Conciliábulo anodino

Beatriz Paredes Rangel le juega al ‘ensarapado’
Rinde un informe partidista sin haber necesidad
Lo cierto es que la unidad priísta es espontánea
Tal parece que todavía no aprenden del pasado
Nada extraordinario ocurrió ayer en Pachuca, Hidalgo, al desarrollarse la vigésima sexta sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo propósito fue imprimir las bases de la convocatoria para renovar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en marzo del 2011 y, de paso, insistir en la adelantada sucesión presidencial.
 
De antemano sabíamos que ése conciliábulo sólo serviría para que Beatriz Paredes Rangel tratara de capitalizar políticamente su actuación como dirigente partidista, tomando en cuenta que durante su ejercicio el tricolor se adjudicó 15 de las 21gubernaturas en juego; 633 diputaciones locales de mayoría relativa (de un mil una que estuvieron en disputa); 184 curules uninominales en la Cámara baja del Congreso de la Unión (de 300), y 23 ayuntamientos (de 31) correspondientes a capitales estatales, aun cuando el logro es por la animadversión hacia el Partido Acción Nacional (PAN) y no por su trabajo partidista.
 
Por algo su informe resultó insuficiente para modificar la determinación de la mentada gran familia revolucionaria, en el sentido de apoyar, en primera instancia, el ungimiento de Humberto Moreira Valdés como su relevo y, enseguida, formar un frente común para jugársela con Enrique Peña Nieto con miras al hándicap presidencial del 2012.
 
Como fuera, la tlaxcalteca insiste en dar la pelea.
 
Igual que el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien le apuesta al desgaste que en lo sucesivo pudiera sufrir el gobernador del Estado de México.
 
Y por eso ella y él, Beatriz y Manlio, recurren otra vez al llamado a la unidad partidista.
 
Cohesionar, es lo mejor
 
Reclamar unidad hacia el interior del PRI no significa que se persiga brindar apoyo irrestricto a un solo precandidato presidencial, como lo malinterpretan las huestes de los aspirantes más apasionados en el rejuego de la sucesión adelantada.
 
En el fondo este reclamo –el de la unidad, por supuesto--, obedece a la necesidad de que toda la estructura tricolor, a lo largo y ancho del país, se mantenga en una misma frecuencia.
 
Es decir, que estreche sus lazos en aras de un mismo propósito: recuperar la Presidencia de la República en el proceso comicial del 2012, no importando por el momento el nombre de quien pudiera resultar ungido como candidato formal.
 
Sin embargo los panegiristas de Enrique Peña Nieto aducen que los gobernadores estatales y la clase política hoy se manifiestan por un candidato único, cuando en el fondo la demanda mayoritaria es por la unidad del partido y no por definir la personalidad del todavía lejano abanderado.
 
En otra vertiente juegan sus detractores, que igual que él malinterpretan el reclamo legítimo de cohesión partidista y buscan confundir a la militancia con el rollo de que al definir (a priori) el nombre del candidato se podría trabajar en aras de la unidad, siendo que la candidatura hoy abiertamente sólo la buscan tres actores, pero a lo largo del camino la cifra podría incrementarse significativamente.
Las posiciones encontradas, por supuesto, más que provocar la unidad del PRI podrían causar (a éste) fisuras serias, hasta el grado de atomizar (aún más) a la base militante.
 
Clima de incertidumbre
 
Bajo este clima de incertidumbre, los diversos actores políticos que operan en el ámbito nacional ponen en práctica sus estrategias para no resultar marginados de lo que se ha dado en llamar la sucesión adelantada, que precisamente en nuestros días se distingue por la confrontación y el desgaste permanentes.
 
Esta realidad que impacta de manera directa la tranquilidad y paz social e inhibe el desarrollo del país, es animada por los principales partidos políticos y grupos de interés que existen en México; y aún desde las altas esferas de la administración pública, incluida la Presidencia de la República.
 
Y es que con la llegada de la ultraderecha al poder (en el año 2000) y su repetición (en el 2006) entramos a una situación inédita en cuanto al proceso sucesorio, que no sólo se adelantó sino que ya se salió del control de quienes debían conducirlo, generando así profundas contradicciones que amenazan con salirse de la normalidad.
 
En el pasado el sistema determinó de manera precisa el procedimiento a seguir cuando tenía lugar el cambio de autoridad, al nivel más alto, en la estructura de gobierno; y por supuesto en la actuación de los partidos políticos.
 
Enseñanzas del pasado
 
Al institucionalizarse el poder en el México posrevolucionario, con la creación de un partido político de amplia representatividad social que se encargó de implementar las reglas del juego de la participación política, el problema de la sucesión presidencial fue algo que estuvo normalmente bajo control.
 
En lo formal, los sectores, frentes y movimientos de masas del partido oficial eran los que “destapaban” a quien con toda certeza sería el nuevo jefe del Ejecutivo Federal.
 
En la realidad, el mandatario saliente era el responsable de elegir a su sucesor.
 
El juego consistía en considerar varias alternativas y sopesar en el ánimo de los grupos de interés, aunque de antemano el jefe de las instituciones de la República ya tuviera bajo su protectorado al elegido.
 
Todos sabían que “el gran elector”, en el proceso de cambio de estafeta a nivel Presidencia de la República, las gubernaturas y hasta algunas diputaciones y senadurías, correspondía al titular del Ejecutivo Federal.
 
Su poder resultaba incuestionable y aquellos que osaban contradecirlo simplemente pagaban las consecuencias con el anonimato y la marginación, en el mejor de los casos.
 
Así operó el sistema político mexicano durante décadas, hasta que en la época de la sucesión del gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari los procedimientos se complicaron y los mecanismos de control y transferencia pacífica de los mandos del poder empezaron a crujir, a grado tal que la misma nomenclatura cobró una víctima más en la humanidad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado en plena campaña en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California.
 
De ahí en adelante inició la debacle del poder omnímodo presidencial y su derecho, no escrito, de imponer al relevo.
 
La última maniobra la hizo el propio Salinas para meter de emergente a Ernesto Zedillo Ponce de León, quien a la postre se encargaría de sepultar el esquema sucesorio priísta, pese a que hizo el intento al término de su gestión.
 
Sin embargo, la decisión se topó con una revuelta ciudadana que sepultó, al menos coyunturalmente, una tradición autoritaria, engendrada en el seno del sistema político mexicano.
 
La debacle
 
Con el triunfo de la oposición panista en el año 2000, cuando llegó Vicente Fox Quesada a la Presidencia de la República, el recetario de formas y entendidos en la manera de hacer política en el país necesariamente cayó en desuso.
 
México empezó a ser otro, en tanto que la población otorgó, de manera sabia, el poder en forma equilibrada.
 
Si bien el Gobierno Federal quedó en manos de un distinguido miembro de la derecha, el Congreso de la Unión (cámaras de Diputados y Senadores) alcanzó una notable pluralidad, en tanto que sólo podía avanzar las reformas y acuerdos si se tomaba en cuenta a las nuevas vertientes opositoras, que, juntas, alcanzaban mayoría y garantizaban así el equilibrio de fuerzas.
 
El discurso del nuevo Gobierno Federal propendió hacía la profundización de la democracia y la transparencia de los procesos electorales, que era una tendencia impulsada por fuertes movimientos ciudadanos a través de los años, lo que incluso cobró cientos de vidas.
 
Al paso del tiempo, la nueva administración tuvo que salir de su euforia transformadora, al constatar que los grupos de interés y la clase política tradicional seguían imponiendo sus reglas y, a cada paso, dejaba constancia de su enorme poder.
 
También la crítica señala que los mandatarios opositores al PRI encontraron en dichas inercias un excelente filón propagandístico que le permitieron y permiten argumentar a su favor por el incumplimiento de una serie de promesas que hiciera a la ciudadanía.
 
Como sea, el caso es que ya sin las añejas reglas de juego --en cuanto a la sucesión presidencial, merced a la situación inédita de la alternancia--, analistas, académicos y personajes de la política coinciden en señalar que éste proceso que en el pasado iniciaba a la mitad de un mandato, en nuestra época comenzó con la misma llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la residencia oficial de Los Pinos.
 
Y es que el propio Presidente se encargó de animar la polémica de manera pública antes de cumplir su cuarto año de gobierno.
 
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