Desaparición policial

Los ayuntamientos ya no tendrán preventivos
El Gobierno estatal contaría con policía única
EU tiene errónea apreciación de sus viciosos
Poseedores de “chocolates”, grave problema
 
Aún no hay fecha definida para que el Congreso de la Unión reforme por enésima vez la Constitución Política de México (en lo que toca a los artículos 21, 73 y 115), a fin de que la seguridad pública municipal no sea más responsabilidad de los ayuntamientos, sino trabajo exclusivo de un mando único policial subsidiario.
 
De cualquier forma considere Usted como inminente la creación del organismo, que ya tiene un presupuesto millonario para el ejercicio fiscal 2011, aprobado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
 
Y eso que ni nueva corporación hay todavía.
 
No obstante ése “detallito”, se presume que la medida vendría a coadyuvar al saneamiento de las corporaciones federales, estatales y municipales, cuya corrupción tanto ha exhibido la delincuencia organizada en los meses más recientes, y, por consiguiente, derivaría en la creación de un organismo presuntamente autónomo.
 
De cualquier forma y hasta donde sé, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) prepara un proyecto encaminado a “limpiar” las corporaciones policíacas que en Tamaulipas operan.
 
En principio podrían aplicarse exámenes de evaluación a todos los efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), policías preventivas municipales, Policía Rural, Policía Integral y al personal de los centros de readaptación social, a fin de relevar a los malos elementos que (se compruebe) mantengan cualquier roce con el hampa.
 
La medida, por donde quiera vérsele, resulta sana, pues marcaría el inicio de un verdadero combate a la corrupción policial, y, por consiguiente, daría un nuevo golpe a la delincuencia que tanto daño causa a la sociedad en los más de dos mil municipios que existen en la República Mexicana.
 
Con acciones como la aquí consignada, el gobernador Eugenio Hernández Flores (igual) confirmaría que en Tamaulipas se ejerce realmente una cruzada contra los transgresores de la ley; y que en tierra cueruda no hay impunidad ni se encubre a nadie.
 
Por si fuera poco, sé que el mandatario ha dado instrucciones de combatir frontal, eficaz e incansablemente toda conducta delictiva; erradicar la inmunidad; aplicar las estrategias planteadas para con ellas elevar los niveles de seguridad; y que todos los cuerpos policiales, sin distingo de ninguna índole, brinden el apoyo necesario a las instancias federales en la realización de su trabajo contra la delincuencia organizada.
 
Agresión yanqui
 
La arrogancia con la cual Estados Unidos pretende calificar la actuación de México en la lucha contra el narcotráfico, merece el rechazo y la desaprobación unánime de nuestro pueblo y las autoridades gubernamentales y legislativas, cuando menos, porque el trasiego de drogas encuentra su origen precisamente en la enorme demanda de estupefacientes que cotidianamente reclaman los viciosos allende el Río Bravo.
 
Sin embargo el costo social y las consecuencias de la “ley del narcomercado” y su solución pretenden endosarla a nuestro país, que  injustamente sufre problemas en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio. Además resulta totalmente reprobable identificar con las instituciones a los servidores públicos que de manera individual sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del narcotráfico.
 
El pueblo de México, por fortuna, se ha convertido en el “pararrayos” que evita una mayor oferta de drogas para el ávido mercado norteamericano.
 
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años; y compárense con el consumo doméstico.
 
Más todavía: de manera dolosa el gobierno gringo ha encontrado en las acusaciones sin fundamento un rico filón para presionar a México porque está interesado de que sometamos nuestra soberanía a los dictados de sus corporaciones policíacas como la DEA, CIA y FBI.
 
¿Y qué hace al respecto el Gobierno Federal?
 
El poder de la información
 
Una sociedad bien informada, como la nuestra, poco caso hace a las injurias de quienes anhelan el poder que les está negado.
 
Ya por no confiar en la oposición, o porque simple y llanamente no está dispuesta a dejarse engañar, otra vez, con acusaciones simplonas producidas al calor de la impotencia.
 
Por ello esta ciudadanía bien informada, en lo sucesivo, podría dar real sustento a la política y restarle poder a las camarillas, a la filtración, al rumor y otros instrumentos de política arcaica.
 
Los tamaulipecos ya no deseamos confusión.
 
Todos merecemos estar enterados del alcance y los objetivos de la acción gubernamental y de las acciones partidistas, para enseguida dar lugar a interpretaciones responsables que remonten nuestra dañada credibilidad.
 
No para continuar confundidos, ni ser de nuevo presa fácil del oportunismo que por siempre ha caracterizado a quienes son oposición, al menos en el estado.
 
Si usted ha observado en los últimos días a los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), o de sus testaferros, arlequines, corifeos y panegiristas, de inmediato se dará cuenta que sólo buscan desestabilizar a la entidad.
 
Por eso hay que frenarlos.
 
Los “chocolateros”
 
La permanencia de vehículos extranjeros en territorio nacional no es asunto privativo de Tamaulipas.
 
Se da en casi todas las entidades del país, aunque registra mayores índices en los estados fronterizos con la Unión Americana: Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
 
Refiero lo anterior porque según estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), a lo largo y ancho de la República Mexicana (1’ 972, 547 kilómetros cuadrados) circulan alrededor de dos millones de vehículos “chocolates” irregulares (entre camionetas, camiones y automóviles), y en el caso particular de Tamaulipas, se maneja una cantidad superior a las 350 mil unidades.
 
Estas cifras, sin embargo, no han podido corroborarse porque las autoridades fiscales, como de costumbre, se muestran indolentes para levantar un censo que nos permita conocer con mayor precisión de cuántos vehículos irregulares estamos hablando; su procedencia, su verdadera situación legal, y, por supuesto, en manos de quien están esos automotores que no han sido decomisados aun cuando su presencia en el país es ilícita.
 
 Lo peor del caso es que la mayor parte de sus poseedores no sabe manejar y menos conoce el reglamento vial, por lo que cotidianamente provocan accidentes sangrientos y su chatarra es abandonada en el lugar de los hechos.
 
Sé de casos concretos en que conductores de “chocolates” han atropellado motociclistas y peatones, se han impactado con casas-habitación y comercios, además de otros vehículos de procedencia nacional y modelos recientes, y en lugar de responder por su falta de pericia ante el volante, lo menos que hacen es lloriquear su irresponsabilidad en busca de la conmiseración humana que los saque del problema que ellos mismos ocasionaron, aunque lo más grave es que enseguida de la colisión los poseedores de esos “chocolates” abandonan la unidad y como viles cobardes huyen de la zona para no pagar su delito.
 
A muchos los puede ver en los estacionamientos de los centros comerciales, pues suelen circular en sentido contrario, usar los cajones destinados a los minusválidos y mujeres embarazadas y barrer con la mira a los transeúntes que osan cruzarse en su camino.
 
Sólo los inspectores de Hacienda no los ven. ¿Pa’ no infraccionarlos o, de plano, evitar decomisarles la chatarra que por ley debe recogérseles por ser evasores fiscales sorprendidos in fraganti?
 
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