Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que senadores y diputados reciban privilegios por ocupar cargos públicos, luego de ser cuestionada sobre una solicitud relacionada con el acceso de legisladores a salas VIP, al considerar que los representantes populares deben mantener condiciones de trato similares a las del resto de la ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue interrogada sobre declaraciones del vicepresidente del Senado de la República, José Carlos Ramírez Marín, respecto a una consulta administrativa relacionada con espacios especiales.

El legislador había señalado, según la pregunta formulada a la presidenta, que únicamente se realizó una consulta y que no consideraba necesario sancionar al asistente responsable de elaborar el oficio.

Sheinbaum Pardo respondió que el asunto principal no era determinar quién envió el documento, sino cuestionar la existencia de beneficios especiales para los funcionarios.

“Los representantes del pueblo no tenemos por qué tener privilegios”, expresó.

La presidenta sostuvo que los cargos públicos no deben utilizarse para obtener accesos preferenciales a espacios o servicios.

También señaló que los legisladores tienen derecho a utilizar sus ingresos personales conforme a sus decisiones, pero consideró que esto es distinto a recibir beneficios por su condición de representantes populares.

“Por supuesto que cada quien gana sus recursos y puede destinarlos en lo que se decida, pero no por pertenecer, no por ser senador o diputado, ya tienes el privilegio de entrar a no sé qué salones”, afirmó.

La mandataria relacionó estas prácticas con esquemas de trato preferencial que, desde su perspectiva, deben eliminarse de las instituciones públicas.

Insistió en que los servidores públicos deben mantener cercanía con la ciudadanía y evitar mecanismos que establezcan diferencias injustificadas.

Sheinbaum también consideró que reconocer errores administrativos puede contribuir a corregir este tipo de situaciones.

Sin embargo, durante su intervención no anunció investigaciones ni sanciones relacionadas con la consulta sobre las salas VIP.

Tampoco precisó si existió autorización efectiva para que legisladores utilizaran esos espacios.

La presidenta centró su respuesta en el principio de que el ejercicio de un cargo público no debe representar beneficios adicionales ajenos a las funciones institucionales.

Finalmente, reiteró que los representantes populares deben trabajar cerca de la ciudadanía y evitar privilegios derivados de su posición política.