Ciudad de México.- Los usuarios de telefonía móvil podrían cancelar sus planes sin pagar penalizaciones económicas, incluso cuando tengan un celular financiado, mediante una iniciativa presentada en el Senado de la República que busca frenar cobros considerados abusivos por parte de las compañías telefónicas.

La propuesta, impulsada por el senador de Morena, Aníbal Ostoa Ortega, plantea que, cuando un usuario decida terminar anticipadamente su contrato, únicamente esté obligado a cubrir el saldo pendiente del equipo adquirido a crédito, sin cargos adicionales por cancelar el servicio.

De acuerdo con el legislador, la reforma podría beneficiar a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México.

Prohibirían multas por cambiar de compañía

La iniciativa contempla modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de impedir que las empresas impongan penalizaciones por la terminación anticipada de contratos.

El senador sostuvo que los consumidores deben tener libertad para cambiar de proveedor sin enfrentar sanciones económicas por dejar de utilizar un servicio.

“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, indicó.

Ostoa Ortega explicó que la propuesta distingue entre el pago del servicio telefónico y la deuda correspondiente a un dispositivo financiado.

“Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que los usuarios que hayan adquirido un teléfono mediante financiamiento deberán liquidar únicamente la cantidad que todavía adeuden por el aparato.

También buscan eliminar fianzas y depósitos

La reforma pretende prohibir que las compañías condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía u otros respaldos económicos anticipados.

El legislador cuestionó que estas condiciones obliguen a los consumidores a asumir gastos adicionales antes de recibir el servicio.

“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, recalcó.

Según el senador, incorporar estas prohibiciones en las disposiciones de telecomunicaciones y protección al consumidor permitiría establecer reglas más claras para las empresas y fortalecer los derechos de los usuarios.

La propuesta todavía no es ley

La iniciativa fue presentada durante la sesión del 21 de octubre de 2026 y turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos para su análisis.

Por lo tanto, las penalizaciones no han sido eliminadas mediante esta propuesta, ya que las modificaciones deberán pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.

De aprobarse, las empresas de telefonía móvil tendrían que ajustar sus contratos para permitir la cancelación anticipada sin multas, respetando únicamente los adeudos pendientes por equipos financiados.