Siendo la actividad política la función más pública existente de todos los desempeños profesionales debería de ser la  profesión de mayor distinción, de honor y de privilegio de servicio por el solo hecho de encargarse de  generar políticas públicas en bien de la sociedad en general. La política no es una ciencia porque no es exacta, es un arte profesional y social que obliga al conocimiento de la sociedad para  resolver los problemas de una ciudad, de un estado o de un país y que requiere de personas capacitadas para diagnosticar problemas sociales que establezcan rutas y procedimientos para resolver las demandas de una comunidad.

En el desarrollo de esta actividad hemos tenido ejemplos de eficacia gubernamental, de transparencia y lamentablemente también ejemplos de opacidad, corrupción e ineficacia en la aplicación de políticas públicas. En razón de estas experiencias y de la demanda de la sociedad por tener mejores gobiernos se han generado una serie de indicadores de medición de la política pública por parte de organismos civiles y también de instituciones de gobierno. Si bien no hay una uniformidad de criterios ni homologación de indicadores estas mediciones han servido para establecer calificaciones con cierto rigor científico que obligan al gobernante a mejorar su desempeño y alientan al ciudadano a protestar o reconocer al servidor público.

Por otra parte se han generado leyes y reglamentos que dar un marco jurídico al desempeño de las políticas públicas. Esta “arquitectura constitucional” obliga al cumplimiento de la ley y establece sanciones en su desempeño que son básicas para el desarrollo y buena marcha de las instituciones. Dentro de estas normatividades las leyes de transparencia y acceso a la información, la ley de contabilidad gubernamental, los sistemas nacionales y estatales anticorrupción con sus respectivas leyes que la integran son la base jurídica que garantiza un mejor desempeño en la administración pública.

Los contrapesos entre poderes son otro factor fundamental para el buen ejercicio de gobierno. Está comprobado que el equilibrio de poderes, la supervisión y revisión del ejercicio de gobierno entre el ejecutivo, legislativo y judicial produce buenos resultados y logra sinergias positivas de mejoras en los servicios públicos. La preparación y capacitación constante de los órganos de supervisión de estos entes públicos mejora el desempeño público e incrementa los niveles de satisfacción del ciudadano.

La aprobación de cambios en las leyes electorales en particular a lo referente de la reelección inmediata de legisladores y alcaldes debe de producir mejores gobiernos en razón del interés natural de permanecer en la responsabilidad pública de estos gobernantes y al generarse una especie de “referéndum” en el que la ciudadanía por medio de su derecho a votar podrá reelegir o rechazar al funcionario público en cuestión.

Por el lado de los partidos políticos también se han generado cambios en sus políticas internas, ya que se han establecido mecanismos de evaluación e investigación de aspirantes a puestos de elección popular (lamentablemente no en todos los partidos políticos) así como también reglas para amonestar o expulsar a algún militante que no haya desempeñado en forma adecuada su responsabilidad política.

Cuando uno dialoga con ciudadanos del tema de política pública algunos de ellos se refieren a esta actividad como algo nada claro, poco noble y que no les representa importancia y credibilidad alguna. Es más se refiere a esta actividad profesional como algo en el que nunca les gustaría participar. Esta indiferencia social muchas veces ubicada hasta en el repudio al servicio público ha provocado un divorcio entre sociedad y gobierno que resulta en  poca participación ciudadana en las actividades públicas generando un indicador negativo en el desempeño gubernamental y permitiendo con ese desinterés el disimulo del gobernante hacia sus obligaciones ciudadanas.

Por ello el reto de la administración pública es generar confianza ciudadana, y esta solo se logra con información, rendición, medición y retroalimentación de las políticas públicas. Regresar el honor y la ética al funcionamiento gubernamental hará que se fortalezca el estado de derecho y que se incremente la participación ciudadana. Por ello de ahora en adelante cuando escuchen a alguien decir que no le interesa la política, es bueno comentarle que la política es tan importante que no hay que dejarla solo en manos de los políticos. Que es obligación de todo saber y participar en las actividades cívicas de nuestra comunidad.

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