Al llegar a una etapa avanzada de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, y con la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, resulta pertinente abrir un ejercicio de evaluación integral del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

Más que entender la evaluación como una revisión administrativa, debe asumirse como una herramienta para identificar qué objetivos están cumpliéndose, cuáles requieren ajustes y dónde todavía existen brechas que pueden atenderse durante la etapa final del sexenio.

El propio Gobierno de Tamaulipas cuenta con instrumentos institucionales para ello. La Secretaría de Finanzas mantiene un Programa Anual de Evaluación (PAE) y lineamientos para evaluar programas presupuestarios mediante criterios de diseño, procesos, consistencia y resultados.

El reto, por tanto, consiste en llevar esta evaluación a una dimensión estratégica: no solamente revisar cuánto se gastó, sino qué impacto produjo el gasto público en el bienestar, la productividad y el desarrollo regional.

En este contexto, sería conveniente convocar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo la conducción del rector Dámaso Anaya Alvarado, para participar en una revisión académica y técnica del Plan. La Universidad posee capacidades especializadas en planeación, evaluación, economía, políticas públicas y desarrollo territorial. Su propia metodología institucional reconoce la importancia de contar con indicadores y mecanismos de evaluación para valorar racionalidad, relevancia, equidad, calidad, eficiencia, eficacia y pertinencia.

Particularmente relevante es el Laboratorio de Estudios Regionales (LabER) de la UAT, integrado por cuerpos académicos dedicados al desarrollo regional, urbano, rural y sustentable, con capacidad para estudiar problemas a escala estatal, regional, municipal y local y generar propuestas para la política pública.

Una evaluación de esta naturaleza debería concentrarse en cinco grandes preguntas: qué metas fueron alcanzadas; cuáles presentan rezagos; qué programas generaron mayores resultados; dónde persisten desigualdades territoriales; y qué objetivos deben fortalecerse antes de 2028.

El cuarto informe ofrece ya una base importante para este ejercicio. Por ejemplo, el documento reporta avances en infraestructura, finanzas públicas, desarrollo económico y servicios; en 2025 registra ingresos propios estatales por más de 12 mil 639 millones de pesos, además de inversiones específicas en proyectos estratégicos.

La propuesta, entonces, no sería sustituir la responsabilidad gubernamental, sino fortalecerla mediante conocimiento académico independiente y evidencia territorial.

Una mesa permanente Gobierno–UAT podría revisar indicadores, presupuestos, resultados y metas, incorporando también la perspectiva de los sectores productivos y sociales.

Para la última etapa de la administración, evaluar debe significar corregir a tiempo, priorizar recursos y elevar las metas alcanzables.

El objetivo sería que el cierre del gobierno llegue acompañado no sólo de un balance de obras y programas, sino de evidencia sobre su impacto real en el desarrollo de Tamaulipas.

La participación de la UAT podría contribuir a convertir esa evaluación en conocimiento útil para las decisiones públicas y en una base técnica para consolidar los resultados previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.