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Sección: Editoriales / Cuestión pública

Iguala Guerrero la masacre

Por: Luis Lauro Carrillo 15/10/2014 | Actualizada a las 09:16h
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Un narco-estado  se define como un régimen político neoliberal tecnocrático que se encuentra fuertemente influenciado, con la presencia de representantes de la delincuencia organizada ligada al narcotráfico en sus los distintos gobiernos, la economía, las finanzas y la sociedad, amparados por sus potestades legales con un fuerte déficit de legitimación institucional.

Viene a cuento lo anterior por la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Guerrero y  el hallazgo de 28 cuerpos humanos en narcofosas, confirman que en Iguala se construyó un narco-municipio, con un alcalde fugitivo José Luis Abarca y una red de infiltración del cártel “Guerreros Unidos” presuntamente llega hasta el gobierno de Ángel Aguirre.

Al efecto el presidente municipal de Iguala, representante de este nuevo orden de gobierno, aplicó su ley con la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa en un contexto de impunidad en el cual los principales responsables son el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ahora acusado de haber ganado la elección presuntamente con dinero del narcotráfico.

De ahí que Ángel Aguirre es el nuevo villano de la vida política mexicana. El malo de la película, el candidato seguro a ser echado de algún modo por el gobierno federal o Congreso Local, ya sea por omisión o ineptitud corresponsable del caos que vive el Estado de Guerrero.

En tanto el presidente Enrique Peña Nieto, sigue ofertando la reforma energética, sin priorizar la inseguridad, la violencia delincuencial y política que flagela al país. Por lo que  sería un error presumir que con la salida de Ángel Aguirre se acaban los problemas de su estado o del país. Aunque Aguirre merece perder su cargo, la crisis de inseguridad es más grande que la caída de un gobernador.

Es por eso que sin resolver los temas de inseguridad, impunidad y corrupción no hay reformas estructurales que valgan, ni Pactos, ni premios internacionales, ni bombardeos indiscriminados de spots. Aquí cabe preguntar ¿Qué va hacerse para que en el país estas masacres criminales y violación de derechos humanos no vuelvan a ocurrir?

En consecuencia el quid de la cuestión está en la falla de las instituciones y no únicamente en los funcionarios, el origen del problema va más allá de ellos. Estamos ante un problema del sistema, en todos los órdenes de gobierno y sus Poderes. Por la descomposición no hay soluciones milagro, pero para empezar debe reconocerse el problema, sus causas estructurales y las soluciones.

Por otro lado las movilizaciones de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, rodearon las instalaciones del Palacio de Gobierno de Chilpancingo y dejaron encerrados a los trabajadores, cuando  ya estaba desalojado el inmueble, los normalistas decidieron quemarlo. Demandando devolver con vida los 43 estudiantes.

Por otra parte los profesores normalistas ingresaron al Congreso de Guerrero, incendiaron dos mantas y armados con tubos causaron destrozos, se enfrentaron con granaderos.

En definitiva  estamos en una crisis de estado, por lo que el gobierno federal y la clase política, deben asumir el reto y mostrar que por una vez en su trayectoria son capaces de advertir lo que tanto aqueja a los que dicen gobernar y representar. La matanza de los estudiantes de Ayotzinapa se dio en un contexto de impunidad en el cual el principal responsable es el gobernador Ángel Aguirre.

lucarrso@hotmail.com

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Luis Lauro Carrillo:

Analista político, autor de la columna Cuestión Pública publicada en el periódico de La Verdad de Tamaulipas, en el portal digita HOYTamaulipas, entre otros
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