Ciudad de México.- Los diagnósticos tardíos, la discriminación y las dificultades para recibir atención médica mantienen en condiciones de vulnerabilidad a personas que viven con lupus en México, advirtió la senadora Amalia García Medina, quien llamó a establecer una legislación que garantice atención oportuna, capacitación médica y recursos públicos para investigar esta enfermedad autoinmune. La legisladora sostuvo que el reconocimiento de los derechos de los pacientes debe convertirse en una prioridad del Estado para evitar que continúen enfrentando marginación tanto en sus hogares como en los servicios de salud.

Durante la entrega de los Premios Cetlu 2026, la presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 señaló que uno de los principales problemas es la demora en la identificación del padecimiento, que en numerosos casos puede prolongarse durante años.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) consideró necesario incorporar en la legislación mecanismos de capacitación para médicos de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de mejorar la detección y el tratamiento.

También planteó destinar recursos públicos a la investigación del lupus, una enfermedad que requiere atención especializada y seguimiento médico.

García Medina destacó que los Premios Cetlu reconocen a activistas, especialistas, asociaciones civiles y defensores del derecho a la salud que trabajan para visibilizar las necesidades de esta población.

Por su parte, el diputado Antonio Carreño Sosa, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán, advirtió que el lupus no debe abordarse únicamente desde sus manifestaciones físicas, debido a las consecuencias emocionales, familiares y laborales que puede generar.

“Está en las manos de quienes podemos hacer la diferencia, que esas vidas no terminen en un diagnóstico”, expresó.

El legislador señaló que también se requieren alternativas de acompañamiento para los pacientes y sus familias, así como mejores condiciones para enfrentar las dificultades laborales relacionadas con la enfermedad.

En tanto, Laura Isabel Athié Juárez, presidenta del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus (Cetlu), sostuvo que los esfuerzos de quienes apoyan a los pacientes necesitan respaldo legal para garantizar su continuidad.

Los participantes coincidieron en que una legislación específica podría contribuir a reducir las barreras de atención y fortalecer la protección de los derechos de las personas con lupus.

Sin embargo, durante el encuentro no se informó sobre la presentación formal de una iniciativa ni se estableció una fecha para su eventual discusión legislativa.