régimen fuera el tema de la (in)seguridad, pero ya en el ejercicio del poder ha sido (y es) la más destacada, la más visible, la más evidente, la más impactante.

Recuerda que en 2004, en actos de proselitismo político, en Sinaloa y Tamaulipas alertó sobre el particular, asegurando en ésta entidad que si no había un Gobierno que se hiciera responsable de la tarea elemental de la seguridad de los tamaulipecos, en el futuro quien iba a gobernar no sería ni el PAN ni el PRI, sino “los otros”.

Entonces, ¿ya como Presidente por qué nada ha hecho al respecto?

¿Acaso su omisión no exhibe tolerancia?

¡Claro que sí!, pues si Felipe fuera congruente entre su decir y hacer ya hubiere actuado en consecuencia –y más por saber, desde hace casi un lustro, lo que en Tamaulipas iba a ocurrir durante su mandato--, pero dejó correr el tiempo aun y cuando la información confidencial recibida le alertaba cotidianamente sobre el problema.

Poco habló del caso Michoacán, su tierra natal, donde el ejercicio político si ha estado coaligado con grupos delictivos –ahí está el caso del diputado Julio César Godoy Toscano, pero a cambio se hizo la víctima al dolerse de que en el combate a la delincuencia organizada lo hemos dejado solo.

En fin, una cosa es lo que Calderón Hinojosa diga y otra es la realidad.

Pero no se vale que tratando él de curarse en salud endose el problema –suyo desde el punto de vista de las atribuciones que a cada autoridad le confiera la Constitución Política de México--, a los gobernadores y alcaldes, quien ninguna autoridad tienen sobre las fuerzas federales encargadas de combatir la delincuencia organizada.

Sí hay participación

En reiteradas ocasiones el gobernador Egidio Torre Cantú ha insistido en la necesidad de formar un frente común contra la delincuencia, por ser éste la mejor alternativa para fortalecer el pacto federal cuyo sustento es la cohesión de todo el pueblo mexicano.

Sobre todo ahora, cuando el espectro de la inseguridad atenta contra la paz, lastima y ofende a la sociedad y amenaza con vulnerar el Estado de Derecho.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa ha llamado a la unidad nacional una y otra vez.

Y a esa convocatoria Tamaulipas ha respondido con acciones concretas.

Ahí está el cumplimiento anticipado de los siete compromisos signados por los tres órdenes de Gobierno en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad.

Incluso la administración de Egidio aporta otros elementos para encarar la delincuencia, reforzar la eficacia de las corporaciones policiales y fortalecer la prevención del delito, pues aquí se entiende que en materia de seguridad y justicia no se puede fallar ni postergar soluciones.

A ello obedece que Tamaulipas hoy aparezca con una clasificación media en la variable de incidencia delictiva y violencia, según la medición más reciente del Centro de Investigación para el Desarrollo.

Lamentablemente el señor de Los Pinos, otra vez, se fue de la boca.

Esfuerzo de todos.

El trabajo contra la delincuencia debe ser permanente para alcanzar los indicadores adecuados que garanticen la tranquilidad, la armonía y la seguridad, pues sólo así Tamaulipas seguirá avanzando en el propósito de ser la entidad más competitiva del país.

Por tanto, este esfuerzo debe redoblarse en todas las regiones y encararse con firmeza también desde los municipios, pues es ahí, precisamente, donde se tiene que revertir el desafío para prevenir los actos delictivos, aun cuando éstos no toque combatirlos a la autoridad más cercana al pueblo: los ediles.

En cuanto a la contribución social, es necesario que los tres órdenes de Gobierno –sobre todo el Federal--, entiendan y atiendan un reclamo sensato, como es la denuncia anónima, pues el pueblo teme hacerla por miedo a ser involucrado en ilícitos donde nada ha tenido qué ver.

Y de eso nada dijo Felipe, cuando se presume en corto, lo oscurito y abiertamente, que las instancias federales de denuncia anónima juegan un doble juego.

Es decir, a dos amos sirven.

De ahí que comparta la apreciación de que un buen juez por su casa empieza.

Una tasación que Calderón Hinojosa no acostumbra por aún creer que el poder presidencial es omnímodo.

Reacomodo burocrático

La correcta sincronización del gabinete es necesaria para alcanzar las metas trazadas por el Gobernador; y quienes forman parte de su estructura, entre otras características, deben tener valores, creatividad y disciplina, además del conocimiento en el ejercicio público; ser leales y estar comprometidos con un mismo proyecto.

Todo integrante del gabinete está obligado a asimilar cualquier ajuste estructural y programático que se realice en aras de la unidad y el fortalecimiento del equipo; amén de agudizar su pensamiento estratégico, porque eso es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Igual tienen la responsabilidad de aportar lo más valioso de sí mismos, de manera generosa, a la tarea colectiva, a fin de que el mandatario (en un momento dado) avale y reconozca su desarrollo particular y de grupo, basado en la articulación que logren en los planes, proyectos y acciones establecidos.

Obviamente esta sincronía sólo se ha dado en contadas áreas, donde el jefe del Ejecutivo estatal cuenta con seres humanos que reconocen y hacen suyas las reglas del equipo; funcionarios que conciben al entorno como la oportunidad de sobresalir en conjunto y no como un espacio para librar batallas individuales y estériles en aras de asegurar cargos futuros en la administración pública, o, como se observa, haciendo grilla.

Se hace camino al andar

En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) un comentario va de boca en boca, en cuanto al posible nombramiento de Idalia Salazar Peña como directora del Instituto de la Mujer.

Quienes mucho saben de aguacates, dicen que la aludida fue en la carrera universitaria de psicología compañera de Dinorah Blanca Guerra Garza –actual titular de la Sedesol--, allá en Tampico, pero al concluir sus estudios no volvieron a verse.

Dicen también que Idalia en alguna ocasión buscó a Dinorah llamando telefónicamente a la Asociación de Psicología del puerto jaibo, y grande fue su sorpresa al ser informada que desde hacía seis años ella había causado baja por no ejercer su profesión.

Pero años más tarde, al enterarse de su nombramiento como titular de la Sedesol, acudió a buscarla y tras un breve encuentro hoy Idalia presume ser ya titular del Instituto de la Mujer, sin que exista nombramiento de por medio.

¿Entonces dónde quedaría la disposición gubernamental de sumar talentos y no acceder a caprichos personales?

Em@il:
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