Problema de fondo

+ Legalizar o no consumo de drogas, es intrascendente
+ En México, el problema real es la inseguridad pública
+ Se nota desconcierto gubernamental en torno al tema
+ Necesario exhibir a responsables directos de ‘baches’
 
La legalización de las drogas en México es un asunto que por décadas se ha debatido informalmente, pero hoy cobra especial interés porque hay quienes la proponen como panacea a la inseguridad pública que mantiene aterrorizado al país. De costa a costa y de frontera a frontera.
 
Sin embargo ninguno de los actores que las vestiduras se desgarran en torno al tema, abordado en los últimos días bajo el marco del “Diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento” --que se desarrolla en el Campo Marte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa)--, ha tenido los tamaños para reconocer públicamente que el tráfico de drogas y la violencia que cotidianamente tiene lugar en todos los rincones de la Patria son ya cosas distintas.
 
Me explico: 1) quienes se dedican al trasiego nacional, continental e internacional de enervantes, poco interés tendrían de propiciar ríos de sangre en el desarrollo de su actividad, pues para ellos más importante resulta seguir obteniendo jugosos dividendos que apostarle a la pérdida de sus multimillonarias ganancias enfrentándose a las fuerzas federales: y 2) por parte de los bandoleros que han sembrado el pánico en nuestro país –cierto, ya sin el tutelaje de los cárteles del crimen organizado--, la necesidad de recursos económicos los ha llevado a cometer todo tipo de fechorías, bajo el argumento de estar peleando zonas de influencia en su disputa por la supremacía del narcotráfico, cuando han sido las mismas organizaciones criminales con basto poder económico las que rehúsan su participación en los asaltos carreteros, secuestros, extorsión, chantaje y otras prácticas malsanas.
 
Cierto es, sin embargo, que los grupos delincuenciales que generan la psicosis en todo México en otras épocas formaron parte de los cárteles –y según advierto algunos continúan bajo la férula de esas gavillas--, pero también hay que reconocer que derivado de los desprendimientos surgieron y siguen conformándose bandas delictivas que son, precisamente, las que más causan terror por sus métodos para obtener recursos.
 
Esto lo saben las más altas autoridades del Gobierno Federal, pero inexplicablemente no actúan en consecuencia, sino que generalizan el problema porque así han querido matar dos pájaros de un solo tiro, cuando debieran trabajar en dos vertientes: a) diezmar a los cárteles que siguen traficando con enervantes; y b) emprender una persecución en serio contra los salteadores y mercenarios que cobran vidas nomás por el placer de matar y robar vehículos para utilizarlos en sus fechorías.
 
Es lo que marca la diferencia entre unos y otros.
 
No obstante, el señor de Los Pinos ha dado en eludir la profundidad del tema –igual que los políticos que lo generalizan--, y por eso debaten la legalización de las drogas, como si este fuera el remedio para acabar con la inseguridad.
 
Legalizar, o no
A Felipe Calderón Hinojosa no le interesa legalizar el consumo.
 
Y no, porque según él eso provocaría que millones de jóvenes se aficionaran a las drogas tanto como del alcohol y el tabaco, convirtiendo al país en un paraíso de criminales igual que ocurre en Afganistán o Paquistán.
 
Sin embargo no toma en cuenta que aun cuando en México los jóvenes consumidores de enervantes son la minoría --siendo que aquí les son ofertados en la calle, la escuela y entre sus mismos amigos--, el hecho de legalizar su consumo quizá no repercuta tanto como sí ocurre en la Unión Americana, donde comprobado está (y con estadísticas) que al menos el 80 por ciento de sus jóvenes las consumen.
 
En fin, es un asunto con muchas aristas.
 
Pero de que hay la necesidad de conjuntar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal--, para enfrentar el problema de la inseguridad pública, claro que existe.
Sobre todo cuando nuestros hermanos, mujeres e hijos ya no pueden salir a la calle tranquilamente.
 
Inseguridad pública
Uno de los más graves problemas que enfrenta el país, sin lugar a dudas es la inseguridad pública, aun cuando se cuenta con reglamentos y órganos policiales avocados a proteger al individuo y a la sociedad en su conjunto.
 
Hasta hoy la delincuencia organizada y hasta la común le siguen ganando la partida al Gobierno Federal.
 
Con ello se evidencia que los planes, programas y acciones no pasan de ser un catálogo de buenas intenciones y un argumento discursivo de los funcionarios públicos mal llamados nacionales.
Habitualmente los medios de comunicación masiva, que sus nichos tienen en la Ciudad de México y en las entidades federativas, dan cuenta de las atrocidades causadas por los maleantes, sin que exista poder alguno capaz frenarlos.
 
A todas luces priva la impunidad y la irritación ha llegado a tal límite que la sociedad ya salió de su marasmo y la prensa ha tomado las calles para expresar su descontento ante la indolencia de la autoridad.
 
Como respuesta, la administración de Felipe Calderón Hinojosa se ha dedicado a emitir planes y más proyectos comprometiéndose a profesionalizar las policías; concluir el registro personal de elementos; coordinar esfuerzos con las diversas instancias de gobierno; publicar los datos relativos a la incidencia de delitos federales; incrementar el uso del tiempo de que dispone el estado en los medios, a fin de profundizar en la cultura de prevención y denuncia del delito; depurar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras medidas.
 
Sobre los resultados de tantos planes, hace días el señor de Los Pinos informó, públicamente, que “se ha cumplido con lo propuesto”.
 
Sin embargo otra es la realidad, y por ello mismo ha modificado su discurso pidiendo otra vez la colaboración de todo el pueblo de México, además de las estructuras de poder, para enfrentar el flagelo.
 
Movimientos obsoletos
Desde que Calderón Hinojosa asumió el compromiso de combatir frontalmente al hampa, los delitos federales se han incrementado hasta en un 10 por ciento en relación a los índices registrados anteriormente. Y hay cosas peores: ante el evidente fracaso en el tema que hoy nos ocupa, el Presidente trata de enmascarar su gran mentira aduciendo que el Gobierno Federal, de ninguna manera, considera a la seguridad pública como un asunto terminado, ya que en este rubro ningún avance es suficiente.
 
Por fortuna la sociedad civil ya no se deja engañar con la verborrea y la simulación a que son proclives los encargados de garantizar la seguridad pública; de ahí que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) hayan cuestionado de inmediato los supuestos logros, al considerar que el régimen federal desarrolla acciones desde el punto de vista virtual y burocrático para “curarse en salud.”
 
Quizá el Presidente, su grupo de asesores y los genios en seguridad pública tengan buenas intenciones, pero ocurre que es una asignatura en la que sólo encontramos justificaciones incoherentes, infundadas y por supuesto mediocres.
 
Lo que sí hay que reconocerle al grupo en el poder, es su gusto por la imagen, la mercadotecnia, las relaciones públicas y la propaganda, aunque, claro, ello resuelve nada.
 
Soberbia político-administrativa
Algunos presidentes municipales electos y diputados locales también electos, que andan tan mareados que se niegan a contestar el teléfono a ¿sus todavía amigos periodistas?, confirmando que el poder hace perder el piso a quienes no están preparados para acceder a los pináculos del ejercicio público de manera sensata, madura y profesional.
 
Son, sobre todo, aquellos que ostentan cargos públicos y de representación popular sin tener el control real y efectivo de las áreas, municipios y distritos en que han sido habilitados, pues hasta para emitir una declaración o informar qué hacen actualmente deben pedir permiso a los que en verdad mandan en Palacio de Gobierno.
 
Lo peor del asunto es que no alcanzan a entender que los profesionales de la tecla no buscamos chamba, y que la soberbia, esa sí, es su principal enemigo.
 
En fin, como reza otra sentencia popular: “rodando se encuentran las piedras…”
 
Los baches
Ahora que el presidente municipal de Victoria, Arturo Díez Gutiérrez Navarro, decidido está a corregir los desperfectos que luce la carpeta asfáltica de esta ciudad capital, creo necesario proponerle que su administración obligada está a deslindar responsabilidades, so pena de que él, los síndicos, regidores y hasta los funcionarios administrativos, sean el centro de la crítica ciudadana que transita sobre una carpeta asfáltica más peligrosa que cualquier campo minado.
 
Hasta donde estoy enterado, en el tendido del asfalto que de día se ejecutó (pese a la molestia de los ciudadanos victorenses por los congestionamientos viales provocados) intervinieron las constructoras que supuestamente concursaron y ganaron la adjudicación de los trabajos merced a su oferta de:
 
a) Realizar los trabajos sin alterar la circulación de los automotores;
b) Aplicar asfalto de calidad inmejorable;
c) Terminar con el problema de baches, y
d) Ejecutar un trabajo que sorteara cualquier inclemencia del tiempo.
 
Sin embargo las lluvias registradas en los últimos días en Ciudad Victoria han exhibido, al menos:
1) La aplicación de materiales de dudosa calidad en el tendido de la carpeta asfáltica;
2) Apatía en el control de calidad; y
3) Desconocimiento técnico para ejecutar trabajos de tal magnitud.
 
De ahí que Arturo Díez Gutiérrez Navarro, en su calidad de alcalde, esté obligado a deslindar responsabilidades pa’ que los citadinos conozcan quiénes, cómo y por qué lograron dividendos cuantiosos en su simulación.
 
En caso contrario la crítica ciudadana, repito, a él lo señalará con índice flamígero cuando de antemano sabe, lo sé y lo advierte el grueso de quien pueblan Victoria, Arturo nada tuvo que ver con la asignación de contratos para el tendido del asfalto.
 
Em@il:
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