Rechazan que haya retraso en justicia penal de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El paso del sistema penal en México del inquisitivo al acusatorio, no arrancó al revés, ni presenta inconsistencia, se le dio un plazo de ocho años para implementarlo y hay avances considerables, dijo Armando Villanueva Mendoza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT).

Explicó que la oralidad, se está dando de manera oportuna en los procesos de transformación, aunque hay estados que han avanzado con celeridad, sin embargo reconoció que Tamaulipas, por ser un estado muy diverso en su territorio, por la gran cantidad de ciudades importantes, le implica generar un buen número de juzgados.

“Esto requiere de mucha infraestructura”, dijo tras señalar que hay una comisión encargada de gestionar los recursos, porque del poder judicial no se destina dinero para infraestructura, solo para capacitación de personal.

El Magistrado señaló que Tamaulipas ya cuenta con un nuevo Código Procesal que implementa la figura de oralidad en el proceso penal y que entrará en vigor a partir del primero de julio.

“En sus transitorios refiere la obligación de Poder Judicial de designar jueces el primero de junio, nosotros tendríamos que designar al primer Tribunal de Justicia Oral, son tres jueces para esa fecha, si es que las cosas no cambian”, aclaró.

Adelantó que ahora se prevé además un Código Penal Único, que sea aplicable a nivel local y federal, porque así lo instruyó el gobierno federal desde su arranque.

Admitió que Tamaulipas en estos momentos, a pesar de la necesidad de infraestructura no tiene recursos pero hay confianza en que serán gestionados.

“Tenemos una implementación progresiva, entra la primera sede y en la medida que el Congreso emita declaratorias para generar competencias en justicia oral en los otros distritos judiciales, como Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y el Mante”, resaltó.

Precisó que el apoyo federal debe gestionarse porque el recurso se requiere, no solo Tamaulipas, sino muchos estados lo requieren para implementar la reforma y deberán ser asignados.


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