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Sección: Nacional / El Mundo
Marcaron 2012 protestas y crisis de poderes en Costa Rica
La presidenta Laura Chinchilla ha reiterado la necesidad de analizar la institucionalidad democrática del país tras admitir que el Estado no responde eficientemente a las expectativas de la población
19/12/2012 | Actualizada a las 15:24h
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San José, (Notimex).- Protestas por
temas como el apoyo al seguro social o el rechazo a un aumento en el costo de
los permisos de circulación vehicular, sumadas a una breve crisis entre dos
poderes del Estado, marcaron el año político 2012 en Costa Rica.
Al respecto, la presidenta Laura Chinchilla ha reiterado
la necesidad de analizar la institucionalidad democrática del país tras admitir
que el Estado no responde eficientemente a las expectativas de la población.
Varias manifestaciones fueron organizadas para apoyar a
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en crisis financiera y
organizativa desde el año pasado, o para protestar contra el contenido de una
ley referida al fotocopiado educativo de libros.
Igualmente, para rechazar el aumento aplicado para el año
próximo a los permisos de circulación vehicular, en particular en el rubro de
motocicletas, que en algunos casos llegó a ser superior al valor de las
unidades.
En estos tres casos, lo que se programó como
manifestaciones pacíficas derivó en actos de violencia, en intervención
policial, y en choques entre manifestantes y efectivos de seguridad.
Mientras el gobierno condenó esos hechos, calificándolos
de ajenos a la idiosincrasia costarricense, los organizadores aseguraron que
fueron infiltrados por provocadores.
En el marco de una huelga de trabajadores portuarios a
mediados de año en la provincia de Limón, Chinchilla aseguró que "la mejor
manera de defender instituciones es con más trabajo y no con huelgas".
La mandataria advirtió: "estamos atrapados en una dinámica
que, lejos de acercarnos a las soluciones, nos aleja de ellas y nos conduce a
una pérdida de legitimidad de nuestras instituciones y a un deterioro de
nuestra seguridad jurídica".
Poco más de cinco meses después, los poderes Legislativo
y Judicial chocaron en torno a la no reelección por mayoría parlamentaria de un
magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El jefe de la fracción parlamentaria del gobernante
Partido Liberación Nacional (PLN), Fabio Molina, dijo que se enviaba así un
mensaje a la Sala IV, tribunal que mediante fallos sobre proyectos de ley solía
exceder sus facultades.
Más que la votación opuesta a la reelección del
magistrado Fernando Cruz, lo afirmado por Molina generó el rechazo unánime de
los magistrados de la CSJ, hizo chocar a ambos poderes del Estado, y
desencadenó una crisis institucional que duró 12 días.
La crisis cerró cuando Chinchilla y los presidentes de la
Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), Víctor Emilio Granados, y de la
CSJ, Luis Paulino Mora, se reunieron el 27 de noviembre en la Casa
Presidencial.
Los tres líderes se comprometieron a conducir un diálogo
tripartito para promover reformas institucionales que permitan mejorar la
calidad de la democracia en Costa Rica y reafirmaron el respeto a la independencia
del Poder Judicial.
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