Mando único policial

Iniciativa de Calderón hoy se discute en el Senado
Y por descontado se da que ésta resulte aprobada
Oposición de un mandatario y alcaldes ‘asociados’ Congreso
 
Este día habrán de reformarse por enésima ocasión los artículos 21, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el mando único policial.
 
Y aunque no se descarta un fuerte jaloneo allá en la vieja casona de Xicoténcatl, dé Usted por descontado que la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa será aprobada.
 
Sobre todo porque él dedicó mucho tiempo al cabildeo del proyecto --como no lo ha hecho con otros asuntos igual o más importantes para su administración y la estabilidad del país--, logrando convencer a 30 de los mandatarios estatales y al jefe del Gobierno del Distrito Federal; un buen número de legisladores federales y a todos los dirigentes partidistas en el ámbito nacional, acerca de las ventajas que conlleva la unificación de las corporaciones.
 
En contra de esa propuesta se mantienen el ala dura de la izquierda (que de rojilla ya nada tiene), el gobernador de Colima (Mario Anguiano Moreno), la Asociación de Municipios de México, A. C. (Ammac) –o al menos su presidenta, Azucena Olivares Villagómez--, y uno que otro grillo trasnochado que no alcanza a entender que cuando la “bufalada” juega un mismo juego ni las marabuntas la detienen.
 
Con la creación del mando único policial, la seguridad pública no será más responsabilidad de los ayuntamientos ni de los gobiernos estatales, sino trabajo exclusivo del Gobierno Federal.
 
Y de que habrá la supresión de distintas corporaciones, claro que será un hecho.
Esto vendría a coadyuvar al saneamiento de los cuerpos policiacos cuya corrupción tanto ha exhibido la delincuencia organizada en los días más recientes, y, por consiguiente, derivaría en una limpia a fondo, si en verdad las expectativas se cumpliesen en tiempo y forma.
 
Actitud preventiva
 
Con respecto a Tamaulipas, sé de buena fuente que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya trabaja un proyecto de saneamiento en sus corporaciones.
 
En principio con la aplicación de exámenes para evaluar a todos los efectivos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Policías Preventivas Municipales, Policía Rural, Policía Integral y al personal de los centros de readaptación social, a fin de relevar a los malos elementos que (se compruebe) mantengan cualquier roce con el hampa.
 
Dicha medida, por donde quiera vérsele, resulta sana, pues marca el inicio de un verdadero combate a la corrupción policial, y, por consiguiente, daría un nuevo golpe a la delincuencia que tanto daño causa a la sociedad de los 43 municipios que hay en la geografía estatal.
 
 Con acciones como las aquí consignadas, el gobernador Eugenio Hernández Flores (igual) confirma que en Tamaulipas se ejerce realmente una cruzada contra los transgresores de la legalidad; y que en esta tierra cueruda no hay impunidad ni se encubre a nadie, aun cuando los bandoleros presuman de impunidad.
 
Por si fuera poco, sé que el mandatario ha dado instrucciones de combatir frontal, eficaz e incansablemente toda conducta delictiva; erradicar la inmunidad; aplicar las estrategias planteadas con ellas elevar los niveles de seguridad; y que todos los cuerpos policiales, sin distingo de ninguna índole, brinden el apoyo necesario a las instancias federales en la realización de su trabajo.
 
Disfunción de policías
 
El alto mando policial que sea nombrado por el Presidente para coordinar a todas las corporaciones del país, debe entender que el problema mayúsculo de los efectivos en su disfunción social.
 
Se lo comento porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde su creación (junio 6 de 1990), ha recibido cualquier cantidad de quejas en contra de servidores públicos que al amparo del poder no sólo han abusado de éste, sino excedido, pero de todas sus recomendaciones para corregir las diversas irregularidades ahí denunciadas, son pocas las que se atienden puntualmente y menos las que registran procesos judiciales por presunta culpabilidad.
 
De ese cúmulo de quejas formalmente presentadas por violación a las garantías individuales que consagra nuestra Carta Magna, un alto porcentaje tiene qué ver con las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales –aparte se cuecen las que tocan a las fuerzas armadas--, ya que el grueso de sus efectivos (y “madrinas”) suelen actuar con prepotencia en el desempeño de sus labores, como si la agresión física hacia el semejante les inyectara bríos para tornarse más brutales y ofensivos al prevenir la delincuencia. Incluso al perseguir y aprehender a probables infractores de la ley.
 
Dije probables, pues una de las máximas jurídicas establece que nadie es culpable de ningún delito hasta en tanto éste no sea probado.
 
Ese abuso de (supuesto) poder, es lo que ha distanciado a los policías de la sociedad civil; y es, precisamente, el principal obstáculo para que pudiera existir una comunión entre “la chota” y el pueblo, ya que los primeros se sienten despreciados (casi aborrecidos) por la sociedad civil y ésta, a su vez, nada quiere saber de policías por la animadversión que siente con tan sólo verlos.
 
Ya podrá Usted imaginarse el sentimiento que en un individuo pacifista, ajeno a cualquier delito y responsable de sus obras y actos podría despertar un agente policiaco que nada tiene en su contra, pero sí va sobre el dinero ajeno.
 
Por eso la importancia de someter a exámenes psicológicos, psicomotrices y de inteligencia a los policías, antes de ser reconocidos como efectivos de la nueva corporación.
 
Complicación ancestral
 
El más grave problema que por décadas han enfrentado los elementos policíacos, insisto, es su disfunción para adaptarse al contexto social donde se desenvuelven.
Por eso la convivencia entre ellos y la sociedad civil harto se ha deteriorado.
 
A grado tal que muchos “representantes de la ley” siguen actuando al margen de ésta --con prepotencia, resentimiento y abuso--, lo que anima la animadversión en su contra, el recelo y la desconfianza.
 
Este cuadro ha sido analizado por sociólogos, psicólogos, psiquiatras e incluso por todo tipo de especialistas del comportamiento humano, quienes coinciden en que el divorcio policías-sociedad es un problema de educación y valores, cuya reconciliación sólo podría recobrarse con el cambio de actitud de quienes se encargan de prevenir, procurar y administrar la justicia.
 
Para que ello fuese posible, surge la necesidad de erradicar vicios tan arraigados en las corporaciones como son la corrupción, el consumo de enervantes, los rencores hacia el semejante, la inconformidad por los salarios y viáticos, la improvisación en los cuadros de mando y una capacitación real y efectiva, donde el policía entienda que su quehacer prioritario es servir a la sociedad, no servirse de ella, por convicción y nunca por ser el único medio ocupacional a su alcance.
 
Congreso local
 
Interesante resulta la iniciativa de decreto para expedir una nueva ley que combata, prevenga y sancione la trata de personas en nuestra entidad.
 
Y más cuando se persigue garantizar el respeto a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas.
 
Al respecto el coordinador de la fracción priísta, Felipe Garza Narváez, ha ofrecido sus puntos de vista descalificando siempre la ilícita actividad y proponiendo soluciones al problema, por lo que estoy seguro que en la elaboración del documento se contemplan juicios de él.
 
Se hace camino al andar
 
*** José Guadalupe Herrera Bustamante causó alta como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia , sin que sus detractores hayan exhibido el documento que según ellos lo inhabilita para ocupar cargos públicos.
 
*** El pleito entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa tiende a convertirse en una reyerta de pronóstico reservado, pues el mentado “Peje” con toda razón descalifica el soez lenguaje utilizado en su contra por el señor de Los Pinos.
 
*** La que no se mide es la diputada Martha Guevara de la Rosa, al asegurar que es un derecho de la burocracia exigir un bono sexenal. ¿Acaso éste se contempla en la Ley Federal del Trabajo? No, ¿verdad?, y eso debe saberlo ella como dirigente sindical, a menos que por andar en la fiesta ni tiempo le quede para siquiera hojear la legislación en la materia.
 
*** Por cierto, ¿habrá quien sea capaz de pedirle al secretario de Administración, Alejandro Jiménez Riestra, que ya no hable tratando de justificar sus desaciertos?
 
*** Sobre todo porque con cada declaración que emite exhibe lo que no tiene por qué ventilarse al término de la administración gubernamental.
 
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