¿Rapiña en ayuntamientos?

Tampico y Nuevo Laredo son dos casos ilustrativos
El DIF-Reynosa ya atiende a los menores sin hogar
Matamoros alcanza 128 mdp de recursos federales
Un voto de confianza para el general Román Téllez
 
Va anécdota de la picaresca popular que distingue al pueblo jaibo:
 
Días antes de concluir su período como presidente municipal de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo se dio a la tarea de desvalijar su oficina cargando con documentos oficiales, material, equipo y el “guardadito” que tenía en los bancos y en la caja chica.
 
Cuando un amigo le preguntó sobre el motivo de su conducta, éste simple y llanamente susurró:
 
“No dejo nada porque la nueva alcaldesa y los que vienen con ella no son de fiar… y podrían robarse todo”.
 
La hablilla breve pero sustanciosa va de boca en boca allá en el sur de la entidad. Y fuera de toda intriga empieza a cobrar certeza por los deslices administrativos cometidos por el personaje que hasta avioneta le compró a su hijo.
 
Lo peor del asunto es que esa “puntada” igual podría haber cobrado vigencia en otros municipios de la geografía tamaulipeca, donde ciertos personajes no sólo le tomaron cariño al cargo y a los placeres del poder, sino también al mobiliario, equipo, vehículos y dinero ajenos.
 
Incluso circulan versiones de que arrasaron con cuanto encontraron a su paso: desde computadoras e impresoras hasta archiveros; escritorios, mesas y sillas; listas de proveedores y “nóminas confidenciales”; cortinas y alfombras. Toallas no, porque quizá temieron ser descubiertos y exhibidos como en su oportunidad fue “encuerada” la pareja que habitó en la residencia oficial de Los Pinos del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006.
 
Se dice, además, que en el colmo del cinismo algunos ex alcaldes “ordeñaron” los vehículos y maquinaria oficiales, quitándoles gasolina, diesel y piezas, hasta dejarlos inservibles.
 
Aún hay más: semanas antes de que concluyeran sus períodos --es público--, endeudaron a los ayuntamientos para dejar a sus sucesores pasivos de espanto que, por cierto, hasta la fecha resultan impagables.
 
Ahí están los casos de Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, Llera, Río Bravo, San Fernando, Mante y otros municipios, donde las comunas recién instaladas se quejan amargamente del saqueo y las deudas que les fueron heredadas.
 
Costumbre añeja
 
Es común que la transición disfuncional en los ayuntamientos ocurra cuando los que se van y los que llegan pertenecen a tribus políticas distintas, o, en su caso, cuando entre unos y otros hay confrontación no sólo por cuestiones ideológicas o partidistas, sino incluso familiares, que sería el caso de las localidades menos desarrolladas en el aspecto económico
 
Pero… ¡asómbrese!, el fenómeno en esta ocasión se da allá en los municipios que más presumían de honestidad en el manejo de sus finanzas y cuyos alcaldes alguna vez soñaron con arribar a la gubernatura estatal, como bien lo advierten en petit comité quienes los sucedieron en el cargo, aunque  sus quejas por la razón que fuere ya son del dominio público.
 
Hay otros ediles que heredaron el mismo problema, aunque éstos optan por mantener cerrada la boca en relación a las condiciones en que recibieron los ayuntamientos, pues no quieren hacer escándalo ni más problemas con sus antecesores.
 
Pero ello, de ningún modo, impide que la Contraloría del Estado o los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso local visiten los ayuntamientos con problemas de corrupción para luego actuar en consecuencia.
 
Bajo este entendido resulta factible que en el corto plazo pueda llamarse a cuentas a los ex presidentes municipales que se quisieron pasar de listos, pues su errónea actitud patrimonialista y abusiva riñe con la moral, la decencia y, por supuesto, tiene implicaciones legales.
 
Las denuncias en contra de ellos, esté seguro, lloverán de parte de las nuevas autoridades municipales de Tampico, Madero, Mante, San Fernando, Reynosa, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, Hidalgo, Tula, Jaumave y Nuevo Laredo, entre otros, si a los ediles recién estrenados no les tiembla la mano ni fueron copartícipes de los ilícitos.
 
Algunos de los presidentes municipales que han detectado irregularidades –también vale la pena destacarlo--, más que hacer alharaca de lo descubierto tienen la obligación de actuar conforme a derecho; pero si erróneamente y por comodidad quieren llevar la fiesta en paz y les da por encubrir las tropelías de sus antecesores, estarían incurriendo en delito, ya que es sabio el refrán popular que reza: “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
 
Por tanto, igual estarían incurriendo en delito.
 
La posición de Egidio
 
Los alcaldes de nuevo cuño, hay que destacarlo, tienen la obligación de interpretar a profundidad el llamado del gobernador Egidio Torre Cantú, quien les ha dado instrucciones precisas para que cuiden el presupuesto y no malgasten el dinero.
 
Eso aquí y en cualquier otro caso significa que deben justificar (y bien) cada peso que gasten.
 
Implica orden y transparencia en el manejo financiero.
 
Consecuentemente tendrán que ser buenos administradores y no actuar en base a ocurrencias, sino aplicar el erario con una planeación estratégica donde los programas y acciones estén justificadas en términos de beneficio social, pues la política del nuevo régimen está muy clara y va enfocada a ejercer acciones humanistas.
 
Aclaro lo anterior porque es aquí, precisamente, donde intervienen dependencias gubernamentales como las secretarías de Finanzas y Administración, amén de la Contraloría Estatal, en su función de ser las otorgantes de los presupuestos, administración de recursos, vigilancia y fiscalización del dinero que se entregue a cada uno de los 43 municipios de la geografía tamaulipeca.
 
Por tanto, no hay que perder de vista que si alguien conoce el manejo administrativo y sabe cómo hacer eficiente el uso de los recursos es el mismo Gobernador, lo que resulta una garantía para cortarles las uñas a todos aquellos munícipes que se sientan “Juan Camaney” o quieran irse por la libre en beneficio propio.
 
De ser así, simplemente tendrán que responder ante la instancia adecuada por su mala administración. Y hasta eso, tendrían que abandonar el cargo antes de concluir su ejercicio constitucional, pero con la cola entre las patas.
 
Candidatos a prisión
 
Por cierto, ¿sabe usted qué personajes de la administración anterior salieron con “cuentas mochas” y son candidatos naturales a ocupar un merecido lugar en alguno de los hacinados centros de readaptación social?
 
Eso toca dilucidarlo a los diputados locales que hoy, precisamente, habrán de sesionar para iniciar la conformación de las comisiones legislativas y elaborar la agenda del primer período ordinario de su primer año de ejercicio constitucional.
 
 
 
Se hace camino al andar
 
*** El curso de capacitación para peritos sobre la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal, que coordina Rafael Díez Piñeyro, fue inaugurado por el subprocurador Jesús de la Garza Castro, en representación del procurador Bolívar Hernández Garza.
 
*** La razón le asiste al diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa, cuando afirma que es improcedente y una falta de respecto a la Constitución Política de México, la propuesta que en Guanajuato se discute para incluir la enseñanza de religión en las escuelas públicas.
 
*** Ese tema amerita análisis por separado. Y ya está cocinándose.
 
*** Mucho interés despierta el programa Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (Meced) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que en Reynosa preside la señora Yanira Deándar de Villarreal, pues como objetivo persigue brindar atención integral a los menores que por diversos motivos salieron de sus hogares.
 
*** Son 128 millones de pesos los que al municipio de Matamoros le corresponden por parte de la Federación, según lo dio a conocer el alcalde Alfonso Sánchez Garza. Y de ese monto, 50 millones habrán de destinarse a la construcción de la carretera Matamoros-Mezquital; y 30 al relleno sanitario.
 
*** Además hay otra partida presupuestal –la del llamado Fondo Metropolitano--, que beneficia a Matamoros con 29.3 millones de pesos para destinarse a la carretera Sendero Nacional y a los estudios y proyectos de desarrollo que el municipio requiere.
 
*** Bien vale la pena otorgarle un voto de confianza al general Pedro Moisés Román Téllez, quien ayer fue confirmado (por el Cabildo) como director de Seguridad Pública de Victoria.
 
*** Él asegura no ser “chambista” ni haber aceptado el cargo para cobrar un salario, sino a aportar su conocimiento en la materia.
 
*** “No me temblará la mano para poner orden, pues la tengo más firme que nunca”, dice, y precisa que su ejercicio será caracterizado por la honestidad e incorruptibilidad, tal y como lo ofreciera al alcalde Miguel González Salum cuando éste lo invitó a colaborar a su lado.
 
 
 
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