Tarifas eléctricas leoninas

Sociedad civil está cansada del alto cobro por el servicio
Durante años se ha exigido una reclasificación de tarifas
A la Federación no le interesa sangrar más a mexicanos
En pleno diciembre habría convulsión crediticia bancaria
A lo largo de muchos años la sociedad civil, de manera organizada, ha exigido por distintos canales que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconsidere sus tarifas porque éstas son, desde cualquier punto de vista, un claro atentado contra la economía familiar.
 
Acá en Tamaulipas, desde el inicio de su régimen y hasta la fecha, el propio gobernador Eugenio Hernández Flores ha encabezado acciones en defensa de los millones de usuarios que pueblan la geografía estatal, pues convencido está del agravio.
 
Incluso, cuando Vicente Fox Quesada aún despachaba en Los Pinos y en gira de trabajo visitó Reynosa para inaugurar las nuevas instalaciones de la aduana, el mandatario estatal públicamente le pidió que interviniera ante la CFE, a fin de que ese organismo aplicara una reclasificación estricta de sus tarifas, sustentada en mediciones correctas de las altas temperaturas que se registran durante todo el año, merced a los cambios climatológicos derivados por el calentamiento global.
 
Esto ocurrió casi al finalizar el período constitucional del segundo marido de Marta María Sahagún Jiménez, por lo que al guanajuatense poco le importó empeñar su palabra de gestionar una reducción a las tarifas eléctricas y menos le interesó que se siguiera sangrando a un pueblo tan nacionalista y trabajador, como es el tamaulipeco.
 
Hago esta referencia porque los anales periodísticos consigan puntualmente el compromiso incumplido, como también dan cuenta de los intentos que Enrique Cárdenas del Avellano y Álvaro Villanueva Perales, cuando despacharon en la presidencia municipal de Victoria, realizaron para que la CFE reclasificara el cobro de sus servicios.
 
Por su parte, la sociedad civil ha ganado la calle e incluso se ha manifestado en las instalaciones de la CFE –al menos aquí, en el llamado corazón de Tamaulipas--, demandando un freno a tanto abuso, aunque sin encontrar respuesta favorable a su queja porque el tabulador lo diseñan allá en el centro del país algunos burócratas insensibles e inhumanos, que por cierto no pagan ni un centavo por el servicio que les es otorgado como una “prestación laboral” y se carga a la cuenta de los millones de consumidores.
 
Reintento frustrado
 
El comentario de hoy surge porque hace aproximadamente un año el pleno de la LX Legislatura del Congreso local acordó retomar la batalla por la reclasificación de las tarifas eléctricas.
 
Para ello creó una comisión especial –propuesta y encabezada por el extinto Enrique Blackmore Smer--, e integrada (también) por María Guadalupe Soto Reyes, José Manuel Abdala de la Fuente, Cuitláhuac Ortega Maldonado, María de la Luz Martínez Covarrubias, José Raúl Bocanegra Alonso y Juan Carlos Alberto Olivares Guerrero, a fin de exigir a Felipe Calderón Hinojosa que personalmente atendiera esta demanda ciudadana.
 
En principio la Comisión trabajó arduamente, exhortándo a las autoridades correspondientes a que gestionaran ante la CFE soluciones viables en lo técnico y en lo económico, tendientes a reclasificar las tarifas domésticas en Tamaulipas merced al cobro excesivo que bimestralmente se presenta en la entidad, pero ante el rechazo y apatía del Gobierno Federal para atender el asunto, dicho proyecto fue desmoronándose y tras la muerte de mi amigo Blackmore ninguno de los otros integrantes ha vuelto a tocar el tema.
 
Y eso que la Comisión Federal de Electricidad sigue aplicando una estructura tarifaria compleja, inequitativa y desproporcionada --que lejos de coadyuvar a la economía familiar la daña todavía más--, y hoy se observan cambios desmedidos y considerables al incrementarse las tarifas por cualquier variación que se presente en el consumo de energía.
 
Atentado en carne propia
 
Esta lucha que ya no le interesa a quienes aún forman parte de la Comisión Legislativa del Congreso local, podría retomarla el presidente de la Junta de Coordinación Política, Felipe Garza Narváez, quien tendría todo el apoyo ciudadano y el mío hasta donde tope, pues de los 800 pesos que bimestralmente pagaba por el servicio, la tarifa en tan sólo dos meses me fue duplicada, dos meses más tarde triplicada y en el último período tuve que pagar casi $10,000.00 (diez mil pesos), a la fuerza y sin descuento alguno, pues negándome a cubrirlos me hubieran dejado en la penumbra porque hasta eso, cuando algún usuario se niega a pagar, no simplemente le cortan el suministro, sino que se llevan el medidor y desconectan el cableado.
 
Hay muchos otros casos ilustrativos que no me dejan mentir –miles o quizá millones--, por lo que considero necesario insistir en la batalla.
 
Total, los usuarios nada perdemos y sí tenemos mucho por ganar, aunque nuestro coraje desquitemos con recordatorios maternales a las autoridades de la CFE, que tal vez por ello nos castiguen sin razón por su orfandad.
 
Contracción crediticia
 
En pleno diciembre y ante la insolvencia económica que padecen miles de tarjetahabientes, hay bancos que instrumentan nuevos programas para recuperar la cartera vencida y ejecutan una contracción crediticia.
 
Sin embargo ninguna de estas medidas es la panacea que alivie el grave problema que padecen las instituciones bancarias y menos quienes gustan utilizar el llamado “dinero de plástico”.
 
De ahí que diversos bancos, en los últimos días, hayan dado en enviar citatorios a sus clientes para exigirles que en un plazo no mayor a dos quincenas liquiden totalmente los intereses generados por sus adeudos, ofreciéndoles “la oportunidad” de pagar en “abonos chiquitos” el crédito total. Claro, siempre y cuando cumplan con el pago puntual de nuevos recargos.
 
Tal es el caso de Banamex, que en escaso un mes trasladó a cerca del 50 por ciento de sus “clientes problema” (que cayeron en la cartera vencida) a bufetes especialistas en cobros extrajudiciales, para que mediante el terror traten de recuperar al menos el capital y una parte mínima de intereses moratorios, so pena de boletinarlos en el Buró de Crédito, que, por cierto, en breve podría iniciar una recapitulación en su sistema operativo.
 
La misma táctica, aunque a menor escala, la practican Bancomer, HSBC (antes Bital), Banorte, Santander-Serfín y otros, que no están dispuestos a perdonarle la vida a la “gallina de los huevos de oro”.
 
O sea, a sus tarjetahabientes.
 
Por esa misma causa la emisión de nuevas tarjetas de crédito se ha desplomado. Y es decisión de los principales bancos desincentivar a los usuarios comunes, castigando el uso de este servicio con la aplicación de tasas de interés onerosas.
 
Esto de acuerdo con informes que celosamente guardan el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria.
 
Motivos del endeudamiento
 
La necesidad de contar con recursos líquidos es apremiante para los particulares, y de ahí se han agarrado las instituciones bancarias que tan sólo por el servicio de disposición en efectivo llegan a cobrar una comisión promedio que muchas veces rebasa el nueve por ciento; y al mismo tiempo ejercen una política más agresiva para contrarrestar la cartera vencida al limitar el otorgamiento de tarjetas a solamente los cuentahabientes ricos.
 
Otro de los efectos que resienten las personas que pretenden obtener tarjetas de crédito, es la condicionante del ingreso.
 
Hasta hace un año, quien percibía un ingreso mensual de dos salarios mínimos era sujeto de crédito. Pero actualmente sólo la gente que compruebe percibir entradas mayores a los doce salarios mínimos puede aspirar a una tarjeta.
 
Es aberrante esa disposición de la usura institucionalizada. Y así lo reconoce la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes, a quien le resulta paradójico que mientras las autoridades de los organismos crediticios (expresamente las del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria) realizan encuentros emergentes para ofrecer una serie de mecanismos que permitan a los bancos mantener sus niveles de capitalización y reestructurar su deuda, estos se nieguen a bajar sus tasas de interés y a la emisión de nuevos créditos.
 
En el primer caso --según advierte la Asociación Mexicana de Tarjetahabientes--, los bancos han ofrecido congelar los pagos mensuales, disminuir la amortización del capital e incrementar el pago de intereses de acuerdo con los niveles que alcancen los rendimientos.
 
Pero ninguna de estas tres medidas garantiza ningún beneficio adicional para los usuarios.
 
Por el contrario, con este tipo de programas la banca sólo busca mantener “amarrados” a los clientes por mucho más tiempo del estipulado en los contratos --cuando existen--, a fin de obligarlos mediante todos los recursos legales y extrajudiciales a pagar elevadas tasas de interés.
 
Tan es así que actualmente algunas instituciones, al negociar con sus deudores, se muestran harto “generosas”, hasta el grado de ofrecerles un año más de plazo para el pago del capital, siempre y cuando en tiempo y forma liquiden los intereses.
 
Más se nota la embestida contra los tarjetahabientes cuando éstos rehúsan firmar tratos leoninos –les llaman contratos de renegociación de la deuda--, pues a cambio las instituciones bancarias, a través de abogados externos, promueven juicios ejecutivos mercantiles para recuperar el dinero y en su acometida muchas veces dejan en la calle a quienes otrora contrataron créditos.
 
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