Al partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando no le llueve le llovizna, pues aunque presentó una impugnación, perdió una demandada  ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que su contra presentó su ex secretario jurídico y de Transparencia,  Gustavo Peña Martínez, por lo que deberá pagarle casi 9.5  millones de pesos por concepto de indemnización.

Al ex funcionario del partido tricolor, designado en el año 2014 por el ex dirigente Rafael González Benavides, se le  deberá pagar esa cantidad de dinero, la cual  se le  habrá de descontar al PRI directamente de las prerrogativas que mensualmente el INE le entrega.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  desechó atender la impugnación presentada por la dirigencia priista, ya que los Magistrados resolvieron no recibir la apelación,   por considerar que no tienen atribuciones  para dejar sin  efecto  una determinación de la Junta Local de Conciliación.

Se trata de un asunto laboral que nada tiene que ver con lo electoral, por lo que la decisión de la Junta es válida y partir de este año,  el Instituto Nacional Electoral le quitará al PRI ese dinero del financiamiento público, para pagar  el adeudo a su ex secretario jurídico.

A Gustavo Peña,  lo despidieron en el año 2017 y comprobó ante la Junta de Conciliación que la acción en su contra  fue injustificada, dándole la razón la autoridad laboral en el año 2018, ante lo cual el PRI está obligado a pagarle. La resolución a su favor se  dictó  el 16 de octubre de 2018 por la Junta Especial número uno  Local de Conciliación  y Arbitraje en Tamaulipas y el expediente laboral es 00155/E01/2017.

En pleno proceso electoral, el Revolucionario Institucional enfrenta serios problemas financieros, ya que además deberá cubrir  una serie de multas que el INE aplicó  a este instituto político  por irregularidades detectadas en la fiscalización de 2016 y que también le está descontando de sus prerrogativas  

 Este es el segundo juicio laboral que pierden los abogados defensores del PRI, pues el año pasado se vio obligado a pagar unos por 4 millones de pesos al velador del edificio del CDE.

Y no es que sus  abogados no cuenten con capacidad para ganar los juicios laborales, sino que no pueden hacer nada ante casos perdidos, por los abusos y atropellos cometidos por ex funcionarios de ese partido.

Cambiando de tema, por enésima ocasión, campesinos del municipio de San Fernando cerraron  la carretera  federal Victoria-Matamoros, a la altura del puente “Las Barreras, en donde protestaron  contra el Gobierno Federal por el ajuste al PROAGRO y falta de apoyos.

El movimiento de los  hombres del campo se registro a unos cuantos kilómetros del reten federal establecido en la conocida “Y”, externando su inconformidad por el nulo apoyo al precio del sorgo nacional y en contra del recorte  a las coberturas del cultivo de sorgo.

Debido a ese bloqueo perpetrado al mediodía de este lunes, decenas  de camiones de carga, autobuses y vehículos particulares vieron interrumpida su circulación, formando largas filas en ambos sentidos, con lo cual se afecta, sobre todo  la transportación de mercancía.

Los manifestantes autorizaron únicamente el paso de autobuses y vehículos particulares.

Los inconformes deben saber que están incurriendo en la comisión de varios delitos y las autoridades competentes tienen la facultad de proceder legalmente en su contra, por lo que deberían prepararse para enfrentar una posible acción de la justicia.

Y es que el Gobierno Federal tiene que acercarse a la gente para resolver sus problemas, peticiones y compromisos contraídos con la sociedad, con el fin de evitar este tipo de acciones que al final de cuentas afecta a la misma sociedad.

Los delegados, coordinares o representantes del Gobierno de la República, ya deberían empezar a chambear para resolver este tipo de conflictos y así impedir se vea perjudicado el buen avance y desarrollo de esta entidad.

En otro asunto,  los partidos políticos han comenzado a moverse para seleccionar a sus mejores hombres y mujeres que habrán de representarlos en las candidaturas a diputados locales de representación proporcional y mayoría relativa.

Los contenientes a legisladores deben ser aquellas personas que han estado cerca de la gente gestionándoles la solución de sus problemas y los que han trabajado a favor de las ciudades y  el Estado, porque con “cartas” populares tienen garantizo el triunfo electoral.

En el caso de los diputados que buscan reelegirse, los partidos tienen que analizar muy bien el trabajo de cada uno de ellos y los que registren improductividad y alejamiento de la sociedad  tendrá que bloquear  sus aspiraciones, pues lo único que les garantizan es la derrota electoral.

El dato: Los sindicatos ya deben desaparecer, debido a que no defienden los derechos de la clase trabajadora y son nido de líderes inútiles y ambiciosos de poder político y económico.

Correo:jrdelasota@hotmal.com

Columnista en HOYTamaulipas