Ley General de Victimas inoperante

Ley General de Víctimas recientemente promulgada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto es una norma legal porque paso todas las etapas del proceso legislativo, pero es inconstitucional, misma que resultará inoperante para proteger y salvaguardar las víctimas de algún delito y familiares de estas.

Al efecto de prisa, el Presidente de la República cumplió su palabra al poeta Javier Sicilia, promulgando tal cual la citada legislación, capitalizando políticamente el desistimiento de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Felipe Calderón ante la Suprema Corte, aun cuando contuviera vicios de inconstitucionalidad e inviabilidad financiera.

De ahí que el presidente Peña Nieto reconoce que el citado ordenamiento jurídico es perfectible. De lo que se deduce que el gobierno actuó con prisa solo para complacer un capricho al poeta rebelde líder del movimiento paz y justicia.

¿Por qué decimos que esta nueva legislación es inconstitucional? porque el Congreso de la Unión no tiene facultades para emitir una Ley general que obligue a los Estados y municipios en esta materia. En otras palabras el congreso no tiene atribuciones para obligar a estados y Municipios en materia de protección de víctimas del delito.

Así pues, en lugar aprobar primeramente una reforma constitucional que facultara al propio congreso otorgándole atribuciones  para obligar a las entidades federativas y ayuntamientos en materias de victimas se fueron por la fácil aprobando solo la ley.

Por tanto los delincuentes victimarios que hayan ofendido u causado menoscabo a sus víctimas, podrán  eludir el pago de la reparación del daño, promoviendo un juicio de amparo para hacer nugatorios los derechos  a las víctimas, todo ello  como consecuencia de una ley inconstitucional. Al Hacer jurisprudencia La SCJN adiós ley de víctimas.

En cuanto una autoridad estatal o municipal que haya violado derechos humanos a los que quieran cobrar la reparación del daño, para no hacerlo les bastaría interponer una controversia constitucional ante la SCJN, que sin lugar a dudas traería como resultado el desaparecer la Ley de Victimas.

Por otra parte la Ley General de Víctimas no estableció las bases presupuestales ni reglas de subsidiaridad, ni los mecanismos  para que el estado Pague a la Victima  por el daño provocado por el delincuente, ni tampoco reconoce el derecho de las a las víctimas  a reclamar la reparación del daño anteriores a la entrad de la vigencia de la ley.

De igual manera tampoco se previeron reglas de subrogación, en aquellos casos en que el Estado haya pagado a la víctima cierta cantidad de dinero por el daño que le causó un delito y posteriormente encuentra al delincuente y este tiene recursos económicos de acuerdo con la Ley de Victimas ya no podrá recuperar el dinero que pagó a la víctima.

Cabe también decir que a los constructores de la Ley de Víctimas que entrara en vigor el nueve de marzo del presente año, también se les pasó hacer la distinción entre daños causados por un delito  y los causados por violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado con la promulgación de dicha Ley, más allá de la inconstitucionalidad y del oportunismo político en su publicación, lo importante es que se dio un primer paso para la pacificación del país.

En definitiva la Ley de Víctimas es un catálogo de buenas intenciones para proteger, indemnizar y asegurar el derecho de las víctimas y de sus familias, debido a su vulnerabilidad debido a que esta tachada de inconstitucionalidad e inoperatividad. En los hechos es una ley que nació muerta, que podría transformarse en una pesadilla.

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