El triunfo del Partido Demócrata en la elección para renovar la tercera parte del Senado y la Cámara de Representantes, de confirmarse en los resultados oficiales, significaría un revés para el presidente Donald John Trump en la segunda mitad de su mandato, porque estaría obligado a modificar su estrategia política y económica.

Para la relación bilateral y los intereses de México, un nuevo Congreso estadounidense controlado por el Partido Demócrata no podría clasificarse simplemente como bueno o malo, sino que representaría un cambio profundo de prioridades, con ventajas estratégicas y desafíos regulatorios importantes.

Algunos analistas en relaciones internacionales dividen tal impacto en dos vertientes:

1) Como ventajas, estiman un freno a medidas unilaterales extremas, porque un Congreso demócrata actuaría como contrapeso institucional frente a las propuestas republicanas más radicales, como las amenazas de intervenciones militares unilaterales contra los cárteles en nuestro territorio o la designación de estos como organizaciones terroristas extranjeras.

Tradicionalmente, los congresos liderados por el Partido Demócrata en Estados Unidos no han adoptado una postura de enemistad abierta o de “estar en contra” de México, sino que han optado por ejercer dinámicas de presión institucional, fiscalización estricta y fricciones en temas comerciales, laborales, ambientales y migratorios.

En cuanto a la corresponsabilidad en seguridad, en lugar de centrarse únicamente en el despliegue militar y la construcción de muros fronterizos, los demócratas tienden a reconocer públicamente que el consumo interno de drogas en su país, así como el tráfico ilegal de armas hacia el sur, son factores clave en la crisis de seguridad de la región.

Habría, igualmente, mayor certidumbre institucional y diplomática, puesto que los legisladores demócratas suelen preferir la resolución de los diferendos a través de canales diplomáticos tradicionales, comisiones bilaterales y mecanismos establecidos en tratados internacionales, evitando la diplomacia de confrontación o las amenazas imprevistas de aranceles masivos.

2) Sobre los desafíos, advierten que habría un escrutinio estricto del tratado comercial (T-MEC), ya que los demócratas mantienen un vínculo histórico muy estrecho con los sindicatos estadounidenses.

Por ello, ejercen una supervisión sumamente rigurosa y activa sobre México en materia de derechos laborales, libertad sindical, salarios mínimos y cumplimiento de regulaciones ambientales en las fábricas mexicanas.

También los congresistas demócratas suelen presionar con firmeza si consideran que las decisiones soberanas de México, como las reformas al Poder Judicial, las políticas energéticas o la autonomía de los reguladores económicos, vulneran la certeza jurídica de las empresas estadounidenses o afectan los compromisos de transición hacia energías limpias.

Sin embargo, se prevé la continuidad de la presión migratoria y de las exigencias sobre el combate al fentanilo.

Para México, entonces, un Congreso demócrata podría ofrecer una mayor estabilidad institucional y un trato diplomático más previsible, pero, a cambio, exigiría un cumplimiento exhaustivo, minucioso y auditable de las reglas del juego comerciales, ambientales y laborales.

Así ha quedado demostrado históricamente, pues durante la gestión presidencial de Joseph Robinette Biden Jr. hubo fricciones entre México y la Unión Americana en torno al T-MEC, al considerar la parte estadounidense que determinadas políticas energéticas mexicanas vulneraban los compromisos del tratado.

Además, se exigió una aplicación rigurosa de los mecanismos laborales del acuerdo para revisar el cumplimiento de los derechos de libertad sindical dentro de las fábricas de México.

A nivel político, la postura demócrata hacia México no suele traducirse en amenazas de agresión territorial, sino en lo que algunos especialistas denominan “presión regulatoria e institucional”.

Y es que, mientras los republicanos suelen focalizar su presión en la seguridad fronteriza directa y los aranceles, los congresistas demócratas centran buena parte de sus exigencias en la política interna de México, particularmente en el cumplimiento de normas laborales, el respeto al Estado de derecho, la ecología y el control del tráfico de fentanilo.

Los últimos tres presidentes demócratas —William Jefferson Clinton, Barack Hussein Obama II y Joe Biden— no adoptaron formalmente una postura “enemiga” ni de guerra abierta contra México —como ocurrió en el siglo XIX—, pero sí implementaron políticas migratorias, comerciales y de seguridad restrictivas que generaron tensiones y afectaciones directas para el país y sus ciudadanos.

Los tres también coincidieron en endurecer, en distintos momentos y mediante diferentes medidas, la política migratoria y la vigilancia fronteriza para frenar el paso de personas indocumentadas.

En fin, habrá que esperar los primeros posicionamientos que pronuncien los legisladores demócratas a partir del 3 de enero próximo, cuando tomen posesión de sus cargos, para conocer con mayor claridad cuál será su postura frente a México.

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