Se salva el exgobernador Yarrington; PGR cierra caso en su contra

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Procuraduría General de la República (PGR) habría retirado las acusaciones contra Tomás Yarrington Ruvalcaba tras las presuntas irregularidades de los testigos protegidos , aseguraron hoy fuentes periodísticas.
 
El periódico la Jornada publicó que “por pifias de testigos protegidos retiran los cargos”.
 
Cabe recordar que en el pasado sexenio, la PGR a cargo de Marisela Morales había iniciado procesos en contra de los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yarrington Ruvalcaba.
 
Primero, se cesaron las investigaciones contra Hernández y Cavazos y hasta ahora la investigación contra los exmandatarios llegaron a su fin.
 
El reportero Gustavo Castillo indica que según colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam, habían dicho que “una vez más los testigos protegidos incurrieron en falsedades y ello desembocó en esta nueva resolución”.
 
Las acusaciones de José Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, no pudieron confirmarse y con ello se vino abajo la orden de captura contra Yarrington, indicaron.
 
Según la publicación desde 2009, cuando Morales fungía como titular de la la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, actualmente Seido), se inició la averiguación previa por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que supuestamente los tres ex mandatarios tamaulipecos habían protegido las operaciones de los cárteles.
 
“Sin embargo, las investigaciones y procesos penales que el MPF pretendió construir en contra de varios de los presuntos operadores financieros de los ex mandatarios, entre ellos Fernando Cano Martínez, fracasaron por la inconsistencia de las declaraciones de los testigos protegidos identificados como Óscar, Pedro, Ángeles, El Pitufo, Yeraldín y Rufino”, relata la nota.
 
En ese contexto, la PGR determinó que Tomás Yarrington en contra de quien el MPF obtuvo una orden de aprehensión de un juez con sede en Jalisco, que los supuestos indicios obtenidos mediante declaraciones de testigos protegidos no fueron acreditados (como ocurrió en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare), por esa razón determinó cerrar el expediente iniciado y la orden de aprehensión se canceló.