Municipios en quiebra

Alcaldes salientes apuestan al endeudamiento público
No tienen con qué pagar salarios; y menos aguinaldos
Diputados albicelestes le fallan al PAN y a la sociedad
Silva Santos conserva comunión con sus gobernados
 
No sé, con precisión, cuántos alcaldes han solicitado ayuda al Gobierno del Estado para solventar el pago de salarios correspondiente a las dos quincenas de noviembre, las decembrinas y aguinaldos, pero según me han dicho la cifra acaricia una veintena.
 
En términos cuantitativos el escenario no pasaría de ser una simple estadística –hasta el momento--, tomando en consideración que la cifra podría disminuir vía el otorgamiento de empréstitos y/o “adelantos” con cargo a los presupuestos municipales del 2011, que, por cierto, aún no se han aprobado ni toca ejercerlos a los ediles que ya van de salida.
 
Sin embargo hay que analizar, desde el punto de vista cualitativo, qué circunstancias pudieron provocar el quebranto financiero a cada uno de esos ayuntamientos que carecen de recursos económicos para cubrir en tiempo y forma sus obligaciones.
 
Ya no digamos en lo concerniente al pago de obras o proveedores –dado que los contratistas o abastecedores (de insumos) regularmente son gente rica--, sino al aspecto laboral –donde se incluye a prestadores de servicios profesionales--, pues la amenaza de conculcar al trabajador los sueldos, prestaciones de ley y honorarios a que tienen derecho, es tanto como jugar con el hambre del pueblo.
 
Sobre todo cuando sabemos que a los presidentes municipales que hoy piden ayuda --y también a los que no--, durante los tres años de su ejercicio constitucional han recibido apoyos extraordinarios por parte del Gobierno estatal, por lo que ningún pretexto tienen para dejar de pagar a la burocracia sindicalista y de confianza –ésta última contratada por ellos mismos--, las dos quincenas de noviembre, las decembrinas, aguinaldos y honorarios a los prestadores de servicios, sin considerar el esperado bono que se acostumbra al finalizar cada trienio.
 
A menos que esos alcaldes (que se dicen en quiebra) antepusieran el bienestar de su parentela, compadres, amigos y socios, a la necesidad de la clase trabajadora (aunque las dos últimas palabras interprétense entre comillas en muchos de los casos).
 
Por otra parte, cierto es que el Gobierno Federal ignominiosamente dispuso recortar los recursos a los municipios en los últimos tres años; y que los ayuntamientos han enfrentado cualquier cantidad de obstáculos para acceder a las prerrogativas de ley, pero también es una realidad que el Gobierno del Estado en ningún momento los ha abandonado.
 
Lo prueba el hecho de que la mayoría de ayuntamientos (con que cuenta la geografía tamaulipeca) tenga en sus arcas dinero para cubrir, al menos, los salarios del mes en curso y del próximo, el aguinaldo, las compensaciones y otros imprevistos del gasto corriente, mientras que los ediles derrochadores no fueron capaces de prever en tiempo y forma el egreso, merced a su ineptitud para administrar el erario que su personal de mayor confianza, durante cerca de tres años, manejó como si hubiera sido fortuna personal.
 
En fin, ya habrá tiempo de profundizar en cuanto a los malos manejos del erario municipal, que hoy exhiben quebrados a cerca de dos decenas de ayuntamientos y amenazan con dejar sin pavo navideño a centenas de burócratas; o con deudas públicas estratosféricas a sus relevos.
 
Legisladores libertinos
 
Cierto es que los diputados gozan de fuero constitucional; que son los responsables de vigilar el cabal cumplimiento de las leyes; quienes derogan y promueven la legislación vigente en el ámbito nacional o estatal, según sea el caso; y que gozan de libertad plena, como cualquier otro ciudadano, para criticar, analizar, denunciar o simple y llanamente reconocer todo lo que ocurre en su entorno.
 
Dentro y fuera del recinto legislativo; en sus lugares de origen, en sus comunidades, en sus distritos.
 
Pero también es cierto que no por su investidura pueden recurrir a la difamación, mentira, calumnia, diatriba o engaño para darse a notar y/o ganar reflectores; para que los periodistas les regalemos espacios, ni para denostar a quienes se niegan acceder a sus caprichos y chantaje político.
 
Por eso atrapan mi atención las palabras que en vida pronunciara el ideólogo Jesús Reyes Heroles.
 
Dijo: “La ambición es móvil de la acción política; pero la ambición de buena ley, la ambición humana de servir y destacar, no de servirse y parecer”.
 
Cito lo anterior porque en la LX Legislatura del Congreso local –que por cierto está por concluir--, ninguno de los diputados de extracción albiceleste se ha subido a la tribuna a proponer iniciativas de ley tangibles, defender causas de sus representados sin anteponer el interés propio o de los grupos de ultraderecha, y menos a privilegiar el diálogo ni el debate de altura en un intento de alcanzar acuerdos que impacten en el bienestar social.
 
Por otra parte, debo aclarar que el fuero constitucional no les da patente de Corzo para dar rienda suelta a su libertinaje.
 
Ni para agredir a los periodistas que no aplauden cuanta ocurrencia tienen; o para conspirar contra la libre expresión.
 
Compromisos cumplidos
 
La administración municipal de Matamoros ha logrado avanzar por el camino correcto, pues ejerce una política cercana a la gente.
Y en esto mucho tiene qué ver la sensibilidad política del alcalde Erick Silva Santos, quien a lo largo de su régimen ha sabido escuchar a los ciudadanos y atendido puntualmente sus demandas.
 
En los (casi) tres años de su gestión, Erick ha cumplido uno a uno los compromisos que contrajo (al inicio de su período constitucional) con la sociedad de esa localidad fronteriza; y a cambio pueblo y gobierno municipal hoy se muestran como una sola familia y comparten un mismo objetivo: elevar la calidad de vida de quienes pueblan “La gran puerta de México”.
 
Claro es que para lograr esa comunión ayuntamiento-sociedad, ha sido importante el respaldo del gobernador Eugenio Hernández Flores, quien públicamente ha reconocido el trabajo del alcalde.
 
El buen entendimiento entre ambos, su firme voluntad para coordinarse y trabajar juntos en beneficio de quienes menos tienen, la política humanista que los distingue y la sensibilidad que los dos muestran en el ejercicio del poder, son otras coincidencias que en los hechos se han traducido en obras y acciones, por lo que ambos personajes, allá en la frontera, gozan de auténtico liderazgo.
 
Inflación galopante
 
Para el Banco de México, es preocupante el nivel actual de inflación derivado del alza en los precios de alimentos y energéticos.
Sin embargo la propia Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) desestima el hecho y oficialmente reconoce que el índice anual inflacionario apenas alcanza el 5.78 por ciento.
 
Entonces, ¿quién miente?
 
Considero que los maquilladores de la severa crisis económica que padece México, pues la apreciación del Banco de México la comparten y magnifican millones de amas de casa y el sector asalariado, que en su actividad cotidiana sufren por la escalada inflacionaria que ha invalidado todo poder adquisitivo.
 
Basta con preguntar en el mercado, en las tiendas de autoservicio, en las carnicerías o tortillerías; incluso en las oficinas de los organismos prestadores de servicios públicos o privados --CFE, Telmex, Pemex, bancos, etcétera--, la opinión de los usuarios a este respecto, para mejor entender que el índice inflacionario en mucho ha rebasado el 100 por ciento, y en cualquier momento así lo podrían constatar los soplanucas del señor de Los Pinos.
 
Como ejemplos claros de esta aseveración surgen 1) el precio del kilogramo de las tortillas, que se vende hasta en 13 pesos; 2) las tarifas por el consumo de energía eléctrica que hoy resultan altamente lesivas para el consumidor; 3) los incrementos que han sufrido los precios por el uso de la telefonía convencional o celular; 4) el precio de la carne, cuyo kilogramo al clarear el alba del año en curso era de 60 pesos y hoy se vende a casi 90 pesos; 5) las infracciones de Tránsito que se han elevado inmisericordemente; 6) las rentas; 7) los precios del vestido y el calzado; 8) las colegiaturas y, cuando menos, 9) el uso de estacionamientos públicos, que de cinco pesos por hora se multiplicó al doble… al menos aquí, en Ciudad Victoria.
 
Por eso y más cualquier ama de casa y trabajador –en esta apreciación quedan excluidos los políticos y funcionarios públicos--, en sus manos cuentan con argumentos valederos para desmentir al Gobierno Federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, en cuanto a la inflación que él no ve ni resiente, pero que millones de compatriotas padecemos día tras día.
 
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