Las estadísticas que Consulta Mitofsky ofrece en torno a las preferencias electorales de Tamaulipas, de ningún modo sorprenden a los candidatos...
Por: Juan Sánchez-Mendoza23/06/2010 | Actualizada a las 22:53h
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+ Percepción ciudadana
rebasa los números de Mitofsky + El posicionamiento es
más cualitativo que cuantitativo + La desacreditación del
proceso comicial toca la puerta + Espionaje telefónico
es una práctica de la Federación Las estadísticas que Consulta Mitofsky ofrece en torno a
las preferencias electorales de Tamaulipas, de ningún modo sorprenden a los candidatos
antagónicos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –cuya ilusión de
triunfo la han sustentado en la pesca a río revuelto--, pero la encuesta sí da
pie a que éstos, espoleados por sus dirigencias nacionales, redoblen esfuerzos
tratando de convulsionar el proceso bajo el argumento de que ésta es una
elección de Estado. Sin embargo hay que destacar que su reducida penetración
en el ánimo ciudadano es responsabilidad exclusiva de los partidos por los que
juegan --y de ellos mismo--, pues tiempo han tenido de sobra para igual que los
priístas recorrer la entidad (en el caso de los candidatos a la gubernatura),
los municipios (hablando de los aspirantes a integrar los próximos 43
ayuntamientos y los distritos electorales (en lo que toca a quienes van tras
las 22 curules de mayoría relativa), tocar puertas y acercarse al electorado,
pero soslayaron desarrollar campañas intensas y propositivas; de contacto
directo con el pueblo y caminar sorteando surcos, por temor al calor, el polvo
y a la misma gente que nada quiere saber de políticos aventureros, según lo
confirman los números del sondeo más reciente de Consulta Mitofsky.
Al hecho también contribuye la desconfianza y/o pérdida
de credibilidad hacia los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia y por supuesto el Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) –aunque los dos últimos se
han colgado del PRI para al menos garantizar su registro y las prerrogativas
económicas--, por la marcada incongruencia y poca seriedad con que se conducen.
Esto lo evidencian los mecanismos antidemocráticos
utilizados para renovar a sus cuadros dirigentes y la selección de sus
candidatos a cargos de elección popular, pese a tener bien definidos los estatutos
y reglamentos que rigen su vida interna y actuación pública.
Generalmente han sido los grupos de interés quienes
malinterpretan la reglamentación partidista, en un claro afán de adecuarla a
los caprichos de las camarillas o facciones que en los procesos comiciales se
adueñan de los membretes.
Es más, cuando de pelear se trata pa’ defender parcelas,
los jefes de las gavillas pierden la compostura y no asoman el menor pudor al
exhibir sus mezquindades que degradan y enturbian la vida democrática de las organizaciones.
Así los pleitos de lavadero sesgan los buenos propósitos
y exhiben falta de ética, de principios y sobre todo de madurez política, por
lo que los partidos dejan de ser espacios ideológicos para convertirse en
pancracios donde afloran las pasiones e intereses individuales y sectarios,
marginando los colores e ideología de las organizaciones utilizadas simplemente
como parapetos. Hay más: la lucha a estas alturas prevalece encarnizada
hacia adentro de los partidos, cierto, pero al exterior no es menos halagadora,
como lo exhiben las escaramuzas escenificadas por su militancia inconforme. Acuerdos fallidos En el ámbito nacional y bajo este panorama, es harto
notorio que cuando la dirigencia de un membrete se confronta con el adversario
y carece de sensibilidad política no mide consecuencias y usa cualquier recurso
para degradarlo y tratar de opacar su participación en las justas comiciales.
El colmo surge cuando les da por establecer alianzas --en
apariencia sustentadas en la coincidencia de proyectos o en la figura de un
personaje con arraigo y posibilidades reales de representar la alternancia
dentro del esquema de poder--, ya que las más de las veces éstas se pactan al
vapor, sin reglas claras, y obedecen a mandatos centralistas.
De ahí que no deba extrañarnos la manera poco cordial en
que los aliados de coyuntura muestran hoy algunas de sus diferencias. Impugnaciones al día En todo proceso comicial que se lleva a cabo en nuestro país --igual que
ocurre en otras naciones con menos desarrollo--, anida la subcultura de la
impugnación por la falta de confianza y pérdida de credibilidad hacia las
instituciones electorales, los partidos políticos y los candidatos de cualquier
nivel.
Es común escuchar, en voz de quienes se saben perdedores,
que sus oponentes recurrieron a viejas prácticas para conculcar la voluntad
ciudadana y así ganar las elecciones.
Tan reiterado es este recurso que hasta en los procesos
internos de cualquier partido político los contendientes se echan en cara su
insano proceder.
Aquí en Tamaulipas la oposición todavía no supera la
etapa selectiva de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y
diputados locales, pero ya existen denuncias públicas y ante la autoridad
electoral, en el sentido que el PRI recurre a las viejas prácticas, mañas,
trampas y métodos malsanos a fin de ganar el proceso. Incertidumbre Ahora bien, pese a los esfuerzos por dar certidumbre a la
ciudadanía en la imparcialidad de las autoridades electorales y en el respeto
al voto, persisten dudas.
Sobre todo en lo doméstico, donde se percibe que los
hombres del poder meten mano a través de sus incondicionales que colocan en los
organismos encargados de conducir y validar los procesos. De ahí entonces que se haya hecho común, en mayor o menor
medida, oír declaraciones entre adversarios políticos en el sentido de que una
vez más tiende a ser burlada la voluntad popular a través de las prácticas
tradicionales.
Esto sirve para entender que si bien es cierto hemos
avanzado con muchos tropiezos en las acciones encaminadas a generar confianza y
certidumbre entre los electores, persiste de manera muy arraigada el fantasma
de la credibilidad y la subcultura de la impugnación.
Por tanto, ésta ya no sólo es un mecanismo de presión
--legítimo o no--, utilizado por la oposición. Espionaje telefónico El tema nuevamente sale a relucir como una práctica
malsana del Gobierno Federal.
Esto a raíz de que algunas conversaciones de cuatro gobernadores
priístas se hiciera públicas. Por tanto, el asunto del espionaje telefónico renueva la
polémica y pone en la mesa de la discusión una serie de realidades que, por
cierto, forman parte de la tradición con que opera el sistema político
mexicano.
Entonces resulta innegable que desde la cúpula los
regímenes funcionan como camarillas; y que no hay división e independencia real
entre el gobierno y los partidos políticos y los órganos electorales de corte
estatal, pues una vez alcanzado el poder los membretes y árbitros comiciales
reciben línea de la autoridad en turno.
Esto no es novedad; lo sorprendente, más bien, es que
otra vez casos concretos de espionaje telefónico se hagan públicos a través de
los medios audiovisuales de comunicación masiva.
Los últimos acontecimientos en la materia, por supuesto,
vienen a confirmar que por décadas en nuestro país ha operado un sistema de
espionaje e inteligencia que en el papel debiera estar ocupado de la seguridad
nacional, pero que en los hechos sigue acumulando archivos, fichando gente y
grabando conversaciones por encargo, a fin de golpear al adversario político.
Hasta antes del escándalo, se suponía que Felipe Calderón
Hinojosa proyectaba cambios profundos en los sistemas de seguridad e
inteligencia federales, pero resulta que planeaba exactamente lo contrario. Es
decir, volver a las viejas prácticas que en nada ayudan a consolidar la
democracia.
La confidencialidad con que funciona el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por cierto, depende en forma
directa de la Secretaría de Gobernación, convirtiendo a éste en un organismo
estratégico en la tarea de cuidar a los amigos y golpear a quienes son
considerados un problema para la “seguridad nacional”, que, dicho sea de paso,
es un término esgrimido en el interés de justificar acciones clandestinas que
atentan contra personas e instituciones, como ha quedado evidenciado en más de
una ocasión.
Baste por ahora citar la participación del Cisen en la
grabación clandestina de charlas que sostuvieron cuatro mandatarios estatales
con determinados personajes, y que son utilizados como parte de una estrategia
de linchamiento político a través de algunos medios de comunicación, con la
clara intención de minar la popularidad de los candidatos priístas a las
gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz
De ningún modo pretendo justificar los actos de
corrupción y abuso de poder, pero tampoco creo sano avalar la confabulación
entre políticos de derecha, la prensa y los órganos de inteligencia. E-m@il jusam_gg@hotmail.com golpeagolpe@prodigy.net.mx
Juan Sánchez Mendoza
Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.
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