Inmoralidad política

Legisladores se la juegan contra pueblo tamaulipeco
Aprobar al vapor cuentas públicas, anima sospechas
El ‘Año de Hidalgo’, triste realidad en ayuntamientos
Los aumentos en cascada se resentirían hasta enero
La inmoralidad es un vicio generado por alteración mental. Una fuga para quien no sabe admitir sus propios yerros. La salida fácil que conduce al olvido cuando ya no existe vergüenza. Ni pudor. Menos dignidad.
 
Antaño era costumbre que la política fuera práctica de hombres. Y que como hombres se respondiera, con argumentos sólidos, a los cuestionamientos públicos generados por las fallas, omisiones e incluso aquellos provocados indirectamente.
 
Pero esto no ocurre hoy, ¡qué va!, porque la política se ha prostituido; porque el ejercicio legislativo ha caído en otras manos, donde el pundonor y la honestidad no tienen valor alguno.
 
De ahí que haya legisladores que se tornen cínicos cuando no pueden ni quieren responder a la verdad con la verdad, o al menos con verdades relativas.
 
La insolente actitud de esos representantes populares, por tanto, no me extraña, pero sí atrapa mi atención su postura asumida de cara a la revisión de más de 200 cuentas públicas.
 
Esto, para quienes gustan del análisis objetivo, asoma una clara connivencia encaminada a perdonar a los alcaldes que al amparo de sus cargos desviaron recursos públicos, cuando en casos determinados comprobado está que se “bañaron” con lo que no era ni es de su propiedad.
 
¿Año de Hidalgo?
 
Aunque el tiempo ya está encima, con voluntad todo se puede.
 
Y se lo digo porque es voluntad lo que se requiere pa’ evitar que la (“alta”) burocracia adscrita a los 43 ayuntamientos se apropie de bienes públicos en el ocaso de su ejercicio constitucional –como se acostumbra en cada transición, cuya etapa se ha dado en llamar “el año de Hidalgo”, por aquello de que tizne a la suya quien deje algo--, por lo que bien haría la autoridad competente al disponer se levante un inventario del equipo de cómputo, vehículos, mobiliario y otras propiedades que tanto le han costado al pueblo.
 
Esto quiere decir que habiendo voluntad ni siquiera una silla se perdería, y además aún está a tiempo de obligar a quienes ya se van a entregar puntualmente los bienes que son de todos los tamaulipecos.
 
Asumiendo esta actitud, los responsables de salvaguardar el Estado de Derecho prácticamente marcarían un alto a la voracidad de la burocracia, pues durante muchos años, al término de cualquier régimen político-administrativo, los mandos superiores y medios se robaron cuanto estuvo a su alcance, mientras los empleados de menor nivel también cometieron actos de pillaje, aunque a menor escala, sin importarles el daño causado a las instancias de Gobierno.
 
En un reconocimiento serio del costumbrismo político, se sabe que quienes se van se “auto indemnizan” con televisiones, cuadros, papelería, máquinas de escribir, fotocopiadoras, etcétera, porque su máxima era (¿y es?) el mentado “año de Hidalgo”.
 
Al respecto, valdría la pena que los trabajos concernientes a la entrega de cada administración se realizaran de acuerdo a la ley, para garantizar que los espacios físicos que recibirán los que vienen se encuentren remodelados y modernizados; instalaciones de servicio con tecnología de punta y oficinas públicas renovadas en su totalidad.
 
De lo contrario se descubrirían claramente los despojos al estrenarse los ediles en la administración municipal.
 
Los pescadores
 
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza un refrán popular para indicar que en las revueltas y desórdenes suelen sacar utilidad los que saben aprovecharlas.
 
Refiero la cita porque es elocuente para describir los problemas que al final del período reglamentario registran los ayuntamientos, y porque hasta hoy (inclusive) nadie quiere asumir la responsabilidad de exigirle cuentas a los alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios administrativos que están a punto de concluir su período.
 
En principio pareciera que el desorden ha surgido porque se ha dado paso a la democracia y ésta permite que en el cambio de poderes se admitan como ciertas las cuentas presentadas por los que se van, pero la realidad es otra, más amarga, a tal grado que ahora hay funcionarios municipales que se sienten con derecho a saquear lo que nunca construyeron.
 
Pero mientras se decide si el alto mando está o no dispuesto a tolerar la atrocidad, surgen acelerados que tratan de cubrir sus malos manejos del erario y que pujan y empujan para que nadie ose investigarlos.
 
Agresión federal
 
Incrementar el precio de los productos y/o artículos que consume la población mexicana no es la mejor fórmula para enfrentar la crisis económica.
 
Pero esto no lo entienden el señor de Los Pinos ni sus panegiristas que en el Congreso de la Unión sacaron avante reformas lesivas a la economía familiar.
 
De cualquier forma el golpe duro que en plena época decembrina se propina a la sociedad, quizá no se entienda hasta una vez transcurrida la euforia navideña y del año nuevo.
 
Pero con todo y eso habrá tiempo para que el Gobierno Federal saque en conclusión que nuevamente se equivoca.
 
Sobre todo cuando el actual Presidente no se ve. Ni se siente.
 
Navidad blanca 2010
 
En la campaña de prevención de accidentes correspondiente a la temporada navideña del 2010 –que Eugenio Hernández Flores tanto promueve, aun cuando está en el ocaso de su administración--, según me informan participan más de cinco mil elementos de las tres instancias de Gobierno.
 
Con ello se busca evitar el mayor número de defunciones provocadas por el furor decembrino, que, por cierto, en años anteriores ha registrado bajos índices merced al auxilio que a la comunidad tamaulipeca y a los vacacionistas prestan los distintos grupos altruistas a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), frente a la incapacidad que muestran los burócratas de Protección Civil.
 
Breviario cultural
 
Ahora que el tema del campo se ha puesto tan de boga –merced a la estupidez de funcionarios federales al decir que los campesinos no enfrentan crisis económica alguna--, vale la pena recordar que Tamaulipas destaca en la lucha agraria porque merced a los abusos contra los hombres del campo aquí se dio el primer reparto agrario, concretado por el general Alberto Carrera Torres, nacido en el municipio de Bustamante.
 
Para quienes ignoran el hecho, permítanme explicar que Carrera Torres fue un revolucionario que expidió, el 4 de marzo de 1913, en Cerritos, San Luis Potosí, la Ley Ejecutiva del Reparto de Tierras, que está considerada como la primera ley agraria de la nación.
 
Cuatro meses después, el general Lucio Blanco Fuentes --nacido en Villa de Nadadores, Coahuila--, habiendo ocupado Matamoros, repartió las tierras de la hacienda Los Borregos a sus soldados, cuando ésta era propiedad de Félix Díaz, sobrino del entonces Presidente.
 
El antecedente sirve para ubicar a Tamaulipas como bastión de la lucha agraria.
 
Y es que los movimientos campesinos encabezados por hombres nacidos en tierras cuerudas o avecindados en sus pueblos --como el propio Lucio Blanco--, hablan de la entidad como semillero de acciones revolucionarias.
 
Así lo prueba el hecho de que en Tamaulipas se haya dado el primer reparto agrario amparado en la ley expedida por Carrera Torres, que se basó en el contacto directo del general con el campesinado. Este era el reclamo nacional ante la manga ancha que el dictador Porfirio Díaz les diera a los terratenientes y a la misma iglesia católica, que mantenían con prestanombres lo que les habían quitado las leyes de Reforma.
 
Por eso y más harta risa me provocan las puntadas de los funcionarios responsables de la actividad agropecuaria a nivel nacional, quienes suponen que los campesinos ya son ricos.
 
¿Acaso lo habrán dicho en su sano juicio… o, por considerar que el grueso de los ejidatarios, jornaleros, ganaderos, etcétera, como ellos heredaron grandes extensiones de tierra que sus antecesores se adjudicaron mediante trampas, engaños y despojos?
 
Em@il:
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