El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), considera la participación ciudadana como un componente y un elevador de la calidad de vida, como una opción, un modo de vida, un elemento civilizador y lo que teje la certidumbre social.
Por tanto la participación permite la integración coordinada de un grupo de individuos con el fin de estimular y establecer acciones que promueven su propio desarrollo.
Sin embargo, es de hacer notar que la participación va más allá de un enfoque instrumental que la identifica con un medio para alcanzar objetivos limitados de donde se desprende, proponiendo el desarrollo de la capacidad del pueblo a autogobernarse-autogestión (PNUD, 2008).
Para Mario Constantino (2000), la participación ciudadana se entiende como: “…aquel proceso por el cual los sujetos, a título individual o colectivo, desarrollan una acción tendiente a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o político. En el caso de que la acción se oriente al espacio público, la participación adquiere modalidades de movimiento social o de organización de interés…”
La participación ciudadana ha de expresarse como una acción capaz de crear conciencia y socializar a quienes forman parte de ella, mediante la identificación del sujeto como actor importante para la satisfacción de las necesidades colectivas, tanto de las regiones, municipios o comunidades, auspiciando interrelación directa de la población en los procesos decisorios de las organizaciones que afectan sus vidas.
De manera que no se confía lo político únicamente al Estado, sino que se extiende a otros sectores; igualmente, la participación sirve como un mecanismo para expresar por medio de actuaciones que se dediquen y se llevan a cabo socialmente, cuyo fin es hacer uso de manera eficiente y eficaz de los recursos, incluyendo la potencialidad que tiene cada individuo, grupo o comunidad para resolver sus problemas (Dutti, 2011).
La presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en cuanto facilite el acceso y la conformación no excluyente de centros de decisión a partir del nivel local.
El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto que, la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las condiciones de vida de la sociedad.
La idea de ciudadanía se encuentra ligada a la estructura de Estado-Nación, “una ciudadanía activa significa ejercer con sentido de responsabilidad […] y la idea de construcción o reconstrucción de un orden social justo e incluyente” (Ruiz, 2007, p. 89), este concepto remite a un escenario político conceptual en la cual existe una constante búsqueda de la igualdad y la reivindicación las diferencias.
Por lo tanto, es una idea reguladora que se expresa en la acción discursiva como en la acción social en la cual se pueden mencionar la participación, la delegación y la representación política en sus diversas formas de expresión.
Las organizaciones sociales utilizan diversos espacios para la acción, como son las calles, espacios públicos y medios de comunicación, pero también algunos otros generados desde el sistema político en los cuales se negocia, se enfrentan y se propone; las actividades de estos grupos se remiten a dos formas de participación; la primera de ellas incluye una demanda o relación hacia instancia de gobierno.
En este sentido se pueden mencionar a las asociaciones de padres de familia, grupos de familia, grupos de autoayuda, clubes de migrantes, etc. y la segunda forma de participación puede o no tener relación con instancias de gobierno y/o partidos políticos, por ejemplo la tarea que desarrollan las Organizaciones no gubernamentales y organismos civiles.
La participación ciudadana en el Altiplano Tamaulipeco, es un derecho que se encuentra consagrado en la propia Constitución Política de México y de Tamaulipas, en sus distintas acepciones ya sea como principio, derecho, deber, espacio o instancia de participación y como proceso sociopolítico.
La participación ciudadana que se registra en el Altiplano Tamaulipeco se encuentra incipiente, por ello, se pretende, replantear una nueva reflexión de la estructura de los programas de gobierno federal, estatal y municipal,
Lo anterior para alentar la participación ciudadana, se propone que los emigrantes de la región, organizados en “clubes de migrantes”, en cogestión con las autoridades y ciudadanos locales, contribuyan al desarrollo social de la región del Altiplano, promoviendo la participación de la sociedad civil organizada, mediante la identificación de proyectos productivos e implementación de acciones colectivas a favor de las comunidades y los familiares de los migrantes oriundos.
En el caso particular de las asociaciones, clubes y federaciones de migrantes, se les considera como una nueva forma proactiva de participación ciudadana de población autoexiliada por razones principalmente económicas, pero que no pierden sus raíces del origen (ciudadanos Denizen).
Esta forma de concebir en lo futuro la participación colectiva de los migrantes, a través de sus “clubes y federaciones de migrantes”, será positiva si las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación y cogestión de los migrantes, se proponen participar para lograr despegar obras comunitarias y programas productivos, que se potencializarán con las aportaciones vía remesas que estos coparticipen.
El codesarrollo se entenderá como una nueva etapa de colaboracionismo entre sociedad e instituciones a través de la dinámica de participación ciudadana como una nueva forma de gobernanza que considera a las organizaciones civiles pares a las organismos gubernamentales.
Esperamos que el gobierno de Tamaulipas a través de la SEDESOL Estatal, el gobierno Federal a través de la Delegación de SEDESOL y los gobiernos Municipales, consideren estas formas modernas de planeación, desarrollo y operación de las políticas públicas municipales, que seguramente beneficiarían las acciones sociales y comunitarias de las regiones más empobrecidas de Tamaulipas.
Este es el reto de la participación ciudadana comunitaria en casos como los grupos de migrantes, de programas como el “3x1 de apoyo a migrantes” y de municipios marginados como los cinco que integran el Altiplano Tamaulipeco (Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave).
