El funcionario señaló que la acumulación de mandamientos judiciales responde a problemas operativos de años anteriores, entre ellos la falta de personal y las dificultades para localizar a las personas requeridas por la justicia.

Cuestionado sobre la posibilidad de que servidores públicos hayan retenido órdenes de aprehensión de manera irregular, respondió: “Yo no diría que se trate de ese tipo de actos de corrupción, aunque tampoco los descarto”.

Govea Orozco reveló que algunas órdenes siguen pendientes pese a que las personas contra quienes fueron giradas ya fallecieron.

Explicó que numerosos expedientes corresponden al antiguo sistema de justicia penal y que algunos están siendo objeto de sobreseimiento, mientras otros avanzan mediante comparecencias y actuaciones judiciales.

El fiscal reconoció que el rezago también está relacionado con las políticas operativas aplicadas por quienes han encabezado las instituciones responsables.

Aseguró que durante este año se trabaja para reducir la acumulación histórica de órdenes de aprehensión, aunque no proporcionó una cifra de mandamientos pendientes ni precisó cuántos han sido ejecutados.

Sostuvo que la Fiscalía buscará impedir que las órdenes actuales se acumulen a las que permanecen sin cumplir desde hace años.