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“Quita” Obras Públicas predios para aeropuerto de Altamira
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Sección: Especiales / Reportajes

“Quita” Obras Públicas predios para aeropuerto de Altamira

El beneficiario de esta expropiación es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Estado es únicamente como depositario de esos predios en tanto se formalice la entrega-recepción

Por: Alejandro Paz/Ciudad Victoria 17/05/2010 | Actualizada a las 11:24h
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Obras Públicas (SOPDU) favoreció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la declaratoria de utilidad pública en el 45 por ciento de las dos mil 175 hectáreas en que se reubicará el Aeropuerto Internacional “Francisco Javier Mina” en Altamira “ante la falta de acuerdos con los propietarios”.

Según lo dispuesto en el artículo Cinco, fracción III de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, corresponde a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano emitir la declaratoria de utilidad pública.


Por lo que mediante oficio con fecha 27 de enero de este año la SOPDU entregó a la Secretaría de General de Gobierno un expediente de expropiación para 994 mil 216 metros cuadrados donde no se llegó a un acuerdo con los dueños.


En el Periódico Oficial del Estado (POE) se establece que lo anterior se da “en términos de los artículos VII y 7 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado”.


Son 17 los particulares propietarios de los predios en que se consolida la construcción y reubicación del aeropuerto internacional de Tampico: Hugo Antonio Muñoz de Alba, Hugo Alberto Muñoz de Alba, María Verónica del Rosario Gutiérrez Martínez, Marcelina Ruíz Ugalde, Margarita Medina Zúñiga, Alelu Chuy Revoreda, Olga Kott de Latofsky, Olga Julia Latofsky Kott, Carlos Alberto Latofsky Kott, Carlos Latofsky Smith, y Guadalupe Padilla de Mora.


Pero en donde se decretó la “utilidad pública” aparece como propietarios Rosalía San Martín de Reniu, Rosalía San Martín Vila, Adela Calderón Anaya, Eduardo Rosales Elizondo, Gerardo Rosales Elizondo, y Herlinda Elizondo de la Rosa de Rosales.


La ubicación es al este-noroeste del Puerto Industrial de Altamira, y también aparecen con pertenencia instituciones públicas, como el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) y otras empresas federales, como la API Altamira.


En el POE se señala que el beneficiario de esta expropiación es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que “el Gobierno del Estado se constituye únicamente como depositario de esos predios en tanto se formalice la entrega-recepción correspondiente.


Según un informe técnico al que se accedió, los predios cuentan con una “inmejorable accesibilidad por el corredor industrial del Puerto de Altamira y puede conectarse convenientemente con la carretera Tampico-Mante mediante la construcción de nuevos corredores viales oriente-poniente”.


También revela que el causal para su reubicación es que las actuales instalaciones del “Francisco Javier Mina” carecen de reservas territoriales contiguas que limitan su crecimiento y futuros planes de expansión.


Y que el nuevo proyecto contempla la construcción de pistas, plataformas y otras edificaciones para permitir el aterrizaje y despegue de aeronaves de mayor capacidad y dimensión.

Con la creación del aeropuerto en Altamira se busca establecer un sistema multimodal de transporte que permita el tráfico de bienes y servicios vía aérea, terrestre y marítima, generando anualmente tres mil 500 empleos directos, tanto durante su etapa de construcción, como dentro de su etapa de operación.

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