Municipios sin cumplir derechos laborales

1.- México ha sido siempre el país de las simulaciones y no se ve a la vista la intensión de modificar esta modalidad. Los salarios mínimos, prácticamente congelados, es un simulacro con fines perversos que afectan la seguridad económica del trabajador en condiciones de jubilación o liquidación. La aplicación de esta “unidad salarial” va más allá de ser una “medida” para calificar sanciones al cometer alguna infracción.
 
Los salarios “enanos” son la base con la que el patrón puede contratar a un empleado, al que le asigna una compensación, pero si el trabajador por azares del destino quedara inhabilitado o fuera despedido, la pensión será la mínima fijada por el IMSS o cuando mucho dos salarios mínimos en un pleito laboral.
 
Lo peor del caso es que el trabajador la mayor parte de las veces carece de recursos para pagar un abogado o asesor y al no haber litigio, viene aceptando la cantidad que le fije el patrón.
 
Cierto, esta es una forma de proteger a los empresarios para que sobrevivan, porque el argumento es que el negocio, no da para más; y es el caso de algunas pequeñas o medianas empresas, que efectivamente al liquidar a trabajadores los puede llevar a la quiebra, pero otros, los más, se cuelgan de este pretexto para no cumplir a cabalidad su responsabilidad.
 
La figura patronal en muchos de los casos, no asegura al trabajador y este acepta esa condición porque es la única manera de tener un empleo. El problema no es tanto pagar la cuota del IMSS, sino que con ello, viene aparejado el pago del INFONAVIT y ese si es mucho más fuerte e impagable para los pequeños negocios.
 
El gobierno obliga a la iniciativa privada a pagar Seguro Social e INFONAVIT, pero, ¿Que ocurre en los gobiernos municipales y de los estados de la República, cuando hay que afrontar esos mismos derechos laborales?
 
2.- En el caso de Tamaulipas en tiempos del Dr. Emilio Martínez Manautou se creó la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (UPYSSET) mediante el Decreto 437, del 10 de diciembre de 1986, el cual ha sufrido varias reformas en los años: 1992, 1994, 2006 y la más reciente en diciembre de 2004.
 
Con esta Ley, que indudablemente tiene muchas ventajas para la burocracia, no se ha logrado cumplir del todo el tema de vivienda, si bien estipula que otorgará préstamos hipotecarios para la adquisición de éstas, así como para su construcción, ampliación o mejoramiento de las mismas.
 
Los beneficios en materia de vivienda son aprovechados principalmente por los servidores públicos que tienen puestos bien remunerados, no así para el personal secretarial y de nivel similar, mucho menos si este es de nuevo ingreso. En este renglón habría que realizar reformas para beneficiar a los trabajadores que perciben menos ingresos.
  En cuanto a las administraciones municipales, esas están peor, porque sus trabajadores no tienen acceso a créditos para vivienda,  aunque la inmensa mayoría es una burocracia flotante que figura en un trienio si y en otro no, producto del estilo y compromisos de cada alcalde; independientemente de eso, hay una base sindicalizada a la que no se le ha hecho justicia, considerando lo mínimo que establece la ley laboral; sin derecho a préstamos para vivienda y con atención médica que deja mucho que desear, algunos han dejado sus mejores años en el servicio público. Y no nos referimos a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, sino a los 2,445 del país.