Reynosa, Tamaulipas. - El caso de una médica señalada por insultar a una paciente en silla de ruedas en el Hospital General de Reynosa fue turnado al área jurídica de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que determinará las medidas correspondientes.

El director del nosocomio, Néstor García Prugue, informó que el expediente administrativo integra testimonios del personal involucrado, notificaciones, material videográfico y la queja formal de la afectada. La resolución se emitirá una vez que concluya el procedimiento y las instancias competentes revisen los elementos recabados.

El directivo explicó que el proceso contempla garantizar el derecho de audiencia de la trabajadora, a quien se solicitó presentar por escrito su versión de los hechos antes de que se determine si corresponde aplicar alguna medida administrativa.

Precisó que el expediente incluye videos del propio hospital y material difundido en redes sociales, además de los testimonios y documentos relacionados con el incidente.

García Prugue indicó que el acta administrativa se entregará a las autoridades correspondientes una vez que se complete el procedimiento de notificación y se recabe la firma de la médica, quien cubre guardias nocturnas en el nosocomio.

“Yo como director hago lo concerniente, pero al final la resolución final se da allá en Ciudad Victoria”, señaló al referirse a la intervención de las áreas jurídicas y de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud estatal y del IMSS-Bienestar.

Sobre las circunstancias específicas del incidente, el director evitó proporcionar más detalles, al señalar que forman parte del procedimiento administrativo que continúa en curso.

También explicó que la trabajadora ingresó al servicio público de salud durante la etapa del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), en el periodo de la pandemia de Covid-19, y cuenta con una plaza de médica general en el IMSS-Bienestar.

El funcionario lamentó lo ocurrido y reconoció que el personal médico trabaja bajo condiciones de estrés; sin embargo, sostuvo que estas circunstancias no justifican un trato ofensivo hacia los pacientes.

Señaló que quienes acuden a recibir atención médica tienen derecho a ser escuchados y atendidos, por lo que las autoridades deberán revisar los hechos y determinar las acciones que correspondan.

La resolución quedará en manos de las instancias administrativas competentes, una vez que concluya la integración y revisión del expediente.