La contrarreforma educativa

Acertaron aquellos que señalaron que el enemigo principal de la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto, no lo era Elba Esther Gordillo, sino la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
 
Viene a cuento lo anterior por la acción del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre de enviar al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación, que contraviene la reforma educativa federal en lo que se refiere a la evaluación educativa y a la asignación de plazas, como resultado de los plantones, paros de labores  y bloqueos a carreteras realizados por la CNTE.
 
De ahí que la iniciativa, fue formulada a modo de la CETEG, donde se establece que la evaluación que realicen las autoridades de Guerrero no pondrá en riesgo la permanencia laboral de los trabajadores de la educación entre otras prestaciones.
 
Está claro, la contrarreforma educativa propuesta es consecuencia de la presión de poderes facticos como la CNTE, que "convencieron" al Gobierno de Guerrero para el diseño de un marco jurídico adoc, que les permitiese eludir o evitar la evaluación y demás obligaciones impuestas por la reforma educativa federal.
 
En los hechos se trata de una simulación jurídica, de una estrategia en donde siguiendo las formalidades legales del proceso legislativo, se quiere darle salida al conflicto negociando la ley, pero violentando los principios constitucionales básicos del estado mexicano para beneficiar a intereses de grupo. Es decir creando una legislación educativa estatal legal, pero anticonstitucional.
 
Así pues, con la inminente aprobación a la reforma a la Ley de Educación local, el gobernador y legisladores dejarán en evidencia el conciente olvido y menosprecio de la supremacía constitucional que establece el artículo 133, ya que irresponsablemente se pretende constituir un régimen de excepción que de suyo deja a la vista múltiples anticonstitucionalidades.
 
Cabe decir que los Gobernadores de Guerrero y Oaxaca y sus diputados locales soslayaron intencionalmente o por ignorancia, que para modificar su ley estatal de educación, esta debe estar en consonancia plena con los principios constitucionales, por lo que no son válidas las disposiciones que limiten, maticen diluyan o menoscaben esos principios contenidos en la reforma educativa federal.
 
De tal manera que para los mandatarios de esas entidades federativas, la protesta constitucional de guardar y hacer guardar la Constitución, así como las leyes que de ella emanen, solo es un requisito molesto, un protocolo más sin consecuencias jurídicas ni políticas.
 
De tal suerte que para los “constructores” de la ley, no debe significar que todo lo que establezca las leyes reglamentarias aprobadas, por ese solo hecho sean constitucionales. A menos de que el fondo se trate de una simulación jurídica para salir bien librados del problema.  
 
Por tanto los diputados del Congreso de Guerrero que llegasen a aprobar las reformas a la ley estatal de educación propuesta por el mandatario Aguirre, incurrirían en un fraude a la constitución, al utilizar las vías jurídicas e institucionales para trastocar y vaciar de contenidos los principios constitucionales.
 
Por otro lado en Oaxaca se vive una situación similar a la de Guerrero, debido a que los docentes también realizan presiones y actos de protesta para que los diputados de aquella entidad aprueben una reforma educativa que considere la autoevaluación sin que se ponga en riesgo la permanencia de los maestros.
 
En consecuencia los serios problemas estructurales del sistema educativo y los escenarios de desorden y confrontación generados por el magisterio deben encontrar una solución negociada dentro del marco de la ley, o en su caso la aplicación de las condiciones generales de trabajo por parte de las autoridades.
 
En ese tenor los Maestros de la CETEG, ya amenazaron al Congreso del estado con radicalizar sus protestas a un rumbo mucho más agresivo si no se les aprueba su contrarreforma, que les garantice sus derechos laborales y su intervención directa en la evaluación docente y de normalistas, agravando el conflicto con claros signos de anarquía e ingobernabilidad.
 
En definitiva para el caso de aprobarse las iniciativas de reforma las leyes estatales de educación de Guerrero y Oaxaca por sus congresos locales, que están en franca contradicción con el artículo 3º de la constitución, es procedente la acción de inconstitucionalidad por parte del procurador general de la Republica para invalidarlas.
 
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