Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó investigar la concentración de contratos relacionados con materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que determinadas empresas han mantenido participación en este mercado durante más de 20 años, situación que consideró necesario revisar mediante los mecanismos oficiales de fiscalización.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre denuncias relacionadas con contratos superiores a mil 800 millones de pesos y posibles responsabilidades de funcionarios electorales.

En respuesta, explicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia encargada de revisar el uso de recursos públicos del organismo electoral.

La presidenta sostuvo que las auditorías permitirán determinar si existen irregularidades que deban ser investigadas por otras autoridades.

También consideró necesario revisar la participación de las empresas proveedoras de materiales utilizados en los procesos electorales.

“Ahora, ¿cómo es que un grupo de empresas se apoderó desde hace más de 20 años del material electoral? Eso tiene que investigarse”, expresó.

La afirmación fue presentada como un cuestionamiento sobre la contratación de proveedores, sin que durante la conferencia se identificaran empresas específicas ni se acreditaran conductas ilegales.

Sheinbaum Pardo señaló que el titular de la ASF presentó un informe ante la Cámara de Diputados sobre revisiones relacionadas con el instituto.

De acuerdo con lo expuesto, se contempla examinar operaciones anteriores a 2023 y fortalecer una auditoría iniciada sobre ejercicios posteriores.

La mandataria explicó que, si las revisiones detectan posibles delitos, los elementos correspondientes deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En caso de identificarse faltas administrativas, corresponderá intervenir a las instancias competentes.

La presidenta también defendió la autonomía del INE y sostuvo que cualquier investigación debe desarrollarse conforme a las atribuciones legales de cada institución.

Los señalamientos se producen en un contexto de discusión sobre la fiscalización de los organismos autónomos y la contratación de bienes y servicios para las elecciones.

Hasta el momento de las declaraciones, no se informó sobre conclusiones definitivas de las auditorías ni sobre responsabilidades acreditadas contra proveedores o funcionarios.

La revisión de los contratos deberá establecer si existieron incumplimientos o irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.