Responsabilidad compartida

+ Cohesionados, sí es posible diezmar la delincuencia
+ Gobernadores avalan nuevo proyecto del presidente
+ Acuerdos hacen inminente creación de Policía Única
+ Eugenio hizo propuestas pa’ combatir la criminalidad
 
La reconstrucción de las corporaciones policiacas estatales y del Distrito Federal, que el presidente Felipe Calderón Hinojosa propone como parte de su nueva estrategia para combatir la delincuencia organizada, no es idea original suya, pues en los dos últimos encuentros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se insistió claramente en el tema y hasta se planteó la necesidad de crear la Policía Única, a fin de tener un mayor control de sus elementos.
 
De cualquier forma el hecho de que el señor de Los Pinos ya asome voluntad para trabajar coordinadamente con los mandatarios estatales en la lucha contra la inseguridad, es un avance significativo, como también lo es que públicamente acepte haber tenido discrepancias con algunos gobernadores que, según él, otrora eludieron su responsabilidad para actuar en contra del hampa y por eso, lo dejó entrever, ambas partes cayeron en el juego de culparse mutuamente por la violencia creciente que hoy mantiene aterrorizado al pueblo de México.
 
Durante la reunión que sostuvo en el Campo Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con los 31 mandatarios estatales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México –en el sexto día del “Diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento”--, Calderón Hinojosa dio un giro de 360 grados en su actitud de decidir unilateralmente cómo y cuándo actuar, para hacer un llamado de unidad.
 
Dijo: “Ni los estados ni la Federación, si actuamos de manera aislada, podríamos resolver ese asunto y menos si estamos confrontados. Se requiere la participación de todos sin excepción y sin titubeos”.
 
Reconoció que han tenido diferencias, pero que la sociedad reclama respuestas eficaces; y por ello solicitó a sus interlocutores hacer uso del liderazgo que los distingue para llevar a buen puerto la estrategia, “ya que sólo así se logrará la victoria”, dijo, para cerrar su perorata con la insistencia de que “es necesaria la corresponsabilidad”.
 
También pidió a los mandatarios que a nivel estatal se repliquen los foros en torno al tema de la seguridad pública, por ser éste un asunto inherente a toda la sociedad.
 
Reconstrucción complicada
 
La desaparición de las corporaciones estatales y municipales que conlleva el proyecto de crear la Policía Única, desde cualquier punto de vista es lo más recomendable para entonces sí rediseñar una verdadera estrategia contra la delincuencia.
 
Con ello igual se confirmaría que México entero ya no será campo fértil para actos terroristas y que ya no habría impunidad ni se protegería a nadie.
 
También dejaría en claro que la administración presidencial y por consiguiente los gobiernos estatales y municipales no tolerarían ni tampoco encubrirían a quienes se apartan de la legalidad, refrendando el compromiso de actuar con todo el peso de la ley en contra de cualquier infractor.
 
La desaparición de los cuerpos policiacos estatales y municipales, para dar paso a la Policía Única, sin embargo, no debiera concluir únicamente con el cese fulminante de sus malos elementos.
 
Es necesario ir más allá. Consignarlos en caso de comprobarse sus nexos con la delincuencia organizada u otras mafias, a fin de evitar que una vez en la calle los corridos pasen a engrosar esas gavillas.
 
Sobre todo si a esta pléyade le agregamos otros elementos, que, en los días venideros, según me informan, podrían causar baja de manera voluntaria.
 
Esto ya deben haberlo contemplado en la Presidencia de la República, la Secretaría (federal) de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), donde a fondo conocen las debilidades y mañas de los elementos adscritos al sistema nacional de seguridad.
 
En caso contrario se estaría cometiendo un error que bien podrían aprovecharlo las bandas delictivas que operan en todo el país.
 
Por cuando menos seis motivos:
 
1) Los elementos que sean dados de baja de una u otra forma saben cómo opera la delincuencia organizada;
2) También conocen las fallas de las corporaciones;
3) Poseen información privilegiada en cuanto a la venta y tráfico de enervantes;
4) Saben qué investigaciones se realizan actualmente y hasta podrían dar “pitazos” para entorpecerlas;
5) Muchos de ellos mantienen nexos con ex policías cooptados por los grupos delincuenciales; y
6) Hay quienes se involucraron y están ligados a los grupos que trafican con drogas, contrabandistas, pateros y todo tipo de transgresores de la ley.
 
Bajo este entendido, debo aclarar que no es que dude que la limpia en las corporaciones sea una medida acertada, sino simple y llanamente creo que los policías candidatos al cese bien pudieron aprenderse de la “a” a la “z” la comisión de delitos.
 
¿O acaso no estuvieron involucrados en la seguridad pública estatal y municipal? ¿Jamás practicaron el espionaje? ¿Nunca trataron con otros delincuentes?
 
De ahí que me parezca pertinente aclarar, también, que éste mi comentario no es en defensa de los efectivos que pudieran ser investigados. Y no porque sé que en su gran mayoría sirven a intereses mezquinos, de mafias; que son corruptos, prepotentes, abusivos, viciosos y muchas veces hasta ignorantes; y que su supuesta autoridad la amparan en una patrulla, una pistola o metralleta, y en una credencial que los acredita como efectivos.
 
En lo sucesivo esos malos elementos podrían causar baja.
 
Más para mal que para bien, porque sumados a los cientos de cesados en esas y otras corporaciones en distintas épocas, sólo pasarían a engrosar una interminable lista de ex policías desempleados que podrían ser cooptados por el narco, o, en el menor de los casos, organizar sus propias bandas criminales, pues mucho dudo que estén capacitados para desempeñar otras tareas, como los anales del crimen bien documentan esta apreciación.
 
Mandatario propositivo
 
Durante el desarrollo del sexto encuentro organizado para que los mandatarios estatales ofrecieran sus puntos de vista y propuestas bajo el marco del foro intitulado “Diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento”, Eugenio Hernández Flores habló de la situación que viven las entidades fronterizas del norte del país por su vecindad con la Unión Americana, y refirió trece puntos que él considera los más adecuados para enfrentar y aliviar el problema.
 
Habló de mantener los compromisos del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad; intensificar el proceso de depuración y profesionalización de las policías; crear un mando único que garantice a los elementos mejores remuneraciones; reubicar a los reos de alta peligrosidad hasta hoy internados en prisiones estatales; frenar el tráfico de armas; afecta la actividad financiera de grupos delincuenciales; fortalecer los programas de prevención al delito y las adicciones; impulsar las campañas mediáticas contra toda actividad delictiva; recuperar los espacios públicos de esparcimiento que alejen a la población de vicios; un programa integral de repatriación y procurar empleos.
 
Para lograrlo, el mismo gobernador tamaulipeco dijo que sólo se lograría el propósito mejorando las condiciones sociales; un crecimiento urbano ordenado y la dotación de servicios públicos de calidad.
 
El tema, como Usted podrá observarlo, da para más, pero a falta de espacio aquí le pero, bajo el compromiso de analizar todas y cada una de las vertientes en tiempo y forma y de manera holgada, por ser un asunto de interés nacional.
  
Calificación
 
La arrogancia con la cual el gobierno de Estados Unidos pretende calificar la actuación de otros países en la lucha contra el narcotráfico merece el rechazo y la desaprobación unánime del pueblo y gobierno de México.
 
Ni las mismas autoridades estadounidenses niegan que el origen del narcotráfico, a nivel mundial, se encuentra en la enorme demanda de estupefacientes de su sociedad.
 
Pero el precio y las consecuencias de esta “ley del mercado” de drogas y su solución pretenden endosarla, de manera injusta y prepotente, a otros países, con su correspondiente costo en materia de seguridad pública, criminalidad, violencia y hasta desprestigio.
 
Es además totalmente injusto identificar, con las instituciones de gobierno, a funcionarios quienes de manera individual sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del narcotráfico.
 
En México, la Federación, junto con los estados que la integran, se han convertido en el “pararrayos” que evita una mayor oferta de drogas para el ávido mercado norteamericano.
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años.
 
Pero más aún, de manera dolosa Estados Unidos ha encontrado, en las acusaciones sin fundamento, un rico filón para presionar a nuestro país con el fin de que someta su soberanía a los dictados de sus corporaciones policiacas, como la DEA.
 
Em@il:
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