La omisión también es pecado.

A las oficinas del subdelegado de los programas sociales del gobierno federal, Pedro Castillo Ríos, han llegado las quejas en contra de algunos “coyotes” que les prometen a los jóvenes registrarlos al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, asegurarles su apoyo mensual de 3 mil 600 pesos y, sobre todo, evitar la capacitación; a cambio, deben entregarles una buena parte de ese recurso que les llega.

Hay “coyotes” que desde los gobiernos del PRI se han dedicado a cobrar por trámites, cursos y apoyos financieros a personas físicas, y cuando se pensaba que la Cuarta Transformación prescindiría de ellos, esos personajes están más fuertes que nunca, algunos se ostentan como “amigos personales” de funcionarios federales.

Aquí en El Mante se sabe al menos de dos personas que siguen actuando como antaño, cuando es evidente que nadie puede lucrar con los apoyos que destina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde antes de la llegada de este programa a los jóvenes, se cuestionaba la posibilidad de que cayera en los laberintos de corrupción.

¿Qué entidad avaló la capacidad de dichas empresas para fungir como capacitadoras de los beneficiarios?

¿Quién supervisará a las empresas responsables de capacitar a los jóvenes para evitar la corrupción?

¿Quién evaluará a los jóvenes para que justifiquen ese apoyo mensual?

Son algunas preguntas que en este espacio formulé en su momento.

El tiempo está demostrando que los vicios siguen siendo los mismos como cuando la Secretaría del Trabajo otorgaba becas a los solicitantes de empleo para que se capacitaran. Los responsables de la ST se arreglaban con las empresas para “inflar” el número de becarios y evitaban que fueran a la capacitación, además, se las arreglaban para que la supervisión no detectara sus “ausencias”.

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” supera ya los 800 mil aprendices inscritos y consta de un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos durante un año, a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”.

Se sabe que programa tiene una duración máxima de 12 meses, tras los cuales los beneficiarios no pueden inscribirse de nuevo.

No hay cifras que revelen la eficacia del programa de Andrés Manuel López Obrador, lo que sí existe, son las denuncias de cientos de jóvenes en todo el país, que dan cuenta de la complacencia con la cual delegados y subdelegados de los programas sociales actúan en contra de los “coyotes”.

Aquí en El Mante, ya se registran decenas de casos.

A la fecha el responsable de la zona de los programas sociales de la Cuarta Transformación ha levantado la voz –cuando menos- para condenar esa acción, recordando que la omisión también es pecado.

EL SILENCIO DE LOS INDECENTES

Él, no puede mantenerse al margen.

Ella, no puede quedarse callada.

Su silencio preocupa, ofende su indiferencia.

Es evidente así, que las leyes y las instituciones están sujetas a sus caprichos e intereses de los hombres del poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador debió condenar la intentona del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, por regalarse tres años más de poder. Debió “batear” fuerte ese capricho ofensivo para el electorado de aquella entidad; pero con su silencio, sólo abona a la desconfianza y a la impunidad.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, debió censurar y repudiar el albazo que los legisladores locales de Baja California hicieron a favor del gobernador de Morena.

Los dos personajes centrales de la Cuarta Transformación han intentado minimizar el hecho dejando el asunto en manos de las “autoridades”.

El agandalle de Bonilla sienta un mal precedente para todos los mexicanos. Si el abuso de poder se avala, nadie podrá evitar que en lo sucesivo los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de un país, pueda prolongar su periodo de gobierno por el tiempo que le plazca su regalada gana, utilizando también los endebles argumentos para el caso Bonilla, como “el fastidio de realizar elecciones cada dos años” o que el prolongar el mandato “ayuda a la economía local”.

Gastón Espinoza
Es egresado de la facultad de Derecho y Relaciones Públicas, donde obtiene el título de Licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además realizó diplomado en Mercadotécnica.
Desde hace nueve años es autor de “Posdata” que se publica en medios electrónicos de Ciudad Victoria, Tampico y El Mante.
Ha sido director de Comunicación Social en algunos ayuntamientos de la región cañera, así como jefe de prensa de varios candidatos a puestos de elección popular.
Además dirige un negocio dedicado a la edición e impresión de periódicos y revistas en El Mante.