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Sección: Editoriales / Golpe a golpe

Oposición sin proyecto

Las estadísticas que Consulta Mitofsky ofrece en torno a las preferencias electorales de Tamaulipas, de ningún modo sorprenden a los candidatos...

Por: Juan Sánchez-Mendoza 23/06/2010 | Actualizada a las 22:53h
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+ Percepción ciudadana rebasa los números de Mitofsky
+ El posicionamiento es más cualitativo que cuantitativo
+ La desacreditación del proceso comicial toca la puerta
+ Espionaje telefónico es una práctica de la Federación
 
Las estadísticas que Consulta Mitofsky ofrece en torno a las preferencias electorales de Tamaulipas, de ningún modo sorprenden a los candidatos antagónicos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –cuya ilusión de triunfo la han sustentado en la pesca a río revuelto--, pero la encuesta sí da pie a que éstos, espoleados por sus dirigencias nacionales, redoblen esfuerzos tratando de convulsionar el proceso bajo el argumento de que ésta es una elección de Estado.
Sin embargo hay que destacar que su reducida penetración en el ánimo ciudadano es responsabilidad exclusiva de los partidos por los que juegan --y de ellos mismo--, pues tiempo han tenido de sobra para igual que los priístas recorrer la entidad (en el caso de los candidatos a la gubernatura), los municipios (hablando de los aspirantes a integrar los próximos 43 ayuntamientos y los distritos electorales (en lo que toca a quienes van tras las 22 curules de mayoría relativa), tocar puertas y acercarse al electorado, pero soslayaron desarrollar campañas intensas y propositivas; de contacto directo con el pueblo y caminar sorteando surcos, por temor al calor, el polvo y a la misma gente que nada quiere saber de políticos aventureros, según lo confirman los números del sondeo más reciente de Consulta Mitofsky.
 
Al hecho también contribuye la desconfianza y/o pérdida de credibilidad hacia los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia y por supuesto el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) –aunque los dos últimos se han colgado del PRI para al menos garantizar su registro y las prerrogativas económicas--, por la marcada incongruencia y poca seriedad con que se conducen.
 
Esto lo evidencian los mecanismos antidemocráticos utilizados para renovar a sus cuadros dirigentes y la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, pese a tener bien definidos los estatutos y reglamentos que rigen su vida interna y actuación pública.
 
Generalmente han sido los grupos de interés quienes malinterpretan la reglamentación partidista, en un claro afán de adecuarla a los caprichos de las camarillas o facciones que en los procesos comiciales se adueñan de los membretes.
 
Es más, cuando de pelear se trata pa’ defender parcelas, los jefes de las gavillas pierden la compostura y no asoman el menor pudor al exhibir sus mezquindades que degradan y enturbian la vida democrática de las organizaciones.
 
Así los pleitos de lavadero sesgan los buenos propósitos y exhiben falta de ética, de principios y sobre todo de madurez política, por lo que los partidos dejan de ser espacios ideológicos para convertirse en pancracios donde afloran las pasiones e intereses individuales y sectarios, marginando los colores e ideología de las organizaciones utilizadas simplemente como parapetos.
Hay más: la lucha a estas alturas prevalece encarnizada hacia adentro de los partidos, cierto, pero al exterior no es menos halagadora, como lo exhiben las escaramuzas escenificadas por su militancia inconforme.
 
Acuerdos fallidos
En el ámbito nacional y bajo este panorama, es harto notorio que cuando la dirigencia de un membrete se confronta con el adversario y carece de sensibilidad política no mide consecuencias y usa cualquier recurso para degradarlo y tratar de opacar su participación en las justas comiciales.
 
El colmo surge cuando les da por establecer alianzas --en apariencia sustentadas en la coincidencia de proyectos o en la figura de un personaje con arraigo y posibilidades reales de representar la alternancia dentro del esquema de poder--, ya que las más de las veces éstas se pactan al vapor, sin reglas claras, y obedecen a mandatos centralistas.
 
De ahí que no deba extrañarnos la manera poco cordial en que los aliados de coyuntura muestran hoy algunas de sus diferencias.
 
Impugnaciones al día
En todo proceso comicial que se lleva a cabo en nuestro país --igual que ocurre en otras naciones con menos desarrollo--, anida la subcultura de la impugnación por la falta de confianza y pérdida de credibilidad hacia las instituciones electorales, los partidos políticos y los candidatos de cualquier nivel.
 
Es común escuchar, en voz de quienes se saben perdedores, que sus oponentes recurrieron a viejas prácticas para conculcar la voluntad ciudadana y así ganar las elecciones.
 
Tan reiterado es este recurso que hasta en los procesos internos de cualquier partido político los contendientes se echan en cara su insano proceder.
 
Aquí en Tamaulipas la oposición todavía no supera la etapa selectiva de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales, pero ya existen denuncias públicas y ante la autoridad electoral, en el sentido que el PRI recurre a las viejas prácticas, mañas, trampas y métodos malsanos a fin de ganar el proceso.
 
Incertidumbre
Ahora bien, pese a los esfuerzos por dar certidumbre a la ciudadanía en la imparcialidad de las autoridades electorales y en el respeto al voto, persisten dudas.
 
Sobre todo en lo doméstico, donde se percibe que los hombres del poder meten mano a través de sus incondicionales que colocan en los organismos encargados de conducir y validar los procesos.
De ahí entonces que se haya hecho común, en mayor o menor medida, oír declaraciones entre adversarios políticos en el sentido de que una vez más tiende a ser burlada la voluntad popular a través de las prácticas tradicionales.
 
Esto sirve para entender que si bien es cierto hemos avanzado con muchos tropiezos en las acciones encaminadas a generar confianza y certidumbre entre los electores, persiste de manera muy arraigada el fantasma de la credibilidad y la subcultura de la impugnación.
 
Por tanto, ésta ya no sólo es un mecanismo de presión --legítimo o no--, utilizado por la oposición.
 
Espionaje telefónico
El tema nuevamente sale a relucir como una práctica malsana del Gobierno Federal.
 
Esto a raíz de que algunas conversaciones de cuatro gobernadores priístas se hiciera públicas.
Por tanto, el asunto del espionaje telefónico renueva la polémica y pone en la mesa de la discusión una serie de realidades que, por cierto, forman parte de la tradición con que opera el sistema político mexicano.
 
Entonces resulta innegable que desde la cúpula los regímenes funcionan como camarillas; y que no hay división e independencia real entre el gobierno y los partidos políticos y los órganos electorales de corte estatal, pues una vez alcanzado el poder los membretes y árbitros comiciales reciben línea de la autoridad en turno.
 
Esto no es novedad; lo sorprendente, más bien, es que otra vez casos concretos de espionaje telefónico se hagan públicos a través de los medios audiovisuales de comunicación masiva.
 
Los últimos acontecimientos en la materia, por supuesto, vienen a confirmar que por décadas en nuestro país ha operado un sistema de espionaje e inteligencia que en el papel debiera estar ocupado de la seguridad nacional, pero que en los hechos sigue acumulando archivos, fichando gente y grabando conversaciones por encargo, a fin de golpear al adversario político.
 
Hasta antes del escándalo, se suponía que Felipe Calderón Hinojosa proyectaba cambios profundos en los sistemas de seguridad e inteligencia federales, pero resulta que planeaba exactamente lo contrario. Es decir, volver a las viejas prácticas que en nada ayudan a consolidar la democracia.
 
La confidencialidad con que funciona el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por cierto, depende en forma directa de la Secretaría de Gobernación, convirtiendo a éste en un organismo estratégico en la tarea de cuidar a los amigos y golpear a quienes son considerados un problema para la “seguridad nacional”, que, dicho sea de paso, es un término esgrimido en el interés de justificar acciones clandestinas que atentan contra personas e instituciones, como ha quedado evidenciado en más de una ocasión.
 
Baste por ahora citar la participación del Cisen en la grabación clandestina de charlas que sostuvieron cuatro mandatarios estatales con determinados personajes, y que son utilizados como parte de una estrategia de linchamiento político a través de algunos medios de comunicación, con la clara intención de minar la popularidad de los candidatos priístas a las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz
 
De ningún modo pretendo justificar los actos de corrupción y abuso de poder, pero tampoco creo sano avalar la confabulación entre políticos de derecha, la prensa y los órganos de inteligencia.
 
E-m@il
jusam_gg@hotmail.com
golpeagolpe@prodigy.net.mx  

Juan Sánchez Mendoza
Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.
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