Intentan republicanos en cámara baja criminalizar a indocumentados

Washington,  (Notimex).- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició hoy el proceso para reformar la ley de inmigración con un enfoque en la aplicación de la ley que los demócratas denunciaron como intentos para criminalizar a los indocumentados.
 
El Comité, controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley del legislador republicano de Carolina del Sur, Trey Gowdy, que fortalece la cooperación de las autoridades locales y estatales en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
 
Además, agiliza la deportación de extranjeros criminales, fortalece la seguridad fronteriza, considera como un crimen grave el fraude de pasaporte y visas, y asigna más fondos a centros de detención.
 
Gowdy, impulsor del proyecto para el Fortalecimiento y Reforzamiento de la Aplicación de la Ley (SAFE), sostuvo que su plan es el "primer paso" para reformar el sistema de inmigración.
 
El presidente del Comité Judicial, el republicano Bob Goodlatte, criticó por su parte el proyecto de ley bipartidista de reforma migratoria que debate el Senado, con mayoría demócrata, al indicar que "debilita la aplicación interna de las leyes en muchas áreas".
 
Aseveró que, en contraste, el proyecto SAFE "proporciona una robusta estrategia" para la aplicación de la ley que mantiene la integridad del sistema de inmigración a largo plazo.
 
El Comité Judicial tiene previsto votar sobre otras enmiendas al proyecto de ley en un proceso que Goodlatte calificó como un proceso "paso por paso" para de una manera metódica abordar en detalle una reforma migratoria.
 
El diario USA Today indicó la víspera en su sitio electrónico que Goodlate y Gowdy están proponiendo una medida que convierte en un delito federal la presencia ilegal en el país, que actualmente se considera como un delito menor.
 
En declaraciones al diario, Goodlatte sostuvo que el proyecto no intenta criminalizar a los 11 millones de indocumentados que ya se encuentran en el país, porque asume que obtendrán la legalización en un proyecto de ley por separado que todavía no se ha presentado.
 
Aseveró que sus esfuerzos se centran en impedir que futuros inmigrantes ingresen ilegalmente al país.
 
Durante la audiencia en el Comité, legisladores demócratas como John Conyers, Zoe Lofgren, Judy Chu y Luis Gutiérrez, advirtieron que el proyecto de ley de Gowdy originará que las comunidades inmigrantes teman reportar un crimen por temor a la deportación, así como posibles casos de discriminación racial.
 
Gutiérrez, que elabora con otros colegas un proyecto de ley bipartidista en la cámara baja, dijo en un discurso en el pleno que no se puede criminalizar a los 11 millones de indocumentados.
 
Manifestó que a los inmigrantes involucrados en crímenes como narcotraficantes, violadores, pandilleros o asesinos se les debe aplicar la ley "hasta las últimas consecuencias" pero que no se puede colocar en la misma categoría a los que contribuyen con su trabajo a la economía.
 
Chu sostuvo, por su parte, que el gobierno de Estados Unidos gasta en la actualidad más fondos en la aplicación de la ley que en otras entidades federales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Estadunidense Antidrogas (DEA).
 
Los republicanos buscan una mayoría considerable entre sus filas a favor de un proyecto de ley de inmigración, reiteró este martes el presidente de la cámara baja, John Boehner.
 
"No veo la manera de presentar un proyecto de ley de inmigración al pleno si no tiene un apoyo mayoritario de los republicanos", dijo Boehner a periodistas luego de una reunión de su partido, según informó en su página electrónica el diario The Hill.
 
Durante la audiencia en el Comité Judicial de la cámara baja, miembros del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), interrumpieron brevemente a los legisladores al gritar "¡Vergüenza!" contra el proyecto "antiinmigrante" de Gowdy.
 
"Mientras los republicanos nos traten como criminales y destruyan a nuestras familias, continuaremos movilizándonos", dijo en un comunicado la directora de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, Angélica Salas.