Ciudad de México.- Un cártel mexicano habría intervenido en elecciones municipales, influido en la asignación de contratos de obra pública y ejercido control sobre gobiernos locales de la frontera norte de México, de acuerdo con un documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, difundido por el periódico Excélsior.

Los señalamientos fueron planteados a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reconoció que las autoridades mexicanas no cuentan, hasta donde ha sido informada, con pruebas suficientes para confirmar los presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.

Señalan intervención criminal en gobiernos municipales

El documento estadounidense atribuye a una organización delictiva mexicana capacidad para influir en procesos electorales y decisiones administrativas de municipios fronterizos.

También señala su presunta participación en la asignación de contratos de obra pública.

Durante la conferencia no se precisaron los nombres de los municipios ni de los funcionarios presuntamente involucrados.

Sheinbaum exige pruebas a Estados Unidos

La mandataria explicó que la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, puede imponer sanciones financieras a personas y empresas sospechosas de mantener vínculos con actividades ilícitas.

Sin embargo, aclaró que México únicamente acompaña estas medidas cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecta irregularidades que justifican la inmovilización de cuentas.

“Una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, sostuvo.

Sheinbaum señaló que su gobierno ha solicitado a Estados Unidos compartir las pruebas que sustentan las acusaciones.

México no confirma los presuntos vínculos

La presidenta explicó que, cuando existen elementos suficientes, la UIF debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, indicó que, en este caso, la información disponible en la Secretaría de Hacienda no permite acreditar los presuntos vínculos criminales.

Tampoco confirmó la existencia de investigaciones abiertas en México por una posible intervención del crimen organizado en elecciones o contratos municipales.

La mandataria insistió en que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas para que las autoridades mexicanas puedan proceder legalmente.