Apoyo castrense

Se critica, pero es necesario para procurar seguridad
El gobernador encuentra respuesta en general militar
Por la inseguridad se haría bien en cancelar eventos
El Tío Sam querría imponer criterios intervencionistas
 
 
El patrullaje que las fuerzas armadas de México realizan cotidianamente en todo el país, ha generado cualquier cantidad de críticas, cierto; pero su presencia mucho contribuye a diezmar a la delincuencia organizada que en su disputa territorial no sólo lastima a nuestra sociedad, sino que la mantiene aterrorizada.
 
Ignoro, como cualquier otro mortal que pueble Tamaulipas, hasta dónde pueda llegar esta guerra ajena a la sociedad, aunque sí me queda en claro que sin la presencia castrense difícilmente habría otra opción para enfrentar el flagelo.
 
Usted seguramente ha vivido en carne propia, escuchado pláticas de amigos y/o familiares; se ha enterado al través de los medios de comunicación masiva –impresos, audiovisuales o electrónicos--, o quizá por rumores, acerca de esta patética situación, que los más optamos en callar porque estamos convencidos de que en boca cerrada no entran moscas.
 
Y le doy la razón. Pero también creo pertinente reconocer que los militares, fieles a su misión –consagrada en el primer artículo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos--, hoy están en la calle para defender la integridad, la independencia y la soberanía del país, así como para garantizar la seguridad interior que tanto es agraviada por grupos delictivos.
 
Surge la referencia porque ayer, precisamente, el gobernador Eugenio Hernández Flores sostuvo en la Ciudad de México un encuentro con el general Guillermo Galván Galván –titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa)--, donde ambos refrendaron el compromiso de redoblar esfuerzos y recursos humanos y materiales en la lucha que se libra contra la delincuencia organizada en territorio tamaulipeco.
 
Mandatario incisivo
No es ésta la primera ocasión en que el jefe del Ejecutivo estatal pide apoyo al Gobierno Federal para que en Tamaulipas haya mayor y mejor presencia militar, pues él sabe que sin la ayuda castrense sería más dificultoso resolver el problema.
 
Antes, como bien lo consignan los archivos periodísticos, solicitó esa ayuda al señor de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa; y en su oportunidad al secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont Urueta.
 
De ahí su reconocimiento a las fuerzas armadas, en este sentido:
 
“En la lucha contra la delincuencia organizada, el Ejército Mexicano ha sido y es un gran baluarte que la sociedad tamaulipeca reconoce y respeta por velar por la tranquilidad y seguridad de sus bienes e integridad física”.
 
También reiteró su beneplácito por  los operativos emprendidos por el Ejército Mexicano y la Armada de México con decomiso de armas, drogas y recursos financieros de los grupos criminales, ya que, dijo, “este esfuerzo tiene como propósito fundamental recuperar el orden y la paz; y lograr que la tranquilidad regrese a las familias tamaulipecas”, recordando que los operativos de la SeDeNa --con la participación de las diversas corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno--, han concluido en severos golpes a quienes pretenden desestabilizar el Estado de Derecho en Tamaulipas.
 
Y refrendó: “el balance que se tiene hasta la fecha en Tamaulipas, a partir de la suma de esfuerzos por parte de las fuerzas armadas de México, es más que fructífero”.
 
Eventos estériles
La actitud que Eugenio Hernández Flores asume ante la problemática que hoy más preocupa a la sociedad civil –y habla de su sensatez y prudencia, tanto de su madurez administrativa y oficio político--, me lleva a suponer que está dispuesto a cancelar eventos ociosos y estériles, a menos donde se presume su participación, como la cabalgata fronteriza y el recorrido de 500 kilómetros en cuatrimotos.
 
 Por tanto, no le extrañe a Usted si en lo sucesivo el Gobernador privilegia encuentros acerca de la seguridad pública del estado y desdeña involucrarse en otros que nada tienen qué ver con este tema.
 
Excesos de los gringos
La Drug Enforcement Administration (DEA), otra vez, pretende imponer en México sus propias reglas.
 
Esto en cuanto al combate al narcotráfico se refiere.
 
Y en esta ocasión, igual que siempre –aunque jamás se ha cumplido a cabalidad ese proyecto--, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, está obligado a no caer en el garlito y dejar en claro que la lucha contra el tráfico de drogas, aquí en nuestro país, va en serio, aun sin la tutelaje de la DEA.
 
Los acontecimientos más recientes, ocurridos en tierra cueruda, donde el Ejército Mexicano ha sido más eficaz en los operativos que inicialmente llevó a cabo la Policía Federal Preventiva (PFP), que comanda Genaro García Luna, así lo demuestran, puesto que no llevaron en sus filas a ningún agente de la DEA de la Unión Americana.
 
Quizá por ello el zar antidrogas estadounidense insista en la extradición de capos –porque sólo así, ha dicho, se lograría el desmantelamiento de los cárteles--; en que se permita a los agentes encubiertos de la DEA andar armados en todo el territorio nacional; en ser la Unión Americana quien defina las directrices para el fortalecimiento de la lucha bilateral contra el narcotráfico; y en que mensualmente la PGR informe a la DEA sobre el avance de sus investigaciones.
 
Intromisión
En las últimas fechas el gobierno del Tío Sam ha presionado a las autoridades de la Procuraduría General de la República, con el cuento de la certificación, que, en el fondo, sólo contempla beneficiar a la Drug Enforcement Administration, o la legal incursión en México de sus agentes federales.
 
Así:
 
Logrando el beneplácito del régimen federal para duplicar su número de agentes que operan a lo largo y ancho del país; y
 
Hacer que sus agentes encubiertos porten armas y se muevan con toda impunidad en nuestra tierra, sin que los acompañe ningún efectivo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Por ello ofrezco un recuento de las actividades de la DEA en México, hasta donde me han informado:
 
Actualmente operan 52 efectivos, distribuidos en Sonora (cinco agentes), Sinaloa (cinco agentes), Jalisco (cinco agentes), Nuevo León (cinco agentes administrativos), Distrito Federal (17 agentes y 12 técnicos administrativos), y Mérida (cinco agentes);
 
 Les está permitido el desarrollo e intercambio de información, apoyo técnico y capacitación;
 
Su estadía es temporal; se les otorga visa por 18 meses y tienen opción a la prórroga;
 
 Se les privilegia con impunidad diplomática; y
 
Tienen las siguientes limitaciones: 1) La Embajada de los Estados Unidos en México está obligada a emitir un informe mensual sobre las actividades de la DEA, que debe entregarse al gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER); 2) No pueden portar armas en territorio nacional; y 3) En sus actividades siempre deben estar acompañados de un efectivo de la AFI.
 
No obstante, la DEA tiene como objetivos lograr inmunidad para que sus agentes operen en todo el territorio nacional sin la necesidad de un acompañante; la portación de armas de fuego de todos los calibres; duplicar el número de sus elementos en México; permiso para aprehender delincuentes en nuestras tierras; y el acceso a los archivos de la AFI, la PFP y de otras corporaciones policíacas.
 
Reconciliación
Según un alto funcionario de la PGR, la DEA demuestra confianza y nivel de cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
 
Cosa que podría ser tan falsa como las múltiples promesas de Felipe Calderón Hinojosa, ya que las relaciones entre ambas instituciones son harto ríspidas.
 
Esto lo sabemos aquí y también lo saben allende el río Bravo, donde el zar antidrogas ha vociferado que la corrupción es aún un gran obstáculo para combatir el narcotráfico en México.
Por tanto, nada bueno se puede esperar de los vecinos del norte.
 
E-m@il
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