Cd. Victoria, Tam.- Historia conocida. El extitular de Desarrollo Económico estatal, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, arribó a la administración cabezona a finales de su segundo año, en septiembre de 2018, en reemplazo del ingeniero CARLOS TALANCÓN OSTOS.

Este último, respetado experto en recursos humanos dentro de la industria transnacional, duró menos de 23 meses en el cargo antes de retornar al sector privado, del que provenía. Había llegado, junto con el régimen, el primero de octubre de 2016.

El tema de TALANCÓN fue un caso, entre varios, de colaboradores que prefirieron abandonar el barco antes de involucrarse a fondo con los negocios del régimen. Sabia decisión, gracias a la cual salieron bien librados.

No así su relevo, GARCÍA GONZÁLEZ, quien permaneció en el cargo hasta el último día del sexenio y se fue sin rendir cuentas ni cumplir con el proceso de entrega-recepción.

Este último, de perfil más político que su antecesor, fue dos veces diputado del PAN por su natal Matamoros. Más cercano en estilo al grupo que gobernó entre 2016 y 2022.

Ya bajo la administración de AMÉRICO VILLARREAL, la titular del ramo, NINFA CANTÚ DEÁNDAR, denunció en fecha muy temprana la detección de un daño patrimonial por 32 millones de pesos, por anomalías en contratos de servicios profesionales sin evidencia de ejecución.

ORDEN DE ARRIBA

Y también irregularidades en el Fondo Tamaulipas, como créditos sin respaldo legal, cartera vencida superior a 100 millones de pesos, más intereses moratorios, y gastos excesivos en viajes internacionales.

Sobre esto último, a manera de ejemplo, se menciona un viaje a Italia con gastos cubiertos con recursos oficiales, así como posibles delitos de corrupción y ejercicio indebido del servicio público.

Se menciona, asimismo, un contrato a un despacho jurídico por servicios de promotoría, gestoría y representación, por la vía de la adjudicación directa, cuando la ley marcaba al menos una licitación pública o bien una invitación a tres postores.

Quienes observaron de cerca el proceso dijeron desde un principio que el pecado de CARLOS ALBERTO fue obedecer órdenes, ahí donde otras personas prefieren renunciar en vez de complacer a su jefe.

Lo cual nos permite recordar el caso del arquitecto PEDRO HERNÁNDEZ CARRIZALES, extitular de Sedesol estatal, acusado de irregularidades muy visibles en la carretera Rumbo Nuevo (Derrumbe Nuevo), la también llamada “Juan Capitán–Chihue”, y capturado en noviembre del 2000 en el aeropuerto de Mérida, Yucatán.

Tras su detención, mientras era conducido a prisión por los agentes ministeriales, respondió a los cuestionamientos de la prensa repitiendo una frase harto significativa: “No me mandaba solo, no me mandaba solo…”.

AQUÍ Y ALLÁ

Lo mismo podría decir CARLOS GARCÍA, pues tampoco se “mandaba solo”. Caso, por cierto, muy semejante al de la extitular de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, en el mismo régimen cabezón, quien fue noticia en septiembre pasado cuando subió un video de tres minutos a YouTube (https://x.gd/xGg6b) con un alegato muy similar.

Frente a la cámara, confesó haber recibido órdenes del exgobernador “para facilitar contratos de obra y servicios a las empresas del grupo industrial PERMART y (del grupo) JOSER, por compromisos económicos y políticos; empresas vinculadas al señor CARMONA”.

Lo comenté a mediados del mes pasado, al destacar las palabras de la doctora MOLINA:

—“Decido hablar públicamente porque enfrento denuncias penales y deseo hacer pública la forma en que realmente se tomaron estas decisiones” (columna Interiores, “Golpe interno, inesperado”, martes 15 de septiembre de 2026, https://x.gd/QmEA5).

Fue muy clara y precisa la extitular de Salud al decir en su videomensaje:

—“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”.

TIROS DE PRECISIÓN

Lo cual aplica perfectamente al caso paralelo de irregularidades en Desarrollo Económico (la hoy llamada Secretaría de Economía), cuyo extitular, GARCÍA GONZÁLEZ, atribuyó a su jefe la responsabilidad de los hechos por los que enfrenta hoy procesos penales.

Narra que, desde su llegada al cargo, fue citado a la oficina del gobernador y se le indicó que no tendría atribuciones para seleccionar proveedores, ni adjudicar contratos, ni determinar montos, ni autorizar o ejecutar pagos.

Aludiendo, de nuevo (como en el caso de Salud), a la necesidad de esclarecer la cadena de mando, sobre la cual fue muy elocuente al demandar que la investigación aclare con la precisión debida: “quién instruyó, quién decidió, quién adjudicó, quién autorizó y sobre todo quién ejecutó los pagos”, para deslindar responsabilidades.

Y, en efecto, ni CARLOS ni GLORIA se mandaban solos. Se sabe que las órdenes fueron siempre tajantes; de aquí la necesidad de señalar a quiénes beneficiaron, con qué contratos de obras o proveedurías de bienes y servicios, en qué términos, porcentajes y ganancias.

En circunstancias así, la pregunta siempre será: ¿por qué hasta ahora?, ¿por qué tardaron tanto?...

Queda la enseñanza, pues: ante acusaciones de ese tamaño, el primer deslinde debió ser de los directamente involucrados, señalando desde un principio al autor intelectual. Se habrían evitado muchos problemas.

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