Reforma de telecomunicaciones

Un cambio verdadero representó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo Federal que discute la Cámara de Diputados, porque limitará  los monopolios en televisión, radio, telefonía e internet para permitir una mayor competencia y mejores tarifas benéficas al consumidor, pero contiene  inconsistencias y omisiones que deben ser corregidas.

Además facilitará el cambio tecnológico, ampliará la libertad de información y corregirá una parte de las inequidades de la competencia electoral. El consenso parece que fue la clave para abrir una industria altamente concentrada e inmune a cambios en el marco jurídico desde hace casi medio siglo

De ahí que en la propuesta de reforma, donde todos estos temas fueron convenientemente deliberados, sin tomar en cuenta el parecer de los “poderes fácticos”, pero también sin afectar su status actual dado que no se contempla la cancelación o revocación de las concesiones o expropiación en su caso.

Cabe decir que el l apoyo a la iniciativa del Pacto por México revela la recuperación de la rectoría del Estado para regular las telecomunicaciones, pero también disposición de ésta industria a hacer concesiones ante el riesgo remoto de salir de sus actividades por la competencia en las nuevas perspectivas de negocio.

Ahora bien retomando el tema de las inconsistencias y omisiones de la Iniciativa de la reforma ¿Cuáles son las más evidentes?

Una omisión de la reforma es la no inclusión de la modernización y  desarrollo de la radio y televisión estatal. Si bien es cierto que es importante  licitar las dos nuevas cadenas privadas de Televisión abierta, también lo es más importante  crear verdaderas cadenas nacionales del Estado, en televisión y radio. Eso realmente propiciaría una verdadera competencia a favor de los televidentes.

Una inconsistencia de la reforma es la propuesta cacareada de la autonomía plena al IFETEL respecto al otorgamiento de las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones que ya no las otorgará el presidente de la republica sino el Instituto Federal de Telecomunicaciones. A la luz de la iniciativa el IFETEL deberá en todos los casos solicitar la opinión previa, no vinculante  del ejecutivo.

Por tanto en los hechos será la última instancia para resolver las solicitudes de concesión lo será el propio presidente de la republica, por lo que sale sobrando ese órgano constitucional tan oneroso como lo será el IFETEL.

Otra inconsistencia de la reforma la constituye la apertura a la inversión extranjera hasta un 100% en telecomunicaciones y hasta 40 % en radio y televisión, con lo que deja de mantener el dominio de esas áreas prioritarias de la comunicación. Conviene señalar que a las inversiones privadas mexicanas  en Estados Unidos solo se le permite participar con el 20 por ciento y en Canadá con el 0 por ciento.

En ese tenor y corregidos ente otros los  puntos a que se ha hecho referencia, al existir pleno consenso entre la fuerzas políticas es procedente la aprobación de la reforma constitucional. Posteriormente vendrá la ley reglamentaria que es donde aparecerán las resistencias  de los poderes facticos afectados  con la reforma.

Está visto que la designación de los comisionados  de la Comisión de competencia Económica y del IFETEL, cuyos nombramientos  deben responder  a la mayor capacidad, profesionalismo, honradez y aptitud. Un mal mensaje seria que el ejecutivo intentara controlar los nombramientos por encima del procedimiento constitucional o los partidos políticos actuaran por encima del Estado.

En definitiva la reforma a las telecomunicaciones  debe perfeccionarse, en teoría terminara con la incapacidad, del Estado para regular a los particulares, hasta antes de la reforma a nadie de los de a pie ha beneficiado porque deja la actividad de los particulares en una “selva” de diferendos. Además podrá facilitar el cambio tecnológico, ampliar la libertad de información y corregir inequidades electorales.

lucarrso@hotmail.com Twitter: @luiscarrs