Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó en manos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República la posibilidad de revisar las facultades otorgadas a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente en materia de nombramientos de funcionarios y titulares de áreas administrativas.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fue cuestionada sobre las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que ampliaron las atribuciones de quien encabeza el instituto.

La pregunta hizo referencia a la posibilidad de que la presidencia del INE realice determinados nombramientos que anteriormente requerían el respaldo de ocho consejeros electorales.

Al respecto, Sheinbaum consideró que corresponde al Poder Legislativo evaluar si esos cambios deben mantenerse o modificarse.

La presidenta no anunció una iniciativa específica para retirar esas facultades ni estableció un plazo para su revisión.

En cambio, concentró su respuesta en los cuestionamientos sobre las contrataciones de materiales electorales, al señalar que los problemas que identifica en ese ámbito son anteriores a las reformas relacionadas con los nombramientos internos.

Según explicó, los proveedores cuestionados han participado en contratos desde antes de que Guadalupe Taddei Zavala asumiera la presidencia del instituto en 2023.

La mandataria sostuvo que las posibles irregularidades deben examinarse independientemente de quién tenga la facultad de designar a los funcionarios administrativos del organismo.

También mencionó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), al considerar que las contrataciones de materiales deben revisarse tanto en el ámbito federal como en las entidades.

Sheinbaum reiteró que su gobierno continuará analizando el funcionamiento de estos esquemas de contratación.

La eventual modificación de las atribuciones de la presidencia del INE, sin embargo, dependerá de las decisiones que adopten los legisladores y de los procedimientos establecidos en la legislación correspondiente.