Frontera al garete

Allá la inseguridad pública crece y se multiplica
La falla gubernamental en la zona, es evidente
Falsos periodistas acosan a alcaldes salientes
Es su responsabilidad cubrir el gasto corriente
 
Junto al desempleo y la pobreza, es la inseguridad pública uno de los problemas que mucho lastiman a nuestra sociedad. Sobre todo cuando esa inseguridad es provocada por quienes trasgreden el marco legal en la comisión de delitos del orden federal.
 
Dicho cáncer penetra hasta los rincones más apartados de la geografía tamaulipeca, pero hasta hoy el régimen que preside Felipe Calderón Hinojosa no ha ofrecido avances sustantivos en su lucha contra el crimen organizado.
 
Por el contrario, exhibe yerros en sus sistemas de inteligencia y operativo, pues comunidades otrora pacíficas se han convertido en verdaderos campos de batalla por los enfrentamientos que ahí libran las fuerzas federales y el hampa.
 
Conforme transcurre el tiempo, ahí la delincuencia ha sentado sus reales y defiende a sangre y fuego el territorio “conquistado”, mientras que los militares y la Policía Federal Preventiva (PFP) no logran encontrar la fórmula para atenuar, al menos, ese lastre que atenta contra individuos y familias.
 
Las ciudades fronterizas, sobre todo, son espacios de alto riesgo donde impera la ley de la selva, sin que se advierta poder humano capaz de establecer el orden sin que ocurra el derramamiento de sangre inocente.
 
Y menos se vislumbra la aparición del “superhombre”, cuando resulta claro el fracaso de las estrategias federales implementadas para frenar los índices delictivos --como bien lo demuestran los acontecimientos que en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y toda la frontera tamaulipeca han tenido lugar últimamente--, dando pie a suponer que los retos de la delincuencia organizada se cometen en un marco de impunidad que constituye, además, uno de los principales ingredientes que permiten la propagación del fenómeno.
 
En reiteradas ocasiones se ha comprobado que el hampa teje relaciones y logra penetrar las esferas encargadas de combatirla, lo que ha sido demostrado cuando se logra detener a facinerosos de alto rango, quienes muchas veces son servidores públicos en activo, lo fueron o sostienen relaciones de complicidad con los mandos encargados de la seguridad pública federal.
 
Es más, en el pasado reciente resultaba común enterarse de cómo delincuentes disfrazados de policías, mediante estipendio, lograban colarse a las mejores “plazas” --este mal quizá aún se practica--, a fin de estar cerca de los “patrones” y poder servirles adecuadamente.
 
Secuestros, violaciones, robos, tráfico y venta de estupefacientes, así como viles y cobardes asesinatos, forman parte de una larga lista de modalidades criminales que llenan a diario los espacios y tiempos de los medios de comunicación masiva y siguen al alza.
 
Todo ello daña la credibilidad hacia las instituciones federales encargadas de la seguridad, hasta el grado de que la población agraviada ya está harta de su incapacidad, ineptitud e ineficiencia, que cada día son más evidentes.
 
Sólo cifras alegres y pretextos escuchamos por doquier por parte de los encargados de combatir al hampa, que desafortunadamente avanza a pasos firmes en todo el país sin que logren detenerlo las autoridades responsables en la materia.
 
Tendencia a minimizar
 
Las declaraciones de altos funcionarios federales que tratan de minimizar lo que ocurre en toda la frontera que nuestro país comparte con la Unión Americana, podrían formar parte de un guión al que acuden frente a sucesos de esta índole --eso lo entiendo perfectamente--, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de negar una realidad que se palpa a diario, como es la inseguridad pública.
 
¿Y qué están esperando los funcionarios federales encargados de combatir al crimen organizado?
 
¿Porqué no hay resultados tangibles de su actuación en la frontera?
 
Políticos acosados
 
En los últimos días, algunos presidentes municipales han sido víctimas del escarnio por negarse a satisfacer el apetito voraz de algunos mercenarios de la comunicación.
 
Pero la insidia no alcanza su cometido merced a la suciedad con que ha pretendido exhibírseles –la mayoría de las veces--, o porque el receptor, por convicción propia, se rehúsa a magnificar infamias que en nada contribuyen a la objetividad periodística y sí, por el contrario, a la real pérdida de credibilidad de la prensa en su conjunto.
 
Al comentario lo nutre el hecho de que (también a últimas fechas) algunos periodistas hemos sido bombardeados con información que refiere ciertos deslices en la vida privada de algunos alcaldes que ya van de salida, sin que los autores de la embestida se atrevan a dar la cara; ya por cobardía, o, como ellos argumentan en el anonimato, “por razones obvias”.
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy clara al consignar que la libertad de expresión debe respetarse siempre y cuando no atente contra la vida privada de los individuos, pero hay quienes arguyen que un político no tiene vida privada, en clara alusión a su afán de ganar espacios a través del escándalo y la diatriba, con las que intentan lograr popularidad entre la opinión pública.
 
En lo sucesivo y hasta la víspera del relevo municipal, seguramente arreciarán los golpes bajos que hablen del mal comportamiento de fulano, zutano o mengano (en su vida privada), sin que nada ni nadie pueda frenarlos aun cuando se tratare de simples especulaciones, porque igual que los periodistas éticos existen vividores del oficio que en el chantaje y la extorsión encuentran su modus vivendi.
 
Por lo que respecta a la prensa profesional –los lectores bien que la ubican--, ésta difícilmente haría eco a la calumnia o trataría de enlodar personalidades –sobre todo en lo que a la vida privada se refiere--, o, en su caso, a la reproducción de versiones que no le constaran.
 
Pero eso es harina de otro costal; y de ello hablaré en futuras colaboraciones, pues hoy me ocupa simplemente la necesidad de aclarar que no soy, ni pretendo ser, repetidor de especulaciones ni mucho menos tengo interés en entrometerme en lo que no me importa; o sea, en la vida privada de los políticos.
 
Lamentablemente muchos de ellos han caído en el juego de los mercenarios de la comunicación.
 
¿Crisis crónica?
 
A partir de enero próximo pasado, la falta de recursos ha sido harto notoria en casi todos los municipios de la geografía tamaulipeca, según advierten los prestadores de servicios, contratistas, proveedores y el personal de base.
 
De ahí que el número de arrepentidos por haber votado por la continuidad crezca y se multiplique día tras día; es decir, por haber sufragado a favor del Partido Acción Nacional (PAN), porque en la residencia oficial de Los Pinos se gestó el crimen contra los municipios al cancelar las remesas federales legalmente presupuestadas para aplicarse en todo el país.
 
Por eso no le extrañe que los alcaldes pidan prestado por todos lados ni que la burocracia municipal se manifieste en las plazas y calles para exigir que al menos sus salarios sean cubiertos.
 
De todo ello tienen conocimiento el gobernador Eugenio Hernández Flores y el secretario de Finanzas, Óscar Almaraz Smer, quienes analizan cada caso y tienen la firme voluntad de ir al rescate de los programas y obras sociales, aunque también han dicho que no hay dinero para prestar, adelantar o financiar el gasto corriente.
 
En el caso del Gobierno Federal, no sé hasta dónde haya interés de resarcir a los ayuntamientos lo que el Presidente les arrebató y sigue negándose a resarcirles.
 
En fin, lo cierto es que mientras en la residencia oficial de Los Pinos se habla cotidianamente de que la crisis económica es pasajera, en los municipios de la geografía tamaulipeca los estragos de ese revés financiero son harto palpables y lesivos para sus comunidades.
 
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