UNO.- La búsqueda de Enrique Rivas Cuéllar y las gestiones para lograr la extradición de Francisco García Cabeza de Vaca ponen desde ahora, y ante los ojos de los tamaulipecos, a prueba la capacidad de las autoridades para llevar ante los tribunales casos de presunta corrupción. Ojalá ahora sí los anuncios se conviertan en resultados, siempre dentro del marco de la ley.

Hay que precisar que la justicia no puede depender del cargo que se haya ocupado, del partido al que se pertenezca ni del lugar donde se encuentre una persona requerida por las autoridades. Bajo ese principio, la actuación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas merece un voto de confianza, pero también el seguimiento puntual de una sociedad que tiene derecho a conocer los avances de las investigaciones y exigir que la ley se aplique sin distingos ni excepciones.

La búsqueda del exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, y las gestiones relacionadas con Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, colocan nuevamente en la agenda pública un asunto fundamental: la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las resoluciones judiciales cuando los investigados son figuras que ocuparon posiciones relevantes en el poder. Uno fue alcalde de Nuevo Laredo y el otro gobernador por el PAN, hay que decirlo.

El fiscal anticorrupción, Andrés Norberto García Repper Fávila, confirmó que existe una orden de aprehensión vigente contra Rivas Cuéllar y que se trabaja para solicitar la colaboración de las autoridades estadounidenses. También informó sobre las gestiones que, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, se realizan en torno a la extradición de Cabeza de Vaca. Insisto, ojalá ahora sí surtan efecto.

Son dos casos distintos, con expedientes, señalamientos y procedimientos propios, pero ambos plantean una exigencia común: que las instituciones responsables actúen con eficacia, sustenten sus actuaciones en pruebas y lleven los procedimientos hasta donde lo amerita la ley.

En el caso del exalcalde de Nuevo Laredo, los señalamientos se relacionan con presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades durante su administración municipal. La Fiscalía sostiene que la orden de aprehensión continúa vigente y ha anunciado gestiones para facilitar su localización fuera del país.

Aquí conviene hacer una distinción jurídica indispensable. La existencia de una orden de aprehensión representa un instrumento judicial para que una persona sea puesta a disposición de la autoridad competente; no equivale, por sí misma, a una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal debe determinarse mediante el procedimiento correspondiente, con respeto al derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

El caso de Francisco García Cabeza de Vaca presenta una dimensión adicional por la complejidad de los procedimientos de cooperación judicial entre México y Estados Unidos. La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que trabaja con la FGR en las gestiones correspondientes, pero es importante distinguir entre los trámites preparatorios, una solicitud formal de extradición y la resolución que, en su momento, adopten las autoridades del país requerido.

Ahora bien, la extradición no es una decisión que pueda darse por consumada mediante una declaración pública. Es un procedimiento de carácter jurídico y diplomático sujeto a requisitos legales, revisión de las autoridades competentes y, en su caso, a las determinaciones judiciales que correspondan en ambos países.

Existen investigaciones abiertas contra integrantes de anteriores administraciones estatales. El fiscal ha señalado que hay diversas indagatorias, algunas de ellas judicializadas, y que los expedientes deben consolidarse para determinar posibles responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.

La investigación de presuntas irregularidades en el ejercicio del poder público exige rigor. Si existen elementos que involucren a otros funcionarios, las autoridades deben seguir las líneas de investigación correspondientes, reunir pruebas y presentar los casos ante los tribunales.

Las responsabilidades no se establecen por jerarquía política ni por asociación, sino a partir de conductas concretas y evidencias legalmente obtenidas. La sociedad quiere hechos y resultados, menos discurso y más resultados. Veremos.

DOS.- La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, rindió su informe de actividades, en donde destacó las acciones de lo que llamó la nueva justicia en Tamaulipas y que resumió en resultados históricos, pero con el reto de consolidar la confianza ciudadana.

Vale la pena resaltar que, con más de 70 mil asuntos resueltos en su primer año, el Poder Judicial de Tamaulipas rompe su propio récord y avanza en inclusión, transparencia y evaluación judicial. El desafío ahora será convertir estos resultados en una justicia más cercana, accesible y confiable para todos.

Hay que decirlo, la justicia no se mide únicamente en expedientes concluidos, sino en la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, y como sucede en el Poder Judicial de Tamaulipas, cuando los resultados alcanzan niveles históricos y se acompañan de cambios orientados a modernizar el servicio público, las cifras se convierten en una señal relevante de transformación. Esto merece un reconocimiento al trabajo de la exconsejera jurídica y hoy titular del PJT.

Los resultados colocan a la entidad en una posición destacada en materia de impartición de justicia, y eso se constata en el balance que presenta Tania al frente del Poder Judicial de Tamaulipas al cumplir su primer año de trabajo.

El dato central es contundente: más de 70 mil asuntos resueltos, una cifra que supera en más de 11 mil el máximo histórico de 59 mil registrado en 2023. Se trata de un incremento significativo en la capacidad de respuesta de la institución, con el potencial de beneficiar a miles de personas que esperan una solución a sus controversias.

Uno de los avances más relevantes es la implementación del primer protocolo estatal del país para facilitar el acceso a la justicia de personas autistas y neurodivergentes. Esta iniciativa coloca a Tamaulipas en una posición de vanguardia y reconoce una realidad que durante mucho tiempo exigió mayor atención institucional: el acceso efectivo a los tribunales requiere considerar las distintas condiciones y necesidades de quienes acuden a ellos.

La inclusión debe traducirse en procedimientos adecuados, atención sensible y condiciones que permitan a todas las personas ejercer sus derechos sin barreras innecesarias.

Por eso, el valor de este protocolo, implementado por instrucción de la magistrada presidenta, estará también en su aplicación cotidiana y en los beneficios que genere para quienes necesitan una atención diferenciada.

Tamaulipas se convirtió en el primer Poder Judicial del país en cumplir integralmente con las acreditaciones en mecanismos alternativos de solución de controversias. Estas herramientas permiten atender determinados conflictos mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, ampliando las opciones disponibles para resolver diferencias sin depender exclusivamente de un proceso judicial tradicional.

En la misma ruta se encuentra el inicio de la evaluación de juezas y jueces, un paso que coloca al estado entre las entidades pioneras en esta materia. La evaluación del desempeño judicial puede contribuir al fortalecimiento institucional, siempre que se desarrolle con criterios claros, objetivos y compatibles con la independencia judicial.

La transparencia también forma parte de esta transformación. Al convertirse en el quinto Poder Judicial del país en transmitir las sesiones públicas de sus Salas Colegiadas, Tamaulipas amplía las posibilidades de que la ciudadanía conozca el trabajo de sus órganos jurisdiccionales.

Abrir estos espacios representa un avance para la rendición de cuentas y para la construcción de una relación más directa entre las instituciones y la sociedad.

El trabajo y la dedicación de la magistrada Tania quedaron resumidos en un buen informe de actividades, sin tanto rollo, simple, sencillo y de buenos resultados, con quienes debían estar.

Desde luego, la coordinación y el trabajo de su equipo se vieron reflejados en este ejercicio, en donde dio cuenta de lo que se puede y se debe hacer por los tamaulipecos, fuera de grillas baratas, porque no hay tiempo que perder y sí mucho por hacer. Veremos.

TRES.- La alianza entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Escuela Normal Federal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” refrenda la importancia del trabajo conjunto para consolidar la formación docente y construir mejores oportunidades para la niñez.

El fortalecimiento de la educación exige mucho más que esfuerzos individuales: requiere instituciones capaces de coordinarse, compartir experiencias y construir estrategias que respondan a las necesidades de la sociedad.

Hay que resaltar que, bajo esta premisa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Escuela Normal Federal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda” establecen de manera oficial una alianza que coloca en el centro la preparación de las futuras docentes y el desarrollo integral de la niñez.

La firma del convenio de colaboración, encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, representa un paso significativo en la consolidación de vínculos entre instituciones públicas comprometidas con la calidad educativa.

Más allá de un acuerdo formal, esta iniciativa refleja la importancia de sumar capacidades, infraestructura y conocimientos para enriquecer la formación profesional de quienes tendrán la responsabilidad de acompañar los primeros años del aprendizaje infantil.

En este esfuerzo, la coordinación entre la Universidad, a través de la Dirección General de Familia UAT, y la Escuela Normal de Educadoras abre nuevas oportunidades para que las estudiantes normalistas complementen su preparación académica mediante prácticas docentes y jornadas de profesionalización en escenarios reales.

Se trata de acercar la teoría a la práctica y de fortalecer las competencias necesarias para responder a los desafíos de la educación preescolar contemporánea.

Los espacios universitarios que participarán en esta colaboración, entre ellos el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA), el CENDI UAT Victoria, el CENDI Empresarial y el Círculo de Desarrollo Infantil del Centro Universitario Victoria, constituyen entornos propicios para que las futuras educadoras amplíen sus conocimientos, experimenten nuevas dinámicas pedagógicas y desarrollen habilidades vinculadas con la atención y el aprendizaje durante la primera infancia.

Uno de los aspectos relevantes de esta alianza es la posibilidad de fortalecer las competencias comunicativas y didácticas relacionadas con la enseñanza del inglés como segunda lengua.

La incorporación de estas herramientas desde las primeras etapas educativas representa una oportunidad para ampliar las experiencias de aprendizaje de la niñez y preparar a las futuras profesionales ante las nuevas exigencias de un entorno cada vez más dinámico. Enhorabuena.