Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local Blanca Anzaldúa Nájera defendió la necesidad de establecer mecanismos legales para proteger a los docentes ante casos de violencia, amenazas y agresiones físicas dentro de los planteles educativos, al señalar que estas conductas deben investigarse y sancionarse conforme a la legislación vigente.

La legisladora sostuvo que la problemática no es exclusiva de Tamaulipas y que las autoridades deben garantizar condiciones de seguridad para quienes desempeñan labores educativas, sin dejar de lado el respeto a los derechos de los estudiantes.

Anzaldúa Nájera indicó que en distintas entidades del país se han registrado situaciones que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores de la educación, incluso durante las actividades dentro de las aulas.

“Cada Estado estamos haciendo lo propio para precisamente cuidar y velar por la seguridad de nuestros maestros, porque no está ocurriendo fuera de las aulas”, expresó.

La legisladora explicó que la iniciativa pretende establecer consecuencias legales para las agresiones físicas y otras conductas que sean acreditadas ante las autoridades. Aclaró que las sanciones no podrán determinarse únicamente a partir de señalamientos, sino que será necesario investigar los hechos y comprobar las responsabilidades correspondientes.

También llamó la atención sobre el papel de los padres de familia en la formación de los menores, al advertir que algunas respuestas ante los conflictos escolares pueden fomentar la confrontación en lugar de promover el diálogo y la búsqueda de soluciones.

“Anteriormente en las casas nos decían: ‘Si alguien te pega, le vas a decir a la maestra qué está ocurriendo’. Ahora dicen: ‘Si te pegan, regrésasela’”, comentó.

Respecto a las consecuencias legales, señaló que estas dependerán de la edad de las personas involucradas y de las disposiciones aplicables. En el caso de adolescentes, mencionó la intervención de las instituciones especializadas en justicia para menores, mientras que los adultos podrían enfrentar sanciones más severas, incluida la prisión cuando los hechos y la ley lo establezcan.

Anzaldúa Nájera puntualizó que defender a los docentes no significa eximirlos de responsabilidad cuando incurran en conductas indebidas. Por ello, afirmó que las denuncias contra maestros también deben investigarse y atenderse conforme a los procedimientos correspondientes.

“Porque a nuestros niños les estamos enseñando desde pequeños. Entonces aquí necesitamos no solamente de la autoridad, aquí necesitamos de los padres de familia, porque reitero, la escuela no solamente educa, también forma, pero el hogar es la primera escuela”, concluyó.

La diputada insistió en que la prevención de la violencia escolar requiere la participación de las autoridades educativas, las familias y las instituciones responsables de aplicar la ley.