Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Nueve procedimientos legales fueron puestos en marcha en Tamaulipas por posibles irregularidades en la aplicación de recursos públicos, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluyera la revisión de las cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, explicó que las denuncias fueron presentadas ante las instancias competentes en materia anticorrupción y de justicia administrativa, como parte de las acciones derivadas de las observaciones detectadas durante el proceso de fiscalización.

Los expedientes están relacionados con organismos estatales y municipales cuyos informes financieros no obtuvieron la aprobación del Congreso de Tamaulipas en diciembre de 2025. En aquella revisión legislativa fueron rechazadas 91 cuentas públicas, debido a que se identificaron recursos cuyo destino o aplicación no quedó suficientemente acreditado.

Noriega Orozco señaló que las acciones legales se concretaron alrededor de diez meses después de finalizar los trabajos de auditoría. Sin embargo, se reservó los nombres de las instituciones y de los posibles involucrados, al considerar necesario proteger el desarrollo de las investigaciones.

Al respecto, indicó que “debe respetarse el debido proceso mientras continúan las investigaciones”, por lo que no se proporcionaron detalles que permitan identificar a las personas o entidades relacionadas con los procedimientos.

El titular de la ASE también puntualizó que la gravedad de las observaciones no puede establecerse exclusivamente por el número de señalamientos encontrados durante las auditorías, ya que deben analizarse otros elementos.

En ese sentido, precisó que “la dimensión de las irregularidades no se determina únicamente por la cantidad de observaciones, sino también por los montos y la naturaleza de los incumplimientos”.

Las denuncias buscan que las autoridades correspondientes determinen si existieron responsabilidades administrativas o legales por el manejo de recursos que no fueron comprobados conforme a la normatividad.