Los políticos y la política no se van de vacaciones… no mucho, dijo aquel.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo previsto, ayer emitió la convocatoria para la elección de sus candidatos a diputados federales que seguirán el procedimiento de convención de delegados.
Los otros, ya sabe, seguirán el camino de la designación a través de una comisión especial electoral.
Son 117 candidatos que serán electos en esta etapa; otros 127 van a la designación y 56 quedaron reservados para el Partido Verde Ecologista en el pacto de coalición en el que participan.
En el caso de Tamaulipas van cuatro en este paquete y la otra mitad –ninguno de la coalición- en las designaciones que verán su convocatoria en la primera decena de enero.
En sus 43 páginas, la convocatoria publicada ayer deja constancia que no cualquiera podrá trascender hasta la elección, como veremos.
De entrada el manual de organización para la aplicación del documento se publicará en los siguientes diez días.
Pero los puntos sobre las íes se van acomodando desde que se establece que quienes aspiren irán a una etapa previa que pasa por un pre-registro al que deberán llegar licencia o renuncia en mano quienes ocupen cargos gubernamentales y carta de residencia de al menos seis meses previos al día de la elección dentro del distrito.
Además, por supuesto, del tradicional certificado de conocimientos partidistas y pago al día de las cuotas al instituto político, entre otros.
Será el 7 de enero cuando los aspirantes deban apersonarse ante las representaciones estatales del órgano electoral nacional con su expediente de requisitos de ley, de estatuto y convocatoria en mano para entrar a una “pre-revisión” que se valorará “aquí y allá”.
Si más de uno pasa esa etapa, entonces se les aplicarán exámenes de conocimientos; si luego de eso igual dos o más permanecen en la jugada, serán sometidos a “estudios demoscópicos” –encuestas- y si todavía son varios –no más de tres-, esos serán los que se sometan a la consideración de las convenciones de delegados.
El primer dictamen se dará el 8 de enero y se concederán 24 horas a los interesados para solventar alguna falta en el cumplimiento de los requisitos; el 11 de enero se avisará a los que “pasaron” en estrados electrónicos.
En total la fase previa concluirá el 18 de enero para que en, habiendo más de un aspirante vigente ahora sí venga el registro, el cumplimiento de otro paquete de requisitos donde vienen los apoyos de sectores y organizaciones en porcentajes respetables.
Solo entonces se procederá al proselitismo entre los potenciales electores a partir del 27 de enero y hasta la víspera de las convenciones eleccionarias el 18 de febrero.
Cada etapa considera la posibilidad del “candidato único” sin renunciar a la promoción interna en reuniones sectoriales, con la estructura y militantes distinguidos.
Conocidos los primeros pormenores del marco electoral ya muchos de quienes andaban harto entusiasmados con la idea de “la competencia” empezaron a sacar su veinte y declararse “a disposición” de lo que este les requiera.
La presión cedió y ahora sí, si algún espacio queda para la especulación será netamente ello; los ungidos seguirán guardados hasta la víspera de los registros, pasado el puente Guadalupe-Reyes.
Celebrado el primer juicio oral en Victoria capital, ya la transición al nuevo sistema de justicia penal se ha encaminado hacia su generalización con un redoblado esfuerzo institucional.
Además de las instalaciones mayores en las cabeceras de los seis distritos judiciales habrá salas auxiliares en municipios de medianos a pequeños para cubrir la geografía estatal.
En Victoria capital, por ejemplo dentro de su jurisdicción operarán las salas de Padilla, la primera en inaugurarse, la de Soto la Marina que le sigue en avance de obra y la de Tula.
Ahora mismo hay ciertos delitos que se desahoga en Güémez, Casas y Victoria. Abierto Padilla allá se atenderán los casos menos graves de los municipios de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Nicolás, San Carlos y Jiménez.
Cuando entre Tula allá se atenderá todo el altiplano.
Son salas de control las que operarán fuera de las cabeceras distritales para las “audiencias chiquitas”.
En la región de El Mante ya se tienen los terrenos y ya pedido el dinero y crédito autorizado por el gobernador para construir además sus salas en Xicotencatl y González. Con Matamoros van San Fernando y Valle Hermoso.
Tampico, Madero y Altamira, la zona conurbada del sur va junta.
Reynosa también con salas en Río Bravo y Miguel Alemán para la cobertura a la frontera chica.
Hacienda ya autorizó proyectos por 230 millones de pesos para las salas chicas, más el centro integral de Victoria.
Serán 36 municipios con infraestructura completa que en su mayoría en el primer trimestre del 2 mil 15 se empezarán a construir.
Con la experiencia de Padilla, las otras estarán mucho más rápido, se considera.
El sistema federal ya opera en dos estados y en Tamaulipas lleva avanzado el trámite para su instalación. Los delitos de la delincuencia organizada no entrarán en los juicios orales.
Consideran construir salas para juicios orales federales en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria; son proyectos ambiciosos de a 250 millones de pesos por edificio.
Las construcciones en las cabeceras de los seis distritos judiciales para el sistema estatal están proyectados sobre un costo de unos 160 millones de pesos y todos deberán estar listos y operando para el 2 mil 16 en que se hace de orden general su aplicación.
Por sobre las amplias edificaciones, las grandes inversiones, los denodados esfuerzos, la aspiración final es volver la confianza ciudadana en las instituciones y dar paso a una verdadera impartición de justicia.
En el nuevo sistema, aparte del Ministerio Público que representa los intereses de la sociedad se considera darle un abogado a la víctima.
Contra las injusticias igual se contempla que aun cuando no esté de acuerdo la víctima si el responsable da un plan de reparación justo el juez lo aprueba eliminando la idea del abuso bajo la amenaza de cárcel.
El nuevo sistema trae muchos beneficios y también muchos retos también.
El tiempo promedio de un proceso se reduce de 560 a 187 días; la prisión preventiva se vuele excepcional bajo la premisa de no estar en prisión mientras dure el proceso a menos que haya riesgo de fuga o de alto impacto el delito.
Las autoridades judiciales buscan con tecnología local –en el CINVESTAV- Desarrollar aditamentos para controlar a los sujetos de proceso y no puedan evadirese; la gente debe acostumbrarse a que no tienen qué meterlo a la cárcel en el proceso.
En delitos graves como el homicidio, violación, secuestro, delitos cometidos con violencia si hay prisión preventiva.
Igual si el presunto delincuente no tiene arraigo se puede ir y deberán tomarse las previsiones. Fianza alta o prisión preventiva. El MP tiene que investigar y pedirlo al juez.
El mayor rezago en el renovado esquema de impartición de justicia se asocia a la policía que cambia su rol pero en los escenarios actuales de conformación de nuevos equipos aun a prueba se dificulta su capacitación en el nuevo rol que le toca jugar.
Los policías ya van a levantar las escenas del delito; el Ministerio Público se vuelve testigo sujeto a ser llamado al estrado si se mantiene en aquella función.
El fiscal va guardando las pruebas para construir el caso y se debe preparar a los policías –formar unidades- con sus divisiones para atender la especialidad que le corresponda.
Tras 80 años con el sistema tradicional –que académicos y sociedad dejaron de verle vigencia- se consideran cinco años al nuevo para asentarse.
Las universidades públicas y privadas ya entraron en esta dinámica y le están invirtiendo fuerte con salones y laboratorio de criminología, salas de juicios orales, especialización y participación en concursos donde se han ido posicionando.
Más cosas buenas vienen en camino.
