La Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, se encuentra bajo vigilancia y estricta observación, “está en capilla”, luego que le fue practicada una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la reprobó.

Ello, al detectarle irregularidades en la aplicación del dinero público y caso específico es el pago de más de 367 millones de pesos a empleados “aviadores” por parte de la dependencia a su cargo.

Eso es lo que asegura el citado órgano fiscalizador, los cual obviamente la funcionaria estatal lo negó, pero para demostrar su honestidad y transparencia en el manejo de los dineros públicos, tendría que presentar pruebas fehacientes para comprobar que de lo que la acusan no es cierto.

 La Secretaria Molina Gamboa, aclaró recientemente que es falsa la información en la que se asegura que la dependencia a su cargo pagó más de 367 millones de pesos a mil 662 empleados fantasmas.

Según ella, desde que tomó posesión de la titularidad de la dependencia estatal se ha combatido a los llamados “aviadores” o empleados que no acuden a sus centros de trabajo.

 En su opinión, se trata de una mal interpretación de los resultados de la auditoría. Con eso de la libertad de expresión cualquiera puede expresarse como vea la situación. “No es cierto y en su momento les haré llegar un boletín que explique esa información, no es la forma en la que se deben dar las cosas”, expresó. Hasta la fecha no ha enviado ese boletín y lo seguimos esperando.

Se tiene conocimiento que la Auditoría Superior de la Federación, encontró más de 334 millones de pesos pagados a aviadores en la nómina del Sistema Estatal de Salud, además se hallaron pagos por servicios del Seguro Popular, no documentados.

Por esa razón se ordenaron cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatorios y siete pliegos de observaciones. Debido a estas inconsistencias, la Auditoría Superior de la Federación, solicitó a la dependencia aclarar, justificar o devolver el dinero por el posible daño a la Hacienda Pública Federal.

Sobre ese asunto, la Secretaría de Salud, señaló que luego que la dependencia a su cago está en contra de tener “aviadores” entre sus nóminas, no se puede permitir una situación de esa naturaleza.

“En su momento, todo aquel recurso que no esté debidamente comprobado, todo aquel recurso en que haya una situación no permitida por la normatividad federal, por supuesto que se devolverá, pero repito, este no es el caso”, comentó.

Reiteró que es una mal interpretación de las situaciones y justificó que toda auditoría tiene observaciones y permiten dentro del marco de la ley la solventación de todas ellas, asegurando que antes de 40 días dichas observaciones quedarán finiquitadas.

Y tendrá que hacerlo, pues la ASF, no se anda con contemplaciones, porque cuando no se compruebe la aplicación lícita del dinero público procede legalmente y en el caso de Molina Gamboa, sino demuestra el uso correcto de esa suma millonaria podría enfrentar problemas con la justicia.

Por cierto, se asegura que dentro de los nombramientos proyectados realizar en algunas secretarias del Gobierno Estatal, destaca la designación de nuevo titular de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y de otros a los que les ha sido criticado su trabajo, por no resolver los asuntos de su competencia.

Cambiando de tema, un asunto que durante años ha perjudicado a las familias, sobre todo a las de escasos recursos económicos son los constantes aumentos a las tarifas de los servicios públicos que provocan alza en el costo de los alimentos de la canasta básica.

La población, por enésima vez protestó, debido a que los recibos de luz registran un incremento de hasta el 30 por ciento con la entrada en vigencia de las tarifas de verano, obligando a los comerciantes de algunos giros a elevar el precio en sus productos.

Lo anterior ocasionó fuete afectación a los consumidores que ya no encuentran estrategia ni método para obtener ingreso económico que pueda cubrir los constantes aumentos.

La CFE vende más cara la luz a los comercios, por lo que el costo es mucho mayor durante la temporada de calor, principalmente para los negocios dedicados a la venta de alimentos, ya que tienen que utilizar refrigeradores para mantener en bueno estado los productos.

Lo cierto es que el aumento a los costos de los servicios no les afecta a los prestadores de servicio, sino esto finalmente perjudica al pueblo, a las familias, porque trasladan esos incrementos a los consumidores.

La clase trabajadora, los jefes de familia, constantemente expresan su malestar e inconformidad, porque la mayor parte de su sueldo lo destinan al pago de servicios como el agua, luz y teléfono, incluso, por su alto costo, en ocasiones no les alcanza para pagarlos y se ven obligados a conseguir dinero prestado para que no les suspendan el servicio.

La gente ya está harta, descapitalizada y hasta molesta, porque el gobierno los deja sin comer por el pago de dichos servicios y de mantenerse esta situación no se descarta que la población salga a las calles a protestar para exigir se frene los insistentes aumentos a los precios de los servicios públicos y los alimentos.

El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, debería establecer en su agenda la posibilidad de abordar lo relativo a los servicios públicos, para establecer un plan que impida se aumente la tarifa del agua, luz y teléfono, así como los diversos impuestos, dado que la ciudadanía ha llegado al grado de determinar pagar el costo de esos servicios o comer. Ello también no les permite tener casa propia y dejar de dar educación a sus hijos.

Ese es un asunto que tendría que analizar y resolver el próximo Presidente de la República, porque los citados aumentos están generando aumento en la cifra de pobres en el país.

En otro asunto, la Organización Nacional para la defensa del Patrimonio Familiar (Onappafa) , prometió que solicitará a Andrés Manuel López Obrador, una vez que llegue a la Presidencia de la República, la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera que circulan en Tamaulipas.

La verdad, ya no se les cree a los dirigentes de esa organización, los cuales durante años han lucrado con la promesa de legalizar los denominados “autos chocolates”.

Cada cambio de gobierno, prometen lo mismo, que van a pedir, solicitar, gestionar y hasta exigir el mencionado beneficio y no lo han logrado, porque sus dirigentes son inútiles e incumplidos, al no acudir a las autoridades correspondientes y utilizar las estrategias adecuadas para que se autorice la regularización.

Los dirigentes de la Onappafa y de otras organizaciones, han encontrado en esto de la promesa de regularización un redituable negocio, con el empadronamiento de los automóviles y la entrega de placas ilegales, lo cual no ampara la circulación lícita de los vehículos, al ser considerada mercancía ilegal en el país.

Los representantes de las citadas organizaciones se han hecho millonarios y no han conseguido el decreto de regularización, por lo que ya es tiempo que alguna autoridad los fiscalice y los audite, para comprobar el destino que le están dando al dinero que le cobran a la ciudadanía por un documento y placas que de nada les sirve.

Constantemente se andan aporreando por el liderazgo de esas organizaciones y pelen el puesto, no por ayudar a la gente, sino tienen su mirada en las jugosas ganancias económicas que obtienen con simples promesas. La gente ya no debe darles dinero, pues con placas de cualquier organización la Secretaría de Hacienda Federal les decomisaría el vehículo extranjero y el Gobierno Federal no se les quita, porque sabe que la gente pobre los necesita.

Jesús Manuel Zúñiga, dirigente de la agrupación, informó que se entrevistará con López Obrador, para solicitarle autorice la tan ansiada regularización de los automóviles “chocolates”.

Si logra hablar con Andrés Manuel, no le vaticino un buen resultado, pues podría salir regañado por el cobro de tantas cuotas y el tabasqueño lo sabe, por lo no se descarta reciba una respuesta negativa, porque aprobar una regularización es generarse opiniones en contra de los empresarios dedicados a la fabricación y venta de automóviles.

El dato: Los sueldos de los trabajadores se gastan en vacacionar, pero en el periodo de regreso a clases vendrán los apretones de mano y la desesperación que provocará el empeño de televisiones, computadoras, teléfonos celulares, lavadoras, motocicletas y, lo que tengan a la mano para la compra de útiles escolares. Por eso las familias deberían ahorrar, para que luego de alegría en el periodo vacacional, no enfrenten amarguras al término del mismo.

Correo: Jredelasota@hotmail.com

Columnista en HOYTamaulipas