Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, expuso que los mecanismos de prevención, vigilancia y corrección en la aplicación de los recursos públicos en cada una de las dependencias han permitido cerrar espacios a prácticas equivocadas o contrarias a la ley, garantizando que los presupuestos estatal y federal se apliquen en programas y obras de beneficio social.

“Estas acciones han dado resultados positivos en los procesos de fiscalización. En las cuentas públicas revisadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por las secretarías de la función pública y anticorrupción, se ha determinado un resultado de cero montos observados, lo que valida el correcto ejercicio de los recursos del erario”, subrayó.

Expuso que, al inicio de la presente administración, existía un precedente de más de 17 mil millones de pesos observados e, históricamente, las cuentas públicas registraban observaciones superiores a los mil millones de pesos al ser fiscalizadas. De ahí la importancia de cerrar espacios a prácticas equivocadas en la aplicación de recursos.

La funcionaria indicó que el resultado de todos estos avances es producto del modelo de control implementado, que combina la prevención, vigilancia y corrección, con el propósito de detectar oportunamente posibles irregularidades, corregirlas y evitar que existan espacios para actuaciones fuera de la normativa.

Pedraza Melo refirió que, en materia de rendición de cuentas, el cambio también se refleja en la presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, si se toma en cuenta que, al inicio de la administración, únicamente el 34% cumplía con esta obligación, mientras que actualmente el porcentaje reportado alcanza el 95.87%.

Incluso, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las secretarías del Poder Ejecutivo pasó del 74 al 98%, fortaleciendo los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Finalmente, destacó que lo que se pretende es que la supervisión del gasto público no se limite a reaccionar cuando una irregularidad ya ocurrió, sino que permita anticiparse, vigilar la aplicación de los recursos y corregir desviaciones para asegurar que cada peso ejercido por las instituciones públicas tenga sustento legal y cumpla con el objetivo para el que fue presupuestado.