Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas analizará reformas para sancionar el envenenamiento de animales domésticos y silvestres, además de obligar a los 43 ayuntamientos a contar con reglamentos de protección animal que contemplen multas para quienes provoquen su muerte mediante alimentos o cebos con sustancias tóxicas, informó la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.

La legisladora explicó que la propuesta será sometida a votación en comisiones este lunes 2 de noviembre y contempla establecer sanciones contra las personas que utilicen sustancias tóxicas para envenenar animales.

Precisó que los montos de las multas y las sanciones administrativas serán determinados por cada Cabildo, de acuerdo con las disposiciones que se incorporen a sus respectivos reglamentos municipales.

Méndez Cepeda señaló que actualmente solo cinco de los 43 municipios de Tamaulipas cuentan con reglamentos de protección animal: Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Madero y Tampico, por lo que 38 ayuntamientos todavía carecen de esta normativa.

Agregó que algunos de los ordenamientos existentes en municipios de la zona sur contemplan únicamente la protección de animales domésticos, por lo que también deberán incorporar disposiciones para las especies silvestres.

De acuerdo con la propuesta, una vez que las reformas entren en vigor, los municipios que ya cuentan con reglamentos tendrán un plazo de 90 días para actualizarlos, mientras que los ayuntamientos que carecen de estas disposiciones dispondrán de 180 días para elaborar y publicar sus respectivos ordenamientos.

La iniciativa también contempla establecer mecanismos para llevar un registro de los atropellamientos de mascotas y fauna silvestre, con el propósito de contar con información sobre estos incidentes y fortalecer la regulación en materia de protección animal.

La diputada sostuvo que la ausencia de reglamentos municipales dificulta identificar y medir la incidencia del maltrato animal, así como establecer disposiciones para atender estos casos.

Aunque indicó que las reformas establecerían obligaciones para todos los ayuntamientos, no precisó qué consecuencias legales o administrativas enfrentarían las autoridades municipales que incumplan los plazos establecidos para expedir o actualizar sus reglamentos.